Un gobernador opositor cambia de postura y busca adherir al RIGI tras perder más de 5000 empleos
Gustavo Melella impulsa el régimen de inversiones en la Legislatura mientras Tierra del Fuego atraviesa una fuerte caída de puestos de trabajo fabril y una situación de ahogo financiero; apuesta a energía y acuicultura
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La crisis de la industria local y el deterioro del empleo empujaron al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, a revisar una de sus principales oposiciones económicas frente al Gobierno nacional: la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El mandatario provincial, que en un inicio rechazó abiertamente el esquema impulsado por la administración Milei, ahora busca que la Legislatura local apruebe el ingreso de la provincia para intentar atraer proyectos vinculados a energía, hidrocarburos y otras actividades productivas.
“Al principio estaba en contra del RIGI, pero nos convencimos de que es importante para las inversiones”, admitió Melella durante una rueda de prensa en Tierra del Fuego, en el marco de la inauguración del parque eólico de TotalEnergies en Río Cullen. El gobernador señaló que la provincia recibió asesoramiento de los economistas Miguel Peirano y Martín Redrado para avanzar con el proyecto.
El movimiento también expone un cambio político relevante en Tierra del Fuego. Melella, que llegó al poder a partir de la asociación de su espacio con el kirchnerismo -el partido radical FORJA- y durante años defendió el esquema de protección industrial fueguino frente a los intentos de apertura económica, ahora impulsa una herramienta promovida por el Gobierno de Milei para atraer inversiones privadas. El giro ocurre además en medio de crecientes tensiones con sectores de La Cámpora y del peronismo local, en un contexto de deterioro económico y pérdida de empleo.
El contexto económico es crítico para la región más austral del país. Según datos provinciales y estimaciones oficiales, Tierra del Fuego perdió alrededor del 45% de los puestos de trabajo industriales desde el inicio del gobierno libertario. Melella habló de unos 5000 empleos menos y describió una situación crítica, especialmente en el sector textil, donde aseguró que la actividad está “prácticamente destruida”.
“Estamos en recesión, le guste a quien le guste. No hay consumo. La gente tiene que priorizar comer o comprar un medicamento antes que cambiar un aire acondicionado o un televisor”, afirmó el mandatario. También cuestionó la apertura importadora y sostuvo que la provincia necesita “ampliar la matriz productiva” para compensar la caída de sectores tradicionales.
La discusión refleja una tensión cada vez más visible en la provincia: cómo sostener un régimen industrial pensado para abastecer el mercado interno en una economía con caída del consumo, apertura importadora y menor protección estatal, mientras el sector energético gana protagonismo como posible motor de crecimiento.
En ese esquema, el Gobierno fueguino busca potenciar principalmente el desarrollo energético. Melella destacó el crecimiento de la actividad hidrocarburífera y remarcó que Tierra del Fuego tiene “los mejores vientos de la Patagonia” y la particularidad de ser “la única provincia que no está conectada al Sistema Argentino de Interconexión”. El mandatario también mencionó oportunidades en acuicultura y agroindustria.
La apuesta energética se volvió más visible tras la inauguración del parque eólico de TotalEnergies en Río Cullen, considerado el más austral del mundo. En paralelo, la provincia busca recuperar producción petrolera luego de la salida de YPF de áreas convencionales locales, que ahora quedaron bajo control de la empresa provincial Terra Ignis junto con un socio privado.
Sin embargo, la adhesión al RIGI genera tensiones dentro de la propia dirigencia fueguina. El intendente de Río Grande, Martín Pérez, perteneciente al Partido Justicialista (PJ), cuestionó el rumbo económico nacional y rechazó que el régimen pueda representar una solución estructural para la provincia.
“La situación es muy delicada. Este modelo que impuso Milei nos golpeó mucho”, aseguró el jefe comunal que también tiene aspiraciones a la gobernación de Tierra del Fuego. Según sus estimaciones, en Río Grande se perdieron cerca de 4000 empleos industriales y otros miles vinculados indirectamente al entramado fabril. Pérez vinculó el deterioro a la caída del consumo interno y a la apertura importadora, especialmente después de la reducción de aranceles para celulares.
“No estoy de acuerdo con el RIGI en Tierra del Fuego. Nosotros tenemos condiciones muchísimo mejores. Hay una ley económica que tiene más beneficios que el propio RIGI”, planteó el intendente, quien consideró que la adhesión sería “más simbólica que efectiva” y apuntó contra lo que definió como un intento de “congraciarse con el Gobierno nacional”.
Las empresas electrónicas también describen un escenario complejo. Desde Afarte —la cámara que agrupa a las principales fabricantes de electrónica radicadas en la isla— señalaron que la demanda continúa deprimida y alertaron por el impacto creciente del contrabando de celulares.
“Uno de cada tres celulares que se vende en la Argentina no fue fabricado en el país ni ingresó legalmente”, explicaron desde la entidad empresaria. Según indicaron, el mercado enfrenta además problemas de financiamiento y pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, incluso en un año mundialista que históricamente impulsaba las ventas de televisores y electrónica.
La discusión sobre el futuro productivo de Tierra del Fuego también ocurre en medio de cuestionamientos crecientes al histórico régimen de promoción industrial de la isla, creado en 1972 para impulsar el poblamiento y la actividad económica en la provincia. En un informe reciente sobre América Latina, el Banco Mundial calificó al esquema fueguino como un caso de “política industrial fallida” y estimó que tiene un costo fiscal anual de unos US$1070 millones.
El organismo sostuvo que el régimen permitió sostener actividad y población en la provincia, pero advirtió que no logró generar “mejoras tecnológicas o de productividad significativas” y que muchas empresas continúan siendo viables principalmente por los beneficios fiscales y aduaneros.
En ese contexto, el debate sobre el RIGI quedó atravesado por una discusión más amplia: cómo redefinir el perfil productivo de Tierra del Fuego en medio de la crisis industrial, la apertura económica y el avance del sector energético como nueva apuesta de crecimiento.
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