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Usan entes privados para pagar sueldos estatales
Con lo que ingresa por trámites oficiales, contratan empleados y abonan sobresueldos
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Aunque parezca mentira, hay empleados de la administración pública nacional, cuyos sueldos no los paga el Tesoro.
De hecho, dos tercios de las personas que trabajan en el Ministerio de Justicia cobran sus haberes en los llamados "entes cooperadores", organismos que recaudan y administran fondos por distintos servicios y que funcionan como "cajas" por fuera del presupuesto, a través de las cuales el Gobierno puede pagar salarios, contratar servicios, adquirir bienes y hasta abonar sobresueldos a sus empleados.
No menos llamativo es el hecho de que es un sistema perfectamente legal que funciona desde hace décadas, aunque la Sindicatura General de la Nación (Sigen) ha señalado en reiteradas ocasiones irregularidades e incongruencias en el manejo de estos fondos, estimados en más de $ 500 millones anuales por fuentes extraoficiales del Ministerio de Economía.
El origen de este circuito extrapresupuestario es el arancel que se paga por los formularios que deben completarse para efectuar un trámite en alguno de los registros públicos que dependen del Ministerio de Justicia: el de la Propiedad del Automotor, el de la Propiedad del Inmueble, el de las Armas (Renar) y la Inspección General de Justicia (IGJ), entre otros.
Ello explica por qué el formulario 01 para la inscripción inicial de un auto cuesta $ 98 o que los tres formularios necesarios para registrarse como usuario legítimo de un arma valgan $ 75. Estos valores son independientes de las tasas que se apliquen en cada caso: es el costo que se paga nada más que por el papel impreso. "En realidad, son cargas de impuestos disfrazadas para que no vayan a Rentas", dijo una fuente que interviene en el proceso.
Esa recaudación se destina al llamado "fondo de cooperación técnica y financiera" y es administrada por diversos entes cooperadores (Acara, la asociación de concesionarios, para el caso de los automotores, y el Colegio de Escribanos, para la propiedad inmueble, son algunos).
Una parte de esos recursos se destina a solventar los costos administrativos que surgen de la prestación de los servicios de los entes, pero la mayor porción se destina a los gastos que disponga el Ministerio de Justicia (principalmente, sueldos e incentivos). La ley, además, autoriza a los entes cooperadores a retener hasta el 10% de la recaudación, una vez reducidos los gastos específicos (aunque en algunos convenios la comisión se redujo al 5%). Estas comisiones pueden ascender a los 15 millones de pesos anuales, según admitieron en Acara sobre la base de la recaudación del ente.
En su último informe sobre el Ministerio de Justicia, en septiembre de 2007, la Sigen señaló que hay "una inadecuada apreciación de la naturaleza jurídica de los fondos administrados por los entes cooperadores" y una "insuficiente justificación de los montos erogados en conceptos de honorarios", entre otras presuntas irregularidades.
Pero además alerta sobre otro aspecto controvertido: "La asignación de incentivos se ha ido generalizando a todas las áreas y niveles del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, además de extenderse a otras dependencias del Poder Ejecutivo nacional".
Los incentivos son, en la práctica, sobresueldos, que permiten que el haber promedio de los funcionarios del Ministerio de Justicia sea superior al de otras dependencias de la Administración. Están previstos en el artículo 4° de la ley 23.283, sancionada en 1985, que regula los contratos de cooperación técnica del Registro de la Propiedad Automotor.
La generalización de los incentivos es tal que uno de los reclamos de los gremios estatales es que sean incorporados al salario en blanco (pese a que hoy, por ejemplo, no tributan ganancias). Un ex funcionario de Justicia contó que "en muchos casos los incentivos superan el sueldo que paga el ministerio".
¿Qué porcentaje del presupuesto de Justicia representan estos fondos? Algunas estimaciones hablan de cerca del 50% (sin contar el gasto de las fuerzas de seguridad). Fuentes gremiales calculan que de los 4300 empleados que hoy dependen del ministro Aníbal Fernández, casi 3000 cobran en los entes cooperadores. Las fuentes oficiales del ministerio no pudieron confirmar estos números, pese a las reiteradas consultas de LA NACION.
"Las sucesivas administraciones han puesto todas las trabas posibles para no cambiar el sistema, porque les posibilita manejar dinero con casi nulo control. El de Justicia es el único ministro que puede manejar una suma tan importante de manera discrecional", dijo Pablo Sanseverino, secretario de la Organización de la Asociación de Trabajadores del Estado.
En los entes reguladores defienden el sistema y explican que la administración privada de los fondos permite concretar numerosas mejoras para el Ministerio y, además, hacer que los trámites en los registros sean más expeditivos. "Hoy, con los papeles en regla, la transferencia de un auto puede salir en un día", se defienden en Acara. "Los incentivos sirven para mejorar la productividad de los empleados", sostuvo un directivo del Colegio de Escribanos.
El carácter extrapresupuestario de estos fondos permite eludir los mecanismos habituales de asignación de partidas y de control, aunque un decreto del ex presidente Fernando de la Rúa creó un sistema de auditoría específico para estos recursos. Sin embargo, la Comisión Fiscalizadora que los controla está integrada por funcionarios del Ministerio de Justicia, el mismo que se beneficia con las partidas más flexibles y los incentivos.
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