Superávit, una privatizada y una cerrada: la gestión libertaria de las empresas públicas
Según un informe privado, en el primer año, se pasó de déficit a superávit y se redujo el empleo en las compañías estatales, aunque la mayoría sigue operando sin reformas profundas; una gran parte de las privatizaciones anunciadas no se concretó
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LA NACION
En su primer año de gestión, el gobierno de Javier Milei proclamó su voluntad de achicar el Estado, avanzar hacia privatizaciones y eliminar lo que calificó como “estructuras deficitarias”. Sin embargo, el balance en materia de empresas públicas muestra avances desiguales, heterogéneos y, en muchos casos, apenas simbólicos. El recorte del gasto fue real, pero las transformaciones estructurales siguen siendo, hasta ahora, una deuda pendiente, según un informe reciente realizado por Fundación Pensar, el think tank del Pro.
Bajo la definición del artículo 8 de la Ley de Administración Financiera, la Argentina cuenta con 42 empresas públicas, entre ellas gigantes como YPF y el Banco Nación. Estas compañías reúnen más de 123.000 empleos, con una notable concentración: solo cinco empresas suman el 71% del personal total. YPF tiene a 25.877 empleados; Operadora Ferroviaria (OFSE), 22.243; Banco Nación, 16.646; Correo Argentino, 12.138, y Aerolíneas Argentinas, 10.316.
En el primer año de Gobierno, las empresas en su conjunto lograron tener un mejor resultado financiero, que pasó de un déficit de -0,4% del PBI en 2023 a un superávit de 0,2% del PBI en 2024, y un mejor resultado operativo, que pasó de -0,1% del PBI a 0,2% del PBI.
El ajuste se explicó en una caída del gasto de 40% real interanual, principalmente por el recorte en las partidas de bienes y servicios (-28% real), personal (-24% real) y de la inversión real directa (-67% real, en el marco del ajuste general de la obra pública nacional). De hecho, el total de empleo público en estas empresas cayó en casi 14.000 trabajadores (-15%) y hubo otra reducción adicional del gasto por baja de los salarios.
No obstante, detrás de los números se revela una realidad compleja. Si bien las cifras marcan un sendero de consolidación fiscal, las reformas de fondo siguen siendo limitadas, dice el informe del Pro.
“Vemos iniciativas esporádicas y heterogéneas, que no se han traducido en avances significativos. Hay algunas transformaciones que se parecen más a un cambio de nombres (la ex Télam), anuncios ambiciosos que luego no se materializan (Casa de Moneda, Yacimientos Carboníferos Río Turbio), y la mayoría de las empresas que, en un marco de menores requerimientos al Tesoro, funcionan de manera muy similar a como lo hacían en el pasado”, dijeron.
Al momento, si bien la intención del oficialismo era privatizar la mayor cantidad de empresas, solo se vendió la participación estatal de Impsa, y otra se cerró (Trenes Argentinos Capital Humano). Otras, como Télam, simplemente cambiaron de nombre: su cierre fue anunciado con bombos y platillos, pero derivó en la creación de Agencia de Publicidad del Estado (APE).
Sobre YPF, si bien durante la campaña presidencial Milei dijo que iba a vender el 51% de las acciones que están bajo administración del Estado, el think tank del Pro dijo que “el Gobierno parece estar cómodo con administrarla con el mismo formato existente desde 2012″. De hecho, destaca que la petrolera incrementó su gasto en publicidad en un 55% en 2024, y superó los $100.000 millones, el mayor monto desde su reestatización.
El conjunto de empresas públicas que consolidan en la Cuenta de Inversión del Estado explicó en 2024 el 12% del gasto del Sector Público Nacional. Tres compañías —Enarsa, Aerolíneas Argentinas y Aysa— concentraron el 65% de ese gasto.
Parte del déficit operativo de las compañías no se explica por ineficiencia empresarial, sino por decisiones estatales que obligan a subsidiar el consumo, fijando tarifas por debajo del costo en sectores clave, como energía, transporte o agua.
El caso de Enarsa es paradigmático: fue la empresa que más redujo sus transferencias del Tesoro, gracias al fuerte ajuste tarifario, la menor importación de GNL y la suspensión de compras de gas a Bolivia.
A nivel institucional, se creó una Agencia de Transformación de Empresas Públicas dentro del Ministerio de Economía, con la misión de coordinar y rediseñar el futuro de estas estructuras. Pero su impacto concreto todavía es difícil de medir.
En paralelo, hubo señales de apertura a la competencia en algunos sectores. Intercargo, Aerolíneas Argentinas y Casa de Moneda son ejemplos donde se impulsaron mecanismos para reducir la exclusividad estatal. También se inició un proceso de liquidación de activos en empresas como Corredores Viales y Belgrano Cargas.
“Aunque el primer año de la nueva gestión reflejó importantes avances en el desempeño de las empresas públicas, los desafíos estructurales persisten. Un mandato social que reclama una mayor eficiencia del gasto público representa una oportunidad para redefinir el rol estratégico de las empresas públicas dentro del Estado”, concluye la Fundación Pensar.
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