Uruguay: el Gobierno de Lacalle Pou tomó una nueva medida para atraer a más inversores argentinos

Desde fines del mes pasado quien invierta en la construcción de inmuebles tendrá beneficios fiscales a partir de un desembolso de aproximadamente US$2,25 millones
Desde fines del mes pasado quien invierta en la construcción de inmuebles tendrá beneficios fiscales a partir de un desembolso de aproximadamente US$2,25 millones Fuente: AFP
María Julieta Rumi
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2 de diciembre de 2020  • 14:51

Después de la extensión de las "vacaciones fiscales" de 5 a 10 años, el gobierno de Luis Lacalle Pou emitió una nueva señal para atraer a inversores argentinos y bajó el piso de la inversión necesaria para acceder a los beneficios fiscales por construcción de inmuebles en Uruguay.

A partir de un decreto publicado el 24 de noviembre pasado, con que inviertan aproximadamente US$2,25 millones los inversores o desarrolladores acceden a una exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (Impuesto a las Ganancias) equivalente a un porcentaje de la inversión que realicen; una exoneración de los tributos en la importación de equipos, máquinas y materiales; un crédito del IVA incluido en esas adquisiciones; y una exoneración del Impuesto al Patrimonio de los bienes inmuebles por ocho años si el proyecto se ubica en Montevideo y de 10 años si se radica en el Interior del país.

"Lo que pasó es que de una inversión de US$14 millones se pasó a una de US$7 millones y ahora a una de US$2 millones. Se bajó el umbral, pero, más allá de la baja en materia numérica, con esta medida se van a abarcar más obras. Es una baja más, pero es relevante porque ayuda a que se construya más y se genere más trabajo", explicó a LA NACION Fabián Birnbaum, founding partner de FBM Advisory.

Cabe recordar que, en 1998, Uruguay sacó la Ley 16.906 de promoción de inversiones que, en principio, excluyó a la construcción porque uno de los requerimientos era que, para tener los beneficios, las inversiones extranjeras tenían que mantenerse durante 10 años, cuando los proyectos inmobiliarios están más pensados para desarrollarse y venderse más rápidamente.

Sin embargo, en 2011, salió la Ley 18.795, que promovía las inversiones en viviendas sociales a través de exoneraciones tributarias tanto para el constructor como para el consumidor final.

Y en 2016 se buscó revertir una racha negativa en la construcción con el decreto 329/016 que daba beneficios tributarios a obras que requirieran un mínimo de inversión de 123 millones de UI (unidad indexada), unos US$13,85 millones aproximadamente.

"Este monto excluía a la mayoría de las obras, ya que solo podía aplicar alguna en Punta del Este o Montevideo", afirmó Birnbaum, y completó que este año se bajó dos veces el monto mínimo: primero con el decreto 138/020 en abril pasado a 60 millones de UI (aproximadamente US$6,75 millones) y luego con este último a 20 millones de UI (unos US$2,25 millones).

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