¿Qué condiciona, la política o la economía?

No podemos aislar las partes en que se compone el sofisticado sistema del cuerpo humano para intentar aliviar o curar una dolencia o enfermedad, sin observar la interacción de todos los órganos y elementos que lo componen, porque lo más exitoso que lograríamos sería atemperar las molestias, pero sin solucionar el origen de las anormalidades. Algo así sucede también con el funcionamiento de la sociedad.

Decir que si encaramos solamente los problemas económicos solucionaremos todos los demás es una equivocación. Afirmar que las falencias en la producción de riquezas y en la equidad en la distribución de esos bienes, en un momento determinado y en una sociedad en particular, es responsabilidad solo del manejo de la economía es un grave error. La realidad es que es la política la que condiciona a la economía. Por todo ello, lo que debemos hacer es adecuar los sistemas políticos que se han utilizado desde que comenzaron las crisis.

Aclarado este enfoque, ¿cuáles deberían ser los objetivos de un sistema político que ayude a mejorar la situación económica y social de la inmensa mayoría y, en especial, de quienes están bajo la línea de la pobreza?

El objetivo primordial de una política es facilitar el bienestar de todos los habitantes de la sociedad y no permitir que unos grupos avancen en su calidad de vida a expensas de los demás. Para lograr el mayor bienestar de todos los habitantes es imprescindible producir mayor cantidad de bienes y servicios y facilitar una economía de mercado, que, con sus leyes no escritas pero eficientes, distribuyan lo producido conforme al aporte laboral, técnico y financiero, verdaderamente incorporado por cada actor.

Funcionando el mercado puro, pero controlado para evitar abusos, no solo se incrementaría la producción, sino que también mejoraría la productividad, que significa producir más con los mismos insumos de mano de obra, materiales y capital. Es decir, se produciría con menores costos por unidad. La productividad se logra, primero, con mayor orden jurídico y social, con mejores inversiones y, fundamentalmente, con tecnología. Para ello se necesita confianza, que aliente a invertir y a avanzar con las investigaciones.

El ahorro es imprescindible, a los fines de acumular los capitales necesarios para encarar proyectos de gran envergadura, que individualmente no se podrían lograr y que en algunas actividades son imprescindibles. Un sistema financiero grande y fuerte es sumamente necesario para apuntalar la inversión a través del crédito.

Debemos aceptar también la legítima ganancia de los emprendedores, sin la cual nadie se arriesgaría a invertir su capital, sus conocimientos y su trabajo. En un país que despliegue confianza y seguridad, el empresario podrá tener un buen pasar económico y parte de sus utilidades se reinvertirán, con lo cual se provocará un círculo virtuoso de inversión y producción.

El entramado legal de una república cumple un papel primordial en lograr confianza. Se deben respetar los contratos, la propiedad privada y todas las normas, con un Poder Judicial competente e independiente.

El papel del Estado es muy importante y se deben dar señales de que se respetan y mantienen las siguientes premisas:

1) Calidad de la moneda, con el objetivo de mantener su poder adquisitivo en todo momento y lugar. Esto se alcanza con una inflación baja. Que el dinero cumpla sus tres principales funciones: a) ser moneda de cambio para adquirir bienes y servicios, b) ser unidad de cuenta para fijar precios y c) servir como depósito de valor.

2) Mantener, evitando los gastos políticos y la corrupción, el equilibrio fiscal; es decir, que los gastos por las funciones que debe cumplir el Estado, bien especificadas en nuestra carta magna, sean iguales a los ingresos genuinos que percibe el Estado. De esta manera se evita pedir prestado, pagar intereses, asumir compromisos, emitir dinero sin respaldo o elevar la carga fiscal que ahuyenta la inversión.

3) Respetar la igualdad frente a la ley, para que ningún ciudadano tenga mayores privilegios por más cargos importantes que ocupe. Premiar el trabajo y la inversión, alentar el mérito y dejar de oprimir al que trabaja con gravámenes que implican recursos que se reparten sin contraprestación alguna a quienes viven del subsidio del Estado. El comportamiento demagógico del Estado tiene como efecto secundario proporcionar tiempo al que no trabaja para hacer inteligencia e incrementar el delito, que trae aparejado mayor inseguridad, otro factor que incide en las decisiones de inversión. Todo un combo, donde todo incide en todo.

Por Aldo Michelli

• Comunidad de Negocios

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