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Un fallo que abre expectativas
El fallo emitido ayer por la Corte Suprema se enmarca en el trámite de una demanda presentada por la Defensoría del Pueblo de la Nación. El organismo pidió años atrás que la Justicia le ordenara a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagar a todos los jubilados a quienes les corresponda sus haberes mensuales actualizados según el criterio determinado en el fallo Badaro, que dictaron los jueces supremos en 2007.
El defensor del Pueblo a cargo, Anselmo Sella, dijo ayer en diálogo con La Nacion que el pedido de informes elevado por los jueces al organismo previsional parece ser el mecanismo por el que la Corte busca informarse sobre los efectos que tendría dictar una medida para que lo dispuesto en el caso Badaro se aplique de manera expansiva. El reclamo de datos, de todas formas, es amplio y contempla varios aspectos de la judicialidad previsional.
Según el fallo Badaro, los haberes jubilatorios debieron haber subido entre 2002 y 2006, en igual porcentaje que los salarios de los trabajadores activos. Esto se traduce en que, por ese período, las jubilaciones deberían haber recibido un incremento de por lo menos el 88,5 por ciento. Durante esos años, la decisión política fue elevar la jubilación mínima, pero dejando a la vez sin aumentos, o con subas muy insuficientes, a cientos de miles de pasivos, que así fueron perdiendo poder adquisitivo por efecto de la inflación. Quienes en 2002 cobraban $ 1000 o más fueron los más perjudicados: sufrieron un recorte real de sus ingresos mayor al 50 por ciento.
Si la Corte dictara un fallo favorable a la demanda hecha por la Defensoría, se beneficiarían todos los jubilados que no hayan hecho juicio o tengan un reclamo en trámite. El porcentaje del ajuste variaría según la cuantía del haber previsional -ya que de eso depende el nivel de recomposición recibido por aquellos años- y del momento en que la persona se jubiló.
En marzo pasado, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, emitió un dictamen en el que recomendó admitir el recurso extraordinario presentado en este caso por la Defensoría. Los antecedentes fueron un fallo de primera instancia en el que se admitió la legitimidad del defensor para hacer la demanda, y una posterior sentencia de la Cámara, que entendió que el reclamo no era válido. Y así fue como el tema llegó a la Corte Suprema.
"La Corte está pidiendo una serie de datos y da la impresión de que los tomaría en cuenta para informarse de los efectos que tendría la medida pedida", sostuvo Sella, quien agregó tener "expectativas muy importantes". Una respuesta positiva de los jueces a la demanda evitaría que los jubilados se vean obligados a recurrir a la Justicia para cobrar lo que ya se estableció que les corresponde.
Tras el dictado del fallo Badaro, la judicialidad se elevó fuertemente: tras esa sentencia y en respuesta a una orden dada también por la Justicia, el Gobierno promovió una ley de movilidad jubilatoria, pero no solucionó el problema del retraso que, al momento de ponerse en vigor ese sistema de ajustes periódicos y automáticos, tenían acumulados los ingresos de muchos pasivos.
Esa situación, sumada a otras como problemas en el cálculo del haber inicial, provocó una litigiosidad récord. La problemática se agrava por las demoras de la Anses en liquidar las sentencias.
Sin cumplimiento
En relación con este último punto, el abogado Guillermo Jáuregui observó ayer que varios de los puntos del pedido de información exigida a la Anses son temas incluidos en el compromiso que, en noviembre de 2009, firmó el Estado argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para mejorar el pago de los litigios. Entre otros aspectos, el acuerdo se refiere a cumplir con la obligación legal de liquidar sentencias en 120 días a partir de la notificación, y con la decisión de no apelar los fallos favorables a los jubilados, cuando se trata de causas sobre las que la Corte ya dio su palabra. Sin embargo, ese pacto se estaría cumpliendo sólo parcialmente. Y en lo que va de este año, la Anses sólo puso al pago 3755 causas, bastante menos que la mitad de las que ya llevaba liquidadas el año pasado para esta misma época.
En la Anses, hay más de 14.000 expedientes sin pagar, y más del 60% están excedidos del plazo legal para su liquidación. Las demoras o incumplimientos provocan a su vez los juicios por ejecución de sentencia. Tras conocerse el fallo de ayer, La Nacion quiso tener la palabra de la Anses sobre el tema, pero no hubo respuesta.
