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Tarifas eléctricas con cables pelados
Néstor O. Scibona Para LA NACION
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LA NACIONNéstor O. Scibona
Aunque Amado Boudou afirme estar despreocupado por la inflación bajo el inverosímil argumento de que no existe, en la vereda de enfrente de su ministerio tampoco parecen creerle. La Casa Rosada está enfrascada desde hace varias semanas en un dilema que tiene que ver con los efectos de la aceleración inflacionaria de este año: cada vez se hace más difícil mantener congeladas las tarifas eléctricas hasta las elecciones de 2011 sin que la abultada cuenta de subsidios estatales al consumo trepe a niveles exorbitantes.
Contra lo que podría suponerse, el disparador de este dilema oficial no es económico sino sindical. Hace tres meses, el dirigente Oscar Lescano, de Luz y Fuerza, pidió la reapertura de la paritaria para obtener un aumento adicional de salarios de 7,33%, que las empresas del sector endosaron al Ministerio de Planificación ante la imposibilidad de afrontarlo con las tarifas virtualmente congeladas desde hace diez años. Ese ajuste extra se agregaría al 22% acordado en abril y redondea un incremento salarial de casi 31 por ciento. De esta manera, el dirigente lucifuercista podría alcanzar al lote de gremialistas que, no sin presiones y con aval oficial, cerraron más tarde sus convenios con alzas del orden de 30% anual (como alimentación, camioneros, petroleros o mercantiles).
El reclamo gremial encendió luces amarillas en varios tableros oficiales. Por un lado, significaba aumentar aún más el gasto público a través de los subsidios, ya que desde hace meses las empresas de generación, transporte y distribución de electricidad no alcanzan a cubrir sus costos operativos con sus ingresos tarifarios. Por otro, para un gobierno que niega la inflación, sería una mala señal reabrir una paritaria dentro del mismo año por su efecto de demostración sobre otros sindicatos; aunque, en rigor, el convenio lucifuercista nunca se firmó y el 22% se aplica de hecho como un ajuste no remunerativo a cuenta.
La alternativa de ajustar las tarifas eléctricas tampoco figuraba en los planes oficiales, dado que afecta al área electoralmente más sensible (Capital Federal y Gran Buenos Aires) para el matrimonio Kirchner. Allí, por otra parte, ya vuelven a reducirse en forma automática desde este mes los subsidios para los usuarios residenciales de mayor consumo (con un piso de 1000 kW/h bimestrales), como ocurrió el año pasado, aunque en este caso los mayores ingresos no van a las empresas eléctricas sino al Tesoro. Además, su impacto fiscal es relativo ya que la medida rige con múltiples excepciones (por ejemplo, para quienes no tienen acceso a agua potable o de gas en red) y con un recurso judicial de amparo a favor de quienes rechacen este esquema diferenciado. De todos modos, la menor proporción de subsidios puede significar una sorpresa desagradable para quienes últimamente compraron acondicionadores y electrodomésticos en planes de 50 cuotas, a la hora de recibir sus facturas de electricidad.
Según se comenta en el sector, el propio Lescano fue quien disparó el problema y quien inicialmente acercó una propuesta de solución, bastante complicada y costosa de instrumentar: aumentar sólo las tarifas correspondientes a los horarios de mayor consumo y presentarla como una forma de ahorrar energía. Esta vía, sin embargo, suponía reemplazar todos los medidores de luz, que no están preparados para diferenciar franjas horarias. De ahí que comenzaran a barajarse otras opciones más convencionales, como aplicar a las facturas un cargo fijo de entre 10 y 20 pesos según niveles de consumo eléctrico, o, directamente, un ajuste porcentual de un dígito a todos los usuarios, sin distinción de categorías. Esta última variante es la que menos convencía a Cristina Kirchner, temerosa de ver el título "tarifazo" en letras de molde, como suele decir.
Una prueba de que el tema formó parte de la agenda oficial es que se consensuó con la Casa Rosada la amplia campaña publicitaria desplegada por las compañías del sector (generadoras, transportistas y distribuidoras del área metropolitana) para demostrar que las tarifas han quedado tan rezagadas, que un día de consumo eléctrico les cuesta a los usuarios menos que un café, un alfajor o tres mensajes de texto. Otra, que el encargado de diseñarla fue Fernando Braga Menéndez, el publicista favorito del kirchnerismo. Aún así, los empresarios vinculados al sector eléctrico no saben si hablar del tema en tiempo presente o pasado. De hecho, con la campaña en los medios, el ministro Julio De Vido salió a descartar de plano la posibilidad de cualquier ajuste. Y, en su variante de radio y televisión, los avisos muestran un sugestivo cambio respecto de la publicidad gráfica: si bien sugieren que producir energía cuesta caro, no lo relacionan con los costos sino que invitan a evitar el derroche, como si las bajas tarifas subsidiadas fueran un incentivo para hacerlo.
Efecto bola de nieve
En esta omisión está la clave del problema. Días atrás, durante una exposición técnica realizada en el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, el ex secretario del área Alejandro Sruoga reveló que los subsidios estatales ya cubren el 61% del costo operativo de la distribución de electricidad en todo el país. En números, esto significa que frente a un costo promedio de 45 dólares por megavatio hora (MW/h), los usuarios pagan 17,7 dólares con las actuales tarifas (sin incluir impuestos) y el Estado se hace cargo del resto. Además, la proporción de subsidios cruzados es mayor en el área metropolitana que en el resto del país, donde las tarifas llegan a ser hasta tres y cuatro veces más altas. No obstante, el promedio equivale al 30% de la tarifa eléctrica de los países vecinos.
En el área de generación termoeléctrica el cuadro es similar, ya que muchas empresas no cubren sus costos operativos con los precios de venta regulados y congelados, pese a que el Estado subsidia el mayor costo de combustible para cubrir la escasez de gas a través de Cammesa (la operadora mayorista), que a su vez mantiene con el sector una deuda del orden de los 2800 millones de pesos.
Según otro ex secretario de Energía Daniel Montamat, el Estado gastará este año 11.000 millones de pesos en subsidios, más otros 6000 millones en combustibles líquidos, para mantener las tarifas congeladas, y propone un esquema gradual de salida de este esquema a tres o cuatro años de plazo para evitar que se torne explosivo.
Mientras la demanda de energía eléctrica está volviendo a crecer al 6 por ciento anual en 2010, más aumentan los costos y los subsidios estatales necesarios para cubrirla. El drama, sin embargo, es que esos costos no incluyen ningún componente para la expansión del sistema en el futuro que, según la estimación de Sruoga basada en cálculos oficiales, requerirá de inversiones (públicas o privadas) por 4100 millones de dólares en cada uno de los próximos 15 años.
