Tarifas de electricidad y gas: cuándo comenzarán a aplicarse los aumentos y qué implica completar el formulario

El Gobierno finalmente puso en marcha el primer paso para avanzar con la segmentación de tarifas de gas y electricidad al habilitar el formulario que cada consumidor residencial debe completar si quiere mantener los subsidios a la energía. Al firmar la declaración jurada, los usuarios habilitan al Estado a acceder a las bases de datos de la AFIP, Anses, Registros de la Propiedad y Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), entre otros organismos que, en caso contrario, no podría porque violaría el secreto fiscal y financiero.

Con esta información, la Secretaría de Energía luego cruzará los datos para determinar la población con el 10% de mayor poder adquisitivo que dejará de recibir la subvención y comenzará a pagar el costo pleno del gas y la electricidad, a través de aumentos graduales, que podrían ser hasta tres incrementos bimestrales.

El objetivo del Gobierno es que en el próximo mes ya estén publicados los nuevos cuadros tarifarios, pero su implementación y los aumentos correspondientes dependerá de la cantidad de usuarios que se haya inscripto en el formulario. Hoy ya se había anotado 110.000 hogares.

El secretario de Energía, Darío Martínez, indicó en conferencia de prensa que las subas para los consumidores que no reciban más subsidios serán tres aumentos de entre $1200 y $1300 cada uno, en promedio, si son usuarios de Edenor y Edesur -no especificó para los consumidores fuera del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA)-. Para más detalle, en las facturas de electricidad figura al final de la boleta cuánto es el subsidio que otorga el Estado Nacional. En el caso del gas, Martínez indicó que los tres incrementos serán de alrededor de $800 cada uno, en promedio.

El formulario se completará durante el mes de julio y el registro se organizará en tramos por terminación de DNI: los terminados en 0, 1 y 2 podrán completarlo entre el 15 y 19 de julio; los que terminan en 3, 4 y 5, entre el 20 y el 22 de julio, y los terminados en 6, 7, 8 y 9, entre el 23 y 26 de julio. Sin embargo, el Gobierno habilitará más tiempo durante fin de mes y comienzo de agosto para completar la declaración jurada a quienes no lo hayan hecho.

El Ministerio de Economía diseñó una segmentación que divide a los usuarios residenciales en tres categorías (no aplica para comercios e industrias): los que reciben tarifa social, los que están entre el 10% con mayor poder adquisitivo, y el resto de los usuarios de ingresos medios, que no pertenece a ninguno de los dos segmentos anteriores. Al completar la declaración jurada, la asignación de segmento es automática según lo declarado en la solicitud y de carácter provisoria. El Estado luego analizará los datos declarados y, en caso de que haya inconsistencias, se podrá asignar una nueva categoría.

Todos los usuarios residenciales que quieran mantener los subsidios deben completar la declaración jurada. Esto incluye a beneficiarios de tarifa social, jubilados e inquilinos de todo el país, ya que el costo del gas y de la generación electricidad son subsidiados en todas las jurisdicciones en igual magnitud. La diferencia de costos en cada jurisdicción depende de otros factores, como la carga impositiva (que en algunos municipios es casi el doble que en la Ciudad de Buenos Aires) y el costo de distribución.

En cuanto a los medidores comunitarios (como calefacción centralizada), en la Secretaría de Energía explicaron que, como generalmente están a nombre de los consorcios, que son personas jurídicas, no estarán alcanzados en esta primera etapa, ya que está destinada a solo usuarios residenciales.

La base de datos que se generará con el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) servirá para nutrir el también creado Registro Nacional Único de Titulares de Servicios Públicos Esenciales (Renut), del cual podrá servir más adelante para segmentar los servicios de agua potable y transporte público.

En el Gobierno negaron que la información recibida se pueda usar para otro fin, por ejemplo, para excluir a quienes pidieron mantener el subsidio del acceso al mercado cambiario.

El secretario de Energía informó que el ahorro fiscal con la segmentación este año será de apenas $15.000 millones, en un contexto en el cual se proyecta que las transferencias del Tesoro al sector energético superen los US$15.000 millones (2,5% del PBI), el total del déficit fiscal que se impuso como meta el Gobierno, en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los subsidios a la energía fueron US$11.000 millones el año pasado (2,3% del PBI), lo cual significaría un aumento interanual no menor. “Con una macro descontrolada, con una inflación de 80% y una guerra por los recursos, pensar que el aumento de los subsidios responde al atraso tarifario resulta iluso o tendencioso”, dijeron en reserva en el Gobierno, pese a que las tarifas aumentaron menos de 45%, en un año en que la inflación terminará por arriba del 80% anual. Para 2023, la Secretaría de Energía espera un ahorro fiscal de $80.000 millones.

Martínez estuvo acompañado en la conferencia de prensa por Santiago Yanotti y Gonzalo Soriano, que serán los encargados de la segmentación, ya que todavía no se designó un subsecretario de Planemiento Energético. Ambos son tucumanos y funcionarios cercanos al jefe de Gabinete, Juan Manzur. Yanotti es vicepresidente de Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho de energía eléctrica, mientras que Soriano fue gerente de Asuntos Económicos del Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos (Ersept) de Tucumán, el órgano encargado de la distribución y comercialización de energía eléctrica y agua potable.

“El Poder Ejecutivo tiene que cumplir con toda la norma. Acá hay un decreto que firmó el Presidente con una gran decisión que es proteger a la mayoría de los argentinos en un mundo en donde no se está protegiendo a los ciudadanos”, dijo Martínez, al ser consultado sobre si hay pleno convencimiento en todo el Gobierno de aplicar la segmentación que diseñó el exministro de Economía Martín Guzmán.

“Con respecto a los aumentos, al decil más alto se le va a sacar el subsidio y a los demás deciles los vamos a seguir protegiendo en un uso más inteligente y eficiente de los subsidios. Esto no se hizo nunca en la Argentina, es un desafío muy importante y un gran desafío del Presidente de avanzar. En la historia de la Argentina es la primera vez que se hace y llevó su trabajo”, agregó Martínez.

El esquema de política tarifaria es inversamente diferente al que llevó adelante la gestión de Mauricio Macri: en vez de que todos los usuarios tiendan a pagar el costo pleno de los servicios de gas y electricidad, y que los consumidores que necesitan subsidio reciban tarifa social; con esta modalidad, solo el 10% de los usuarios pagará el precio total de la energía, mientras que el resto de la población tendrá los servicios subsidiados.