Saldos y retazos a la espera de un plan económico
Todavía resulta prematuro aventurar qué grado de aceptación tendrá la última de las "ofertas finales" del gobierno de Alberto Fernández para cumplir con su acertada decisión política de evitar otro default de la deuda bajo legislación extranjera (US$66.000 millones); o, al menos, una judicialización excesiva de los bonistas que no ingresen al canje voluntario a cambio de mayores concesiones financieras. Pero sí existen dos certezas.
La primera, que un resultado relativamente exitoso no será el fin sino el comienzo de una etapa que luego incluirá la reestructuración en similares condiciones de la deuda con ley argentina (equivalente a US$46.000 millones) y la indispensable extensión de plazos para reembolsar el crédito stand-by del Fondo Monetario Internacional (US$44.000 millones), cuyos mayores vencimientos se concentran entre 2022 y 2023. La segunda, que esta última necesidad obligará a acordar un plan macroeconómico con el organismo (con o sin financiamiento extra) para asegurar la sustentabilidad de la deuda que pregonan al unísono el ministro Martín Guzmán y el FMI. En otras palabras, evitar que la Argentina vuelva a las andadas dentro de algunos años, para lo cual es clave que reordene sus cuentas y vuelva a crecer.
Este objetivo choca de frente contra el pasado y el presente de la economía, agravada ahora por la pandemia del Covid-19 a nivel global y el parate que provoca la cuarentena récord en el AMBA. "Entramos mal y saldremos peor", diagnostica con su habitual concisión el politólogo Rosendo Fraga. Los números le dan la razón. Las estimaciones privadas para 2020 prevén una caída del PBI de -12/13%; una inflación de 42/43% interanual; un nivel de pobreza superior a 40% y un déficit fiscal primario (sin intereses de la deuda) de -6,5/7,5% del PBI financiado mayormente con emisión monetaria.
Según el Estudio Broda, este año cerrará otra década perdida, ya que el PBI per cápita será 20% inferior al de 2010. No solo eso. Entre 2010 y 2019, la inflación acumulada fue de 1571%, frente a 32% en Perú; 35% en Chile; 46% en Colombia; 53% en Bolivia. y 114% en Uruguay. La inversión promedió apenas 15,5% del PBI (frente al 20% en los años 90 y casi 30% en los 70); prácticamente no hubo creación de empleo privado (salvo monotributistas sociales y en el sector público) y la pobreza no bajó de 30% (cuando en 1974 era sólo de 4%). A este dramático cuadro agrega que, desde 2003 hasta ahora, la fuga de capitales superó los 188.000 millones de dólares, debido a la inestabilidad macroeconómica que llevó a cambios recurrentes de reglas y ahora hipoteca la tasa de crecimiento potencial del PBI, al reducirla a menos de 1,5% anual para los próximos años.
Un plan económico para salir de esta crisis debería basarse en acuerdos políticos y sociales que modifiquen la absurda pretensión argentina de obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo y sin reformar nada. No está a la vista.
Hasta ahora el Gobierno supeditó el diseño del plan al arreglo de la deuda, que sería la única buena noticia económica que podría anunciar este año. Sobre todo, para el sector privado, que necesita crédito externo para financiar tanto importaciones como futuras inversiones. Pero esta condición necesaria no será suficiente si no se despejan otras incógnitas y señales confusas, como el caso Vicentin y la creciente distorsión de precios relativos (tarifas, salarios, precios máximos).
En medio de un empeoramiento del clima económico y político, el oficialismo está impulsando una serie de medidas que parecen extraídas de las mesas de saldos y retazos de otras épocas que, por su impronta intervencionista, arbitrariedad o inoportunidad, afectan las expectativas económicas:
El diputado Máximo Kirchner reflotó esta semana el proyecto para gravar las grandes fortunas, justo en el mes que vencen los impuestos a las ganancias sin ajuste por inflación para empresas y a los bienes personales (IBP) con duplicación de alícuotas.
Hasta el 30 de abril hubo plazo para reducir la alícuota del IBP a condición de depositar en los bancos hasta fin de año el 5% de los dólares declarados. La AFIP ni se ocupó de prorrogarlo, ya que los contribuyentes optaron por no correr el riesgo de que esos depósitos pudieran ser pesificados.
La moratoria integral enviada al Congreso es una ayuda importante para todos los contribuyentes, pero el texto nació con al menos dos pecados originales. Uno, al abarcar las deudas al 30 de junio, en plena cuarentena, cuando llegue el primer pago en noviembre tendrán otra deuda acumulada para sumar a las cuotas y no habrá beneficio alguno para los que cumplieron. Otro, el doble "traje a medida" de Cristóbal López denunciado por Carlos Pagni en LA NACION del jueves. En la moratoria dispuesta en diciembre estaban excluidos expresamente los impuestos a los combustibles y a las apuestas de juegos y ahora fueron incluidos. Además, por primera vez en la historia, el proyecto permite regularizar deudas a empresas quebradas y la AFIP tendrá la facultad de incluirlas en la moratoria. El empresario K está procesado por fraude contra el Estado, ya que como agente de retención no depositó esos impuestos en la AFIP, antes de la quiebra de Oil compró otras empresas, en especial de medios, y se acogió luego a un régimen de facilidades de pagos.
Sin haber definido una política energética, el Gobierno prevé lanzar en agosto el Plan Gas 4, mediante un acuerdo con los productores para que suministren un volumen de 70 millones de m3 anuales de gas natural a las distribuidoras (para consumo residencial) y a Cammesa (para generación eléctrica) con contratos en firme hasta 2024. A cambio les garantiza un precio de US$3,5, superior al del mercado (US$2,6) y subsidia la diferencia con el objetivo de impulsar inversiones para aumentar la producción, reducir importaciones invernales de GNL y mantener congeladas las tarifas. No obstante, tropieza con varios problemas inmediatos. Uno es la menor producción de este año, que en las últimas semanas obligó a las usinas eléctricas a utilizar fuel oil en reemplazo de gas, a mayor costo y riesgo de fallas técnicas o salidas de servicio. Otro, que un futuro aumento de la demanda (o del tipo de cambio) genere una bola de nieve de subsidios que complique las cuentas fiscales, con precios de referencia en dólares y tarifas en pesos reguladas por el Enargas. También puede complicar la salida del congelamiento dispuesta hasta fin de año.
En el caso de la electricidad, las tarifas domiciliarias están congeladas desde hace más de un año, sin subsidio, salvo en costo de generación, que absorbe Cammesa. Pero tanto en gas como en luz, desde la cuarentena en el AMBA y ante la imposibilidad de leer medidores, se aplica el consumo promedio más bajo de los últimos tres años para el mismo período. Y en los barrios informales del conurbano nadie paga el consumo individual desde 2011, que en teoría debería ser cubierto por los municipios, al igual que el mantenimiento de las redes internas, pero no lo hacen. En cambio, los intendentes de Quilmes y Almirante Brown denuncian a las distribuidoras por fallas y cortes por sobrecarga a raíz del mayor consumo por la cuarentena.
A estas medidas sobre la marcha debe agregarse la media sanción de la ley para regular el teletrabajo en plena cuarentena, que es considerada inoportuna por varios sectores empresarios ya que aumenta los costos. Por estas razones, el economista Miguel Ángel Broda acaba de rescatar una máxima del premio Nobel de Economía Michael Spencer: "El éxito de un país depende tanto de la capacidad de implementar buenas políticas como de impedir la implementación de malas políticas".
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