Piden que EE.UU. sancione al país por ignorar fallos del Ciadi
Azurix y Blue Ridge buscan que Washington elimine preferencias arancelarias a productos argentinos
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LA NACIONSilvia Pisani
WASHINGTON.- La Argentina enfrentará la próxima semana en Estados Unidos una nueva embestida de acreedores que demandan el pago de deudas.
Esta vez, el castigo que se procura para el país es comercial y lo promueven dos empresas norteamericanas, Azurix y Blue Ridge. Desde hace años, ambas intentan que se les paguen sentencias en su favor que en su momento dictaminó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) -el tribunal arbitral del Banco Mundial- por "incumplimiento" de contratos.
"Entre sentencias e intereses acumulados, se demandan cerca de 400 millones de dólares", dijeron a LA NACION los promotores del reclamo. La queja se presentó ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, según sus siglas en inglés). Y lo que se pide es que, como castigo por su incumplimiento, la Argentina sea "expulsada" del Sistema General de Preferencias, un beneficio comercial que, según se indicó a LA NACION, ahorra no menos de 40 millones de dólares anuales en aranceles a productores argentinos que colocan bienes en los Estados Unidos.
Según la documentación aportada al proceso, a la que tuvo acceso LA NACION, tanto Blue Ridge como Azurix argumentaron que, pudiendo hacerlo, la Argentina "se resiste a honrar" fallos que el Ciadi emitió en 2007. En ellos, se condenó al Estado argentino a pagar US$ 165,2 millones -cifra que, con intereses, se elevaría a los 210 millones- en el caso de Azurix. Y 133 millones de dólares -más intereses- en el caso de Blue Ridge.
"Todas las instancias de arbitraje han confirmado que el pago debe hacerse. Estamos convencidos de que el Gobierno argentino honrará esta deuda, además, porque ha dicho públicamente en repetidas oportunidades que tiene voluntad de desendeudarse y que actúa conforme al derecho", dijo el presidente de Azurix, Rod Castillo, consultado por LA NACION.
"Es penoso que hayamos llegado a esta instancia. Hace más de dos años que las sentencias están firmes y no sólo el gobierno argentino se resiste a honrar el pago, sino que nos reprocha que lo exijamos", dijo James Garvey, de Blue Ridge.
"Yo lamento tener que pedir esto", añadió, pero el estatuto del sistema de preferencias claramente expresa que debe eliminarse de sus alcances al país que "no actúe con buena fe a la hora de honrar fallos" en favor de empresas norteamericanas, argumentó.
Ambas denunciaron que el gobierno argentino violó el tratado bilateral de protección de inversiones en vigor al no cumplir con sus respectivos contratos.
En el caso de Azurix, era del de agua y cloacas en la provincia de Buenos Aires, mientras que Blue Ridge es heredera del juicio que favoreció a la ex gasífera CMS. Ambos son casos pendientes de la cascada de juicios contra el Estado que, por incumplimiento de contrato, se desencadenó tras el estallido de la crisis de 2001.
Argumentos oficiales
En su exposición inicial de argumentos ante el representante comercial, el gobierno de Cristina Kirchner clamó contra la "especulación de Wall Street", a la que se reprochó la intención de "perjudicar" a empresarios argentinos con este posible castigo comercial.
La ponencia, expuesta por funcionarios de la embajada en esta ciudad, subrayó que hoy ninguna de las dos compañías reclamantes se corresponde con los accionistas originales, sino que son "meros entes especulativos" tratando de "despojar" a la Argentina de un beneficio fiscal.
"Esto es una batalla entre los inescrupulosos de Wall Street" que, de imponerse, "perjudicarán a los empresarios norteamericanos que se benefician con las importaciones argentinas" y a los productores de nuestro país que encuentran un mercado, fue el argumento. Pese a que se trata de un reclamo de las empresas, los tenedores de deuda impaga se sumaron inmediatamente.
"El default argentino les costó millones de dólares a los norteamericanos. No es posible que, encima, lo recompensemos con beneficios arancelarios. Se trata de una economía sólida que se resiste a pagar sus compromisos", dijo Robert Shapiro, directivo de la Argentina Task Force (ATFA), que representa a tenedores de bonos impagos.
El tribunal que debe decidir deliberará nuevamente en el curso de los próximos días, noticia que llega justo cuando el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, está en Washington -acompañado por el vicecanciller Alberto D´Alotto- para protestar ante el Ciadi por aparentes irregularidades en la demanda que le hizo al país la francesa Vivendi y en la que el tribunal condenó a la Argentina a pagar US$ 105 millones más intereses (unos 170 millones en total).
CLAVES
Empresas que demandan a la Argentina ante tribunales internacionales
- Defensa. En diez años de litigios ante tribunales internacionales, la Argentina logró desactivar el 68% de las demandas.
- Números en juego. Se evitó el desembolso de más de US$ 30.000 millones.
- Acuerdos. El país logró la suspensión de litigios con varias empresas, entre otras, Camuzzi International, Gas Natural, Enersis, Chilectra, Empresa Nacional de Electricidad y Elesur; EDF International (EDFI) y Electricidad Argentina SA; Unisys Corporation, Saur International, Compañía General de Electricidad y Bank Of Nova Scotia.
- Mochila pesada. Quedan más de 20 procesos activos y pendientes de definición ante varios tribunales internacionales. Totalizan demandas por más de 16.000 millones de dólares.
