El país evitó entrar en desacato tras una orden judicial en el caso YPF
La Argentina obtuvo una prórroga del plazo para entregar comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios; hoy hubo una audiencia clave en Nueva York
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La trama del juicio más importante que tiene la Argentina en el exterior promete sumar capítulos. “La semana próxima habrá novedades”, adelantaron fuentes oficiales. Además, confirmaron que el país logró una prórroga del plazo que la Justicia estadounidense le dio para entregar chats de 35 funcionarios y exfuncionarios.
El tiempo para esta audiencia clave había empezado a correr el 9 de octubre. “Se ordena a la República recopilar y presentar estas comunicaciones fuera de canal, a más tardar el 30 de octubre”, sostuvo Preska. Las “comunicaciones fuera de canal” a las que se refirió son correos electrónicos, chats de WhatsApp y otras comunicaciones de altos funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández. Al filo de que se cumpliera ese plazo, el país presentó un escrito en el que aceptó colaborar y solicitó extender la fecha límite al 21 de noviembre.
Fuentes oficiales explicaron a LA NACION que ese escrito presentado no implica que el Gobierno vaya a entregar chats, sino a intermediar para que 35 funcionarios y exfuncionarios brinden su consentimiento y remitan la información -de carácter privada- solicitada por la Justicia estadounidense. Esta jugada de la Argentina persiguió el objetivo de no entrar en desacato.
El pedido argentino había quedado en suspenso y la audiencia de este martes se convirtió en una fase definitoria, porque, en función de lo que allí dijera Preska, el país podía caer en desacato. Finalmente, fuentes oficiales sostuvieron que la magistrada extendió la fecha. Sin embargo, no mencionaron hasta cuándo.
LA NACION consultó a quien financia el litigio por pare de los demandantes de la Argentina, el buffet de abogados Burford, que adquirió los derechos de reclamos judiciales de Petersen, uno de los viejos accionistas de YPF. “Lo que pasa es que ellos no hacen lo que se supone que deben hacer”, reclamó durante la audiencia uno de sus representantes, Seth Levine.
Antes de esta audiencia, los demandantes habían expresado sus reparos. Le dijeron a la jueza que la Argentina tiene una “estrategia de dilación” que entorpecería el proceso. “Tras tres meses de demora y de insistir en que ello violaría la ley argentina (a pesar de las órdenes del Tribunal y los argumentos de los Demandantes), la República ahora planea contactar —pero aparentemente aún no ha contactado— a los custodios (funcionarios y exfuncionarios), sin un cronograma claro para producir las comunicaciones. La República debió haberlos contactado hace meses", se sostuvo desde Burford.
Esta idea de supuesta estrategia de dilación fue reiterada durante la audiencia. Levine indicó que, según su visión, puede reiterarse. “Esto es injusto”, lanzó.
Los chats, correos y toda comunicación de los 35 funcionarios y exfuncionarios abarcan a integrantes de la actual gestión, pero también del anterior. Es decir, la línea colaborativa que expresó el Gobierno podría traducirse en una intermediación de representantes de la administración de Javier Milei para que los que formaron parte de la de Alberto Fernández cumplan con la orden judicial estadounidense.
El pleito se desarrolla en el expediente conocido como “discovery”, que busca identificar qué bienes tiene la Argentina. En términos técnicos, cuáles son su “alter ego”, expresión utilizada para señalar que dos entidades son lo mismo. El trámite avanza en paralelo con la cuestión de fondo, que se encuentra en instancia de la apelación presentada por el país, para revertir el fallo de primera instancia que lo obliga a pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF.
Entonces, el avance de este “discovery” también puede ser planteado como la búsqueda de saber con qué bienes puede pagar la Argentina, en caso de perder definitivamente el juicio por la expropiación de la petrolera.
A propósito de ello, la resolución de la cuestión de fondo también se encuentra en suspenso (la apelación de la Argentina contra el fallo de primera instancia). El miércoles pasado se desarrolló una audiencia en Nueva York, en la que los defensores del país y sus demandantes cruzaron argumentos para dar vuelta el fallo de Preska, en el caso argentino, y para mantenerlo, en el caso de los demandantes.
“Están tratando de convertir a los tribunales de Estados Unidos en un casino”, lanzó el abogado Robert Giuffra, contratado por la Argentina para ejercer su defensa. Del otro lado, el abogado Paul Clement, de los demandantes (Petersen y Eton Park), defendió el fallo en primera instancia que obtuvieron a su favor: “La jueza [Loretta] Preska realizó un gran trabajo en este caso”.
Estos textuales reflejan las posiciones y todo lo que está en juego en la apelación solicitada por la Argentina: en caso de tener éxito el recurso del país, puede revertirse la sentencia que lo obliga a pagarle a sus demandantes US$16.100 millones, más intereses.
“La República Argentina se muestra optimista en que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos revertirá la errónea decisión de la Corte de Distrito“, expresó la Procuración del Tesoro después de la audiencia. Asimismo, las acciones del demandante Burford, según Bloomberg, caían hasta 15% en aquella jornada.
En contrapartida, uno de los abogados de los demandantes, Mike Fragoso, indicó que los defensores de la Argentina “no presentaron ninguna información nueva que pudiera cambiar el rumbo del caso”.
En caso de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos fallara en favor de la Argentina, fuentes oficiales expresaron que también podría finalizar el expediente “discovery”, que es por el que se solicitó los chats de funcionarios y exfuncionarios.
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