Un freno dos pasos antes del abismo para sostener la promesa de un segundo gobierno

El programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no devolverá la confianza, por lo menos mientras dure el “primer” gobierno de Alberto Fernández.

No se trata de una opinión de la oposición política o de analistas financieros. Es la sentencia consensuada entre el Ministro de Economía, Martín Guzmán, y el organismo que conduce Kristalina Georgieva. Pese a la reestructuración de la deuda privada en dólares y al acuerdo con el Fondo, el Memorando de políticas económicas y financieras establece un “retorno gradual a los mercados internacionales a partir de 2025″. El FMI hubiera querido esa vuelta al mundo ya para cualquier país. No será así para la Argentina. Será clave, sí, desde fines de 2024, para que el país pague sus deudas tanto a los privados (los bonos Guzmán) y más adelante, al propio Fondo.

Las dudas iniciales sobre el programa y su cumplimiento –cristalizadas en el actual riesgo país- terminan con la admisión oficial de que restablecer la confianza en la Argentina es un trabajo más profundo que sólo patear vencimientos, por más grandes que estos sean.

De esta definición se desprende que el acuerdo con el Fondo es un mínimo balizamiento de un camino de variables macroeconómicas que servirá para evitar una debacle económica, inflacionaria y social que podría acarrear la mora (arrears, según la jerga) de la deuda con el organismo internacional de crédito. Los problemas de la economía argentina vuelven a procrastinarse -el aplazamiento es el ideario albertista- para que el Gobierno mantenga sus posibilidades políticas en 2023. Es una realidad avalada hoy, además, por el FMI y por la oposición, con un posible voto afirmativo en el Congreso.

Juntos por el Cambio está en una encrucijada. No puede avalar un default; no quiere avalar el programa del Gobierno. Pero se hagan las modificaciones que se hagan en el proyecto de ley, el voto afirmativo para tomar el financiamiento derivará en el plan que diagramó Guzmán. Ese programa contradice la última campaña política de la oposición. La reducción del déficit vía ingresos generará mayor presión fiscal al sector privado. Pese a los pedidos del Fondo de incentivar el desarrollo de las empresas, el oficialismo buscará aumentar el músculo estatal.

Más allá de la sobreactuación progresiva con Bienes Personales y el inmobiliario (afectados por el revalúo) o los cambios en el impuesto a los combustibles, la mejora de la recaudación vendrá por el encadenamiento de empleo, salarios y consumo vinculados a la inflación. Serán más aportes y contribuciones patronales si el empleo asalariado registrado crece (el privado seguía en diciembre abajo de 2019) y gracias a la fuerte variación de los sueldos al son de los precios. La inflación ayudará muy fuertemente también al IVA. El Gobierno deberá poner un ojo en el impacto de los salarios y la recaudación en las jubilaciones.

Por otra parte, la ventaja de aumentar las tarifas es que mejorará la recaudación de los impuestos asociados a las facturas de los servicios públicos. El año pasado ya se dieron pasos: el Gobierno dio luz verde a incrementos en ganancias para empresas y a Ingresos Brutos y Sellos en las provincias. El oficialismo no contará -por ahora- con el llamado “impuesto a la riqueza” de Máximo Kirchner y Carlos Heller.

Los rumores entre los tributaristas VIP mencionaban la posibilidad de que el Gobierno tratara de subir algunos escalones de la alícuota de Ganancias para personas humanas o de imponer nuevamente el “aporte voluntario” a las grandes fortunas. Ninguno podría ser aprobado por el Congreso. Las versiones, claro, también incluían la posibilidad de sumar un gravamen a la herencia o las donaciones en las provincias
y de volver a aumentar los derechos a la exportación al campo.

Guzmán negó en el Congreso que “dentro del marco” del programa con el FMI se piensen en mayores retenciones al campo en medio de la estampida que sufren los precios internacionales. Media hora después de esa afirmación, por Twitter, Leopoldo Moreau pidió “retenciones móviles” para granos y la carne. Moreau es Cristina. Mientras tanto, el secretario de Comercio Interior, y hombre de la vicepresidenta, Roberto Feletti, “desacopla” con fideicomisos varios. Vicentin, Precios Máximos, telecomunicaciones como servicio público, la amenaza de un nuevo sistema de salud, el impuesto a los envases, la empresa nacional de alimentos. Todo sigue en la memoria.

La confianza interna

Los mercados internacionales no serán una opción hasta 2025. ¿Confiarán los actores privados locales con cepo cambiario y restricciones a las importaciones? ¿Comenzarán a demandar pesos con una aceleración del crawling peg y la suba de tarifas? ¿Aceptarán el ancla de expectativas inflacionarias que propone Guzmán en medio de acuerdos de precios y las amenazas oficiales? ¿Las Leliq podrán convertirse en inversiones genuinas, como quiere Pesce, con subas de tasas?

Si esa confianza no se restablece, ¿alcanza la receta ortodoxa pero gradual de Guzmán de bajar el déficit, reducir la emisión, subir las tasas de interés para normalizar la brecha cambiaria? ¿Es sustentable, de esta manera, la deuda argentina a mediano y largo plazo? Demasiadas dudas. En ese contexto, el restablecimiento de la confianza de los argentinos es, de hecho, una moneda en el aire: un factor suerte (que, en el caso argentino, eso se traduce identificando el precio de las commodities al momento y las tasas de la Fed). Si las cosas salen mal, la elevada inflación ayudaría a financiar al Gobierno y a ajustar las cuentas. Es una manera de acolchonar un posible exceso de nominalidad para la economía. Es por eso, quizás, que aún falta el respaldo de la principal cámara empresaria del país al acuerdo con el Fondo. Allí, por ahora, hay mucha cautela.

Guzmán se dobla, pero no se rompe. Pese a las críticas que se multiplican desde La Cámpora y de la oposición, el ministro resistió y cerró. ¿El mejor programa? Uno “realista”, dijo el Fondo. El que se pudo. ¿Tarde? Sí, por Cristina Kirchner, que pidió 20 años para pagar y bajas de tasas. Tarde porque el cristinismo buscó gambetear un acuerdo en año de elecciones legislativas. El ministro avanzó sin ninguno de esos reclamos. Incluyó en la carta de intención el pedido de pasar a un programa mejor si este existiera en el futuro, pero, si eso pasara, el Gobierno no saltaría automáticamente: debería volver a encarar todo el proceso y lograr aprobación del board.

Hasta que retorne la confianza, si hay viento de cola en 2025, la “maquinita” y la deuda local asistirán al Tesoro gracias al cepo. Pero Guzmán incluyó un ruido a la principal bandera del kirchnerismo. En la agrietada guerra por la deuda y su denominación -y pese a que el ministro dijo que no emitirá nuevamente bonos en dólares para salvar a fondos “atrapados”- recibirá 0,7% del PBI del FMI (lo que se había devuelto del Stand-By) para usar como gasto corriente y se endeudará en US$2600 millones sólo en 2022 con organismos multilaterales de crédito. Eso sí, esto último no sería para pagar deuda, sino para no tener que reducir el gasto real en obra pública. Aunque en el mundo económico se sabe: en última instancia, el dinero es fungible.

Por Francisco Jueguen

• Comunidad de Negocios

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