Qué se puede comprar con el dinero que tienen que pagar Cristina Kirchner y los demás condenados
Los US$530 millones permitirían multiplicar por 3,5 el presupuesto que Nación le destina al Hospital Garrahan o por 4,6 lo destinado a educación superior
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LA NACIONMaría Julieta Rumi
Cristina Kirchner y el resto de los responsables en la causa Vialidad fueron intimados por la Justicia a depositar $684.990 millones —equivalentes a US$530 millones— por el daño que causaron al erario público por hechos de corrupción.
La cifra es elocuente, pero lo es aún más si se piensa en qué podría hacerse con ese dinero. Por caso, permitiría multiplicar por 3,5 el presupuesto que Nación le destina al Hospital Garrahan ($169.445 millones) o por 4,6 lo destinado a educación superior ($126.000 millones), resolviendo dos de los reclamos que más estado público tuvieron en el último año. El tipo de cambio utilizado para la conversión es de $1172.
El importe, sin embargo, no alcanza para cubrir, por ejemplo, la sentencia por la expropiación de YPF (US$16.100 millones más intereses) ni los aumentos extraordinarios para los jubilados votados por el Senado, que implicarían unos US$15.000 millones. Aunque, si se toma el monto estimado de corrupción por la causa Cuadernos —US$42.500 millones—, podría pagarse casi tres veces el aumento definido por el Congreso.
El cálculo de los US$42.500 millones corresponde a Ariel Coremberg, economista e investigador del Conicet, que en 2018 realizó un estudio sobre el impacto económico de la corrupción en el caso Cuadernos.
“De acuerdo con el testimonio de los empresarios arrepentidos, se cobraba un 15% sobre la inversión pública y un 5% sobre los subsidios de gas y transporte. En tanto, según José López, exsecretario de Obras Públicas, el esquema regía para Nación, provincias y municipios. Es decir, el acumulado calculado en base a la ejecución del gasto público en esos tres niveles llegó a US$36.000 millones. Actualizado a hoy serían alrededor de US$42.500 millones”, detalló.
“Solo US$36.000 millones sin actualizar serían equivalentes a lo que hoy hay en las reservas del Banco Central. De no haber existido esta corrupción, con impacto directo en la estabilidad macroeconómica argentina, el país tendría el doble de reservas, la mitad de ellas legítimas, producto del ahorro de los argentinos. Así, hoy Argentina es más pobre, tuvo que devaluar su moneda como consecuencia del impacto de esta corrupción kirchnerista en las reservas del BCRA y en la salida de capitales”, completó.
El juez Jorge Gorini, presidente del tribunal oral que condenó a Kirchner y compañía, y su colega Rodrigo Giménez Uriburu notificaron ayer a todos los condenados para que, solidariamente, reúnan los $684.990 millones. Si en 10 días hábiles no se cumple con el depósito a cuenta y orden del tribunal, la Justicia comenzará a decomisar y rematar los bienes que están embargados.
En rigor, el plazo final vence en las dos primeras horas de atención del 13 de agosto, entre las 7.30 y las 9.30. El tribunal dispuso tomar como válida la actualización de los bienes realizada por los peritos oficiales del Centro de Asistencia Judicial Federal de la Corte Suprema, y descartó el cálculo presentado por el perito de Cristina Kirchner, que estimaba el perjuicio en apenas $42.000 millones.
En cambio, los expertos de la Corte determinaron que el monto total del perjuicio provocado y la suma a reintegrar es de $684.990.350.139.
Los jueces ordenaron cobrar ese dinero “de acuerdo con el decomiso dispuesto a consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público, que fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”. Ese decomiso se ejecutará “bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes” ya embargados.
En caso de incumplimiento, la ejecución de los bienes será un proceso largo y complejo que incluye la disposición de sumas en efectivo y el remate de propiedades. Pero no estará exento de dificultades, ya que Lázaro Báez —el más acaudalado de los condenados— también está siendo ejecutado por otro tribunal, el federal 4, en la causa conocida como Ruta del Dinero K, donde fue condenado a 15 años de prisión y a pagar una multa de $355 millones por lavado de dinero, más otros $55 millones por el monto del delito cometido.
Otro obstáculo surge del juicio comercial donde tramita la quiebra de Austral Construcciones. Allí hay deudores que deben cobrar sus acreencias. Por eso, los jueces pidieron al Juzgado Comercial 28 una amplia certificación del estado procesal de la quiebra. Además, requirieron el detalle de la liquidación de bienes realizada para pagar las deudas.
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