Tiempos preelectorales: las cuentas provinciales, en la encrucijada

En un año en el que varios gobernadores están pendientes de sus ambiciones políticas, se elevaría el déficit conjunto; tras los ajustes de 2014 hay necesidad de acelerar obras y mejorar salarios
Alejandro Rebossio
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8 de febrero de 2015  

En las últimas elecciones a gobernador de 2011 sólo en dos provincias el pueblo votó un cambio de partido gobernante. En 2015, gobernadores y fuerzas en el poder buscarán conservarlo, pero se agrega el incentivo de que varios se juegan sus aspiraciones presidenciales. Y quizá no haya mejor año para negociar aumentos salariales que cuando se celebran elecciones. De ahí que las finanzas provinciales estén pendientes de las paritarias docentes de este mes y de las posteriores negociaciones con empleados estatales, incluidos los de la salud y la seguridad. Sobre todo después de un 2014 en el que la inflación les ganó a los salarios, según reconoció hasta la kirchnerista Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). El estancamiento económico y la crisis de deuda con los fondos buitre tampoco ayudan a que las provincias naden en ingresos fiscales o financiamiento externo.

Varios precandidatos presidenciales gobiernan distritos: el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y los gobernadores de Buenos Aires, Daniel Scioli; Entre Ríos, Sergio Urribarri, y Córdoba, José Manuel de la Sota, cuatro de los siete principales distritos en términos de población. Además la suerte del precandidato presidencial socialista, Hermes Binner, depende de lo que pase en Santa Fe, otra de las provincias clave. Las otras son Mendoza y Tucumán.

Las provincias no vienen de un mal 2014 en materia fiscal. El año pasado registraron un déficit fiscal financiero de 0,3% del PBI, según coinciden en calcular el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral). Se trata de una porción menor del déficit calculado en 3,1% del PBI para la Argentina, incluidas las cuentas de la Nación y de las provincias, según el relevamiento a bancos y consultoras de la firma FocusEconomics. Las provincias mantuvieron el mismo déficit de 2013, pese a que una recesión como la sufrida en 2014 hubiese merecido una política fiscal contracíclica para aliviar el impacto en la población y la economía.

Es de esperar que no sólo las negociaciones salariales exijan menos moderación de parte de los gobiernos provinciales en 2015. El año electoral también será tiempo de aceleración de obras públicas, bastante ralentizadas en 2014. Presidenciables como Macri y Scioli se esfuerzan en estos días para planificar cortes de cintas en obras por aquí y por allá. En un país en el que muchas veces se critica la falta de planificación, si hay algo que se planea son las inauguraciones en año de comicios.

Es así como el déficit podría crecer en 2015 a un nivel de entre 0,4% y 0,7% del PBI, según pronostica el presidente del Ieral, Marcelo Capello, desde Córdoba. En la misma ciudad, el jefe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, prevé que las provincias enfrentarán este año una caída económica que les impedirá seguir subiendo la alícuota del impuesto a los ingresos brutos, como venían haciendo en años anteriores. Igualmente, sí han elevado las patentes y el tributo inmobiliario hasta un 40% promedio, un alza superior a la inflación de 37% de 2014 (según los índices provinciales que sigue la CTA kirchnerista). Es el caso del gobierno de Macri, que elevó hasta en un 50% el impuesto automotor, y el alumbrado, barrido y limpieza (ABL) hasta un 30%. "Las provincias están en mejor situación que la que podrían estar, pero eso no implica que en 2015 atraviesen turbulencias como la negociación de paritarias en año electoral", comenta Argañaraz.

El déficit de las provincias fue bajando desde un nivel de 5,1% de sus ingresos totales en 2011, hasta 1,2% en 2014, según el análisis del Cippec, elaborado por Lucio Castro y Walter Agosto. La mejora del año pasado fue posible, según Castro y Agosto, por tres factores que en 2015 difícilmente se repitan. Uno es que el gobierno de Cristina Kirchner repartió adelantos del Tesoro nacional (ATN) acumulados de años anteriores. El segundo es que hubo un aumento de la recaudación impositiva, de 4% del PBI en 2003 a 6% en 2013. Y el tercer factor fue el fuerte ajuste de las cuentas provinciales, que incluyó una caída de la inversión pública: mientras que en 2007 se alcanzó un 12% del gasto provincial, en 2013 ese índice fue de 9%.

El gasto en personal representa el 46,6% del total. La provincia y la ciudad de Buenos Aires rondan ese promedio, mientras que los mayores niveles se observan en Río Negro, Tucumán y Tierra del Fuego, y los más bajos en San Luis, Santiago del Estero y Formosa. Los ejemplos de estas dos últimas provincias dejan en claro que no necesariamente un menor gasto en personal es sinónimo de eficiencia y desarrollo económico.

Quienes quedaron exceptuados en 2014 del ajuste salarial fueron los policías. Después de las huelgas que dejaron liberadas las calles para saqueos en diciembre de 2013 -que son investigadas por la justicia por presunta extorsión a los gobiernos e incluso por supuesta participación e instigación de los desmanes-, algunos agentes terminaron más que duplicando su sueldo. Además, a fines de 2014 diez provincias repartieron un bono a sus empleados, para calmar los ánimos y disipar cualquier fantasma de nuevos saqueos como los que temía la Presidenta, según ella misma dijo.

Además de los salarios de la mayoría de los empleados estatales, ¿qué otras variables tuvieron ajustes en las provincias? Scioli, por ejemplo, ejecutó en los primeros nueve meses de 2014, es decir, en tres cuartos del año, solo un 36,8% del presupuesto de inversión pública, cuando a esa altura del año ya había erogado 76,2% de todas las partidas, según datos oficiales recopilados por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). Algo de esa inversión fue a la construcción del tercer carril de la autopista Buenos Aires-La Plata. Mientras que para entonces había consumido ya 91,4% del presupuesto de seguridad, apenas había usado 41,3% del de promoción social. No por nada marcharon los referentes de hogares de niños a La Plata. En vivienda había ejecutado la mitad del dinero; en saneamiento ambiental, 58,1% y en agua potable y alcantarillado, 27,4%.

Macri, en tanto, había gastado hasta septiembre 49,8% de la inversión pública prevista, frente al 62,5% de nivel de ejecución de todo el presupuesto. En vivienda sólo había erogado 44,2% de lo presupuestado, en un año en el que la Corriente Villera Independiente armó en el Obelisco una carpa por la urbanización de las villas. En agua potable y alcantarillado gastó 39% de lo previsto. En transporte, 44,9%. Parte de ese dinero fue a la construcción del metrobús de la avenida Cabildo. Sin embargo, sólo el 2,5% del presupuesto del programa de Transporte Masivo de Buses Rápidos se había ejecutado hasta septiembre, según datos oficiales recopilados por ASAP. El plan de Ordenamiento del Transporte de Pasajeros y Cargos se había ejecutado en un 13,1%.

En Córdoba, De la Sota había ejecutado en los primeros nueve meses 52,2% de la inversión pública prevista, frente al 76,8% de ejecución del gasto general. En seguridad había erogado ya 91,1%, como consecuencia del confllicto policial de fines de 2013. En transporte se daba uno de los menores niveles de ejecución (54,7%).

En la provincia del socialista Antonio Bonfatti, ASAP advierte que hay poco detalle de información sobre el nivel de ejecución del gasto. Al menos, se puede observar que a septiembre se había erogado 49,3% de la inversión pública prevista (el nivel es igual que el de la ciudad de Buenos Aires, inferior al de Córdoba y superior al de la gestión bonaerense).

En la Entre Ríos de Urribarri se había ejecutado 50,4% de la inversión. El gasto en seguridad había ido más allá de lo presupuestado: llegaba a 107,5%, en otra muestra de que se cedió ante la presión policial. Entre Ríos tampoco ofrece información más detallada.

Aún no se dispone de datos sobre el resultado fiscal de cada provincia de 2014, pero los de 2013 son un indicador de cuáles se presentan como las más superavitarias y más deficitarias. San Juan, San Luis, La Pampa y Córdoba lograron el mayor superávit en relación con sus ingresos. Jujuy, Misiones, Río Negro y la ciudad de Buenos Aires experimentaron los más altos déficits. Habrá que ver qué sucede en 2015, cuando por primera vez en más de 12 años,alguien sin el apellido Kirchner comience a gobernar.ß

Uno de los asuntos esenciales ante el previsible aumento del déficit fiscal de las provincias será cómo financiarlo. El jueves pasado se oficializó la renegociación de deudas por tres bonos de 17 provincias con la Nación, que abarca los compromisos del primer trimestre. De a poco el gobierno de Cristina Kirchner irá negociando con los gobernadores los siguientes vencimientos, en lo que analistas políticos consideran una clave de su poder en el interior.

La ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba, Santa Fe, San Luis y las kirchneristas Santiago del Estero, Formosa y La Pampa no renegociaron. La mayoría carece de deudas con la Nación por esos títulos. Córdoba sí las tiene, pero se autoexcluyó del pacto que benefició sobre todo al gobierno de Daniel Scioli.

Las transferencias discrecionales de la Nación a las provincias son otro medio para ayudar a algunas. No obstante, representan 11,7% del total del dinero girado por el Gobierno.

La otra fuente de financiamiento es la colocación de deuda en los mercados. Desde 2013 las provincias han recurrido más a esta opción y lo han hecho incluso en mercados internacionales, con emisiones en dólares o en pesos ajustables a la evolución de esa moneda (los bonos dólar-linked). Estas colocaciones se hicieron pese al riesgo de devaluación, que de hecho se concretó en enero de 2014.

El Cippec analiza en un informe las deudas de seis de los siete principales distritos en términos de población y concluye que Santa Fe es el menos endeudado, con un pasivo inferior a 4% de sus ingresos. Del otro lado está la provincia de Buenos Aires, con una deuda equivalente a casi la mitad de sus recursos. En Córdoba y Mendoza representa un tercio, y en Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires, un cuarto.

¿Qué porcentaje de esas obligaciones están nominadas en pesos y libres del riesgo de devaluación? Solo 1,8% en Santa Fe, aunque su deuda es muy baja. Apenas 2,7% en la ciudad de Buenos Aires. En cambio, el nivel alcanza 56,2% en Entre Ríos, 44,7% en Mendoza, 40,2% en territorio bonaerense y 37% en Córdoba.

En 2015, estos seis distritos afrontan pagos en dólares o pesos dólar-linked por 24.400 millones de pesos. La gran mayoría está en la tierra de Scioli (16.000 millones) y la de Mauricio Macri (5600 millones). El gobierno porteño sondea a inversores en Londres, Boston, Los Angeles y Nueva York para colocar bonos.

La crisis de deuda por el juicio de los fondos buitre cerró la canilla de financiamiento externo para las provincias. La ciudad de Buenos Aires, que no entró en default, busca abrir camino. YPF esta semana lo hizo, pero consiguió dos tercios de lo deseado. No es una buena coyuntura mundial: el fin de la política monetaria flexible de EE.UU. apreció el dólar y alejó a los capitales de los países emergentes.

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