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Polémica por una exención arancelaria
Propicia el ingreso de bienes de capital
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La prórroga por dos años del régimen que permite importar con arancel cero bienes de capital e informáticos desde mercados extrazona (fuera del Mercosur) ha puesto en pie de guerra a los empresarios metalúrgicos contra el gobierno de Néstor Kirchner.
Hace unos días, la Asociación de Empresarios Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) emitió un duro comunicado en el que expresó su disconformidad con la medida y pidió a las autoridades "el reordenamiento de las políticas vinculadas con el sector productor de bienes de capital". Entre otras cosas, solicitó la eliminación de la competencia desleal y el daño a los comerciantes locales, originados "por la importación de máquinas, equipos y otros bienes de capital usados a precios viles".
"Son tres los sectores que apoyan esta política destructiva: los importadores e intermediarios, los fiscalistas que se encuentran en el Ministerio de Economía y se oponen a todo lo que tenga olor a subsidio, y la corriente ideológica que cree férreamente en la liberalización total de la economía", dijo Manfredo Arheit, presidente de Adimra.
El empresario metalúrgico sospecha que esta convalidación de la prórroga se debe, además, a la presión ejercida por Uruguay en la XXV reunión del Consejo del Mercado Común, el órgano ejecutivo del bloque, celebrada en Montevideo el 15 de diciembre de 2003.
Respuesta oficial
Mientras tanto, desde la Secretaría de Industria, a cargo de Alberto Dumont, contestaron a LA NACION que prefieren no hacer declaraciones al respecto. Por su parte, Martín Redrado, secretario de Comercio y Relaciones Internacionales, que también participó de la negociación, sostuvo que "fue una decisión muy estudiada por ambas secretarías", y que "al final se entregó el informe al ministro de Economía (Roberto Lavagna) y al canciller (Rafael Bielsa), que fueron los firmantes. Se deben tener en cuenta todos los sectores productivos y no sólo uno", destacó.
Llama la atención, no obstante, que los reclamos se produzcan recién ahora, cuando ha transcurrido casi un mes desde la firma del acuerdo.
La Argentina eliminó de manera unilateral los aranceles a la importación de bienes de capital en 2001 por decisión del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, ante los estragos que comenzaba a generar en el comercio exterior la convertibilidad. Esta medida originó las mayores rispideces en el seno del Mercosur, que sustenta su condición de unión aduanera en la adopción de aranceles comunes extrazona, conocido como AEC (Arancel Externo Común).
A partir de allí, los demás miembros del bloque adoptaron medidas similares, según el ritmo de sus respectivas crisis económicas, con lo que el arancel común quedó disperso y se convirtió en uno de los temas pendientes de la agenda del Mercosur.
Para Arheit, esta política negativa para la industria nacional comenzó en 1979, y tuvo "una fortísima aceleración durante la década del noventa". "Desde que comenzó la destrucción del autopartismo en la Argentina, hace 10 años, se perdieron 200.000 puestos de trabajo y ahora necesitamos otros diez años de política industrial favorable para empezar a recomponer la situación", agregó.
Según surge de información complementaria ofrecida por Adimra, para compensar la vigencia del arancel cero, el Gobierno firmó el decreto 379/01, mediante el que se otorgó a los productores locales un reintegro a través de un bono de crédito fiscal del 14% por las ventas en el mercado interno. En el período 2001/2003, las ventas internas alcanzadas por esa norma demandaron un monto de $ 344 millones en concepto de bono de crédito fiscal.
La polémica parece destinada a perdurar hasta que los productores reciban una respuesta satisfactoria. "De ninguna manera consideramos que se trate de una pelea perdida, porque no vamos a aflojar hasta encontrar eco de parte del Presidente".
