Señales de alarma frente al avance del dirigismo K
Cada vez que Cristina Kirchner y/o su séquito militante más cercano producen discursos, tuits, cortinas de humo o proyectos de ley destinados a captar votantes indecisos a cualquier costo en las elecciones legislativas de noviembre, se encienden luces de alarma en el sector privado y con más intensidad entre las empresas o sectores afectados.
Aunque todavía faltan tres meses para las PASO y más de cinco para la elección de diputados y senadores, esta dinámica adquirió un ritmo vertiginoso en las últimas semanas. No pasa un día sin que surjan anuncios sorpresivos, medidas demagógicas o cambios de reglas con la impronta del dirigismo kirchnerista y que son convalidadas por el gobierno de Alberto Fernández aunque impliquen marchas y contramarchas.
Poco a poco se va completando un repertorio que incluye subas en la presión impositiva para las empresas; congelamientos de precios; autorizaciones previas para ajustarlos por debajo de los costos; subsidios indiscriminados en las tarifas y superpuestos en el caso del gas; pisos salariales más altos en las paritarias estatales; prohibición de despidos; cierres intempestivos de exportaciones (casos de maíz y carnes, luego revertidos o atenuados); restricción de importaciones; prohibición de girar utilidades; intervención en los mercados cambiarios alternativos y controles burocráticos previos que ahora desvirtúan el régimen de creación de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
Todo encaja exactamente en la definición de dirigismo del diccionario de la Real Academia Española (“Tendencia del Gobierno o de cualquier autoridad a intervenir de manera abusiva en determinada actividad”), salvo que aquí no puede utilizarse en singular. Todo también es un fuerte desincentivo para la inversión privada local y extranjera, que será imprescindible si se apunta a retomar el crecimiento del PBI real –no sólo estadístico– en la etapa post pandemia, aún con horizonte incierto.
Esta cuestión estuvo implícita en el inusual comunicado del Tesoro de los Estados Unidos, que supeditó el apoyo a la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional y el Club de París a “un marco sólido de política económica que brinde una visión para el crecimiento del empleo en el sector privado”. Tras el diálogo vía zoom de su número 2, Wally Adeyemo, con el ministro Martín Guzmán, ese comunicado fue unilateral y no conjunto. Por otro lado, es la primera vez que habla del empleo privado (estancado desde hace años y golpeado por la cuarentena) en contraposición con el empleo público (que vino aumentando desde 2012), sin mencionar el déficit fiscal. Algunos analistas interpretan que el gobierno de Joe Biden marcó la cancha antes de la negociación con el FMI, postergada de hecho hasta después de las elecciones. Y en el entorno de Sergio Massa, cuya visita a Washington coincidió con aquella reunión virtual, celebraron que no haya habido referencias a la política exterior argentina con los respaldos a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, que también inquietan a potenciales inversores.
Por lo pronto, con tantos vaivenes y sorpresas, la campaña electoral conducida por CFK está lejos del objetivo de “tranquilizar la economía” proclamado por Guzmán, que hace un tiempo dejó de hablar de políticas sustentables. Más bien se asemeja a la época ministerial de Axel Kicillof, cuando consideraba “horribles” conceptos tales como seguridad jurídica y clima de negocios.
Una muestra es el recurso de amparo presentado esta semana ante la Justicia por las empresas de medicina prepaga nucleadas en la Unión Argentina de la Salud (UAS), para que puedan aplicar un urgente ajuste provisorio de 9,77% en las cuotas mensuales, a cuenta de los aumentos de 32% autorizados a fines de 2020 por el Ministerio de Salud y que fueron modificados insólitamente sobre la marcha por la Casa Rosada. En octubre se había dispuesto una suba de 15% para diciembre y otra de 10% para febrero, que dos días después el MS redujo a 10% en el primer caso y dejó sin efecto en el segundo. La resolución inicial no fue publicada en el Boletín Oficial debido a “un error material” (sic) y fue reemplazada por la subsiguiente. Pero el 31 de diciembre se produjo una situación aún más insólita ya que se autorizó un ajuste de 7% para febrero, que fue anulado el mismo día a través de una segunda resolución. Luego el Gobierno aplicó una suba de 3,5% en marzo y frenó una idéntica para abril.
Más allá de estos “bloopers” normativos, la preocupación del sector pasa por su futuro inmediato ya que, a 15 meses del comienzo de la pandemia, viene acumulando un creciente retraso de las cuotas de sus servicios con respecto a la inflación y a sus propios costos, mantiene empantanada la revisión salarial de la paritaria con el gremio de Sanidad e impide cualquier mejora en las retribuciones del personal médico.
En la UAS aseguran que la conferencia de prensa para anunciar la judicialización del reclamo fue programada mucho antes de que Cristina Kirchner hablara esta semana en La Plata donde, junto con Kicillof, insistió en la necesidad de una reforma integral del sistema de salud. Paralelamente, volvió a circular un paper de 10 páginas elaborado en 2019 y atribuido a los actuales funcionarios bonaerenses del área (uno de ellos presidente del IOMA, formado en Cuba) bajo el título “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”. Ese documento sin membrete ni firmas, que tampoco contiene datos ni proyecciones numéricas, propone la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA) y su virtual estatización, que mantiene en alerta a las obras sociales sindicales y las prepagas. Hay especialistas que lo asimilan al “gran PAMI”, propuesto por Luciano Di Cesare (ex interventor en el gobierno de CFK) y por lo tanto a una gran “caja”, que siempre es una tentación para los políticos.
De ahí que Claudio Belocopitt (titular de la UAS), advirtiera que “si alguien decidiera tomar de hecho el sistema de salud privado, primero debería desfinanciarlo, ponerlo de rodillas y, sobre los escombros y la ruina de la salud de millones de argentinos, diría que se tendría que estatizar bajo el argumento de que no puede cumplir con sus obligaciones”.
Este modus operandi fue una marca registrada del kirchnerismo a partir de 2008, junto con el “capitalismo de amigos”. Así se gestó la estatización de Aerolíneas Argentinas, para pasar a ser un reducto de La Cámpora. También el ingreso del grupo Eskenazi a Repsol para el manejo de YPF, que terminó con la expropiación de la mayoría accionaria (51%) de la petrolera estatal. No obstante, el Estado enfrenta ahora un juicio por 3000 millones de dólares en Nueva York entablado por el fondo Burford, al que el grupo local le vendió su participación accionaria.
La judicialización fue el camino que también emprendieron varias compañías y cooperativas de telecomunicaciones tras el DNU de Alberto Fernández que declaró servicio público a la telefonía móvil, el acceso a Internet y la televisión por cable para controlar sus precios. Telecom ya obtuvo un amparo que le permite manejarlos sin intervención del Estado, que recurrió el fallo y probablemente termine en la Corte Suprema.
Para completar estas señales de alarma, puede citarse un objetivo incluido en el documento sobre el Plan de Salud: “Consolidar un marco normativo a través de una Ley Nacional de Salud y –en la medida que sea posible– contar con una nueva Constitución, incorporando a la salud como derecho humano y el SNISA como estructura nacional que comprenda a todas las jurisdicciones y subsectores”.
nestorscibona@gmail.com
Tipo de trabajo:
análisis
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