Sigue el debate por el alza de impuestos

LA PLATA.- El gobierno de la provincia de Buenos Aires defendió la reforma tributaria aprobada ayer a la madrugada en la Legislatura provincial y afirmó que la iniciativa aportará mayor "equidad, modernidad y descentralización" al sistema impositivo bonaerense y que los fondos obtenidos se destinarán al financiamiento de planes sociales.

Sin embargo, también hubo renovadas críticas a la medida desde distintos sectores políticos y empresariales, a los que ayer se sumaron la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y el Colegio de Abogados bonaerense.

El jefe de Gabinete y ministro de Gobierno, Alberto Pérez, dijo que la ley de reforma tributaria no tiene un espíritu "fiscalista". "Se deja exentas del cobro a las pymes y se grava a las industrias y comercios que concentran los mayores volúmenes de facturación. Esto nos permite eliminar el impuesto a la riqueza, que es distorsivo y que tantos problemas había traído", señaló. "Se destinan más fondos a los municipios, por lo que se hace realidad lo que decíamos de la descentralización para que los intendentes, que son los que conocen la realidad más concreta, puedan hacer frente a los problemas", agregó.

Por su parte, la ministra de Asuntos Agrarios y Producción bonaerense, Débora Giorgi, consideró que la reforma impositiva provincial es "un avance muy importante", porque promueve una "menor regresividad en la estructura tributaria de la provincia y busca acompañar la demanda que tiene la provincia de estructuras para el sector productivo y el sector social". Y subrayó que los fondos también serán destinados a atender necesidades sociales vinculadas con la salud, la educación y la seguridad.

Aumentos

La norma eleva del 3 al 4,5% el pago del impuesto a los ingresos brutos a comercios que facturen más de $ 30 millones anuales y grava con un 1% a las industrias con ingresos superiores a los $ 60 millones. Además, sube del 1,5 al 3% la alícuota del impuesto que ya pagan las industrias no radicadas en la provincia por las ventas que realicen en territorio bonaerense. Otorga a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) las herramientas legales para controlar el rendimiento de los campos y verificar si el sector cumple con los pagos del impuesto sobre los ingresos brutos. Y también eleva del 3,5 al 6% la alícuota que pagan los bingos y tragamonedas.

La reforma también crea un fondo de "fortalecimiento de recursos municipales" para repartir entre las comunas que dejen de percibir en forma voluntaria las tasas de abasto y de publicidad en el interior de los comercios.

Fuentes gubernamentales confirmaron que el gobierno provincial estima recaudar alrededor de $ 900 millones hasta fin de año y 2200 millones en todo 2009. En tanto, se calculó que hasta diciembre serán girados unos $ 100 millones a las comunas que se adhieran y dejen de cobrar las tasas por las que percibirían en lo que queda del año unos $ 40 millones. Desde el Ministerio de Economía provincial, aseguraron que el fondo para municipios no tendrá tope y en 2009 podría superar los $ 300 millones.

Rechazo empresarial

Ayer, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) objetó la reforma mediante un comunicado en el que sostuvo que "los cambios propuestos conllevan desaliento al consumo y afectan primordialmente a toda la comercialización de bienes y servicios". La entidad consideró que los comerciantes "se verán perjudicados por un nuevo incremento que afectará sus costos".

"En lo que respecta a la publicidad y propaganda realizada en el interior de los locales comerciales, la nueva ley estaría reconociendo la aplicación de los derechos de publicidad y propaganda por parte de las municipalidades sobre un supuesto que no se encuentra contemplado en la ley orgánica municipal (LOM). De este modo, la provincia estaría implícitamente reconociendo este nuevo derecho a los municipios, con un grave perjuicio potencial para los contribuyentes afectados por estas verdaderas exacciones ilegales", subrayó la entidad, en el comunicado firmado por su presidente, Carlos de la Vega.

En tanto, el Colegio de Abogados bonaerense manifestó su "honda preocupación" por "la sanción acelerada de leyes que conspira contra garantías constitucionales, como el derecho a la información y el necesario debate de las ideas". Por su parte, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, señaló que "la reforma puede comprometer en un proceso inflacionario".

"Scioli no entendió lo que ocurrió en el país; ahora ataca a los sectores productivos de la provincia de la misma forma que el gobierno nacional lo hizo con el campo", destacó. El diputado Jorge Sarghini, en tanto, añadió que "la presión tributaria bonaerense es elevada y seguir aumentándola es un verdadero desincentivo para la inversión y la generación de empleo, en un momento en que debe hacerse todo lo contrario".

Por Pablo Morosi

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