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Ventajas y desventajas de vivir al día
Por encima de la superficie, todo está fantástico. El presidente Néstor Kirchner completa su tercer año de gobierno con un aparato productivo tan activo como el político y sindical que se espera movilizar hacia la Plaza de Mayo el próximo jueves. Los indicadores sociales también muestran una notoria mejoría con respecto a la crisis de 2002, si bien pierden contra cualquier otra comparación histórica. Pero eso pertenece al pasado. Si no fuera por la inflación, que triplica los niveles promedio de los años 90, aunque equivale a una décima parte de los 80, la fiesta sería completa.
Los problemas tienden a minimizarse cuando la economía muestra un crecimiento tan alto como el de los últimos tres años, al que seguramente se sumará 2006 con un alza del PBI no inferior al 8%. Las empresas en general facturan y ganan más, lo mismo que buena parte de los asalariados en blanco y muchos dólares salen de los colchones para volcarse al consumo o la inversión. Pero eso no quiere decir que no existan ni que quienes los mencionen se conviertan automáticamente en opositores o agoreros.
Además del viento a favor del contexto económico internacional, el Gobierno ha tenido el mérito de mantener dos poderosos antídotos contra las crisis que en el pasado causaban estragos. Los superávit gemelos, junto con la reestructuración de la deuda, le aseguran recursos fiscales y divisas que históricamente resultaron escasos.
A partir de estas bases, se ha dedicado a vivir al día. Si recauda más, gasta más. Si la actividad económica crece, se encarga de estimular la demanda, aun por encima de lo que podría responder la oferta. La inversión viene creciendo, pero por detrás de la mayor demanda interna y externa; no por delante. Si eso causa mayores presiones inflacionarias, se ocupa de atacar los efectos con acuerdos, controles, subsidios o intervenciones en los mercados. De ahí que los precios pasen a ser un dato político y no un resultado de desequilibrios de oferta y demanda, pese a que muchos sectores ya trabajan casi al máximo de su capacidad.
Vivir al día tiene sus ventajas. Los espectaculares indicadores económicos del período 2002/2006 hacen que el PBI ya supere en el 11% los niveles de 1998. Y aunque la mayor desigualdad en la distribución del ingreso (producto de la desocupación y el alto empleo en negro) no permita a todos los sectores percibir sus beneficios, la mejora produce un alto rédito político que Kirchner se ha encargado de capitalizar. Ahora va por más.
Horizontes cercanos
Sin embargo, vivir al día también tiene sus desventajas. Hasta ahora los problemas fueron tipificados como herencias del pasado o incomprobables conspiraciones internas o externas. Si Kirchner aspira a la reelección, más temprano que tarde deberá ocuparse de mantener de manera sustentable el alto crecimiento que se ha convertido en el sello de su gobierno. Para eso necesita que la inversión productiva siga aumentando y que la inflación tienda a bajar. Para que las empresas inviertan hace falta un horizonte de certidumbre. Y es aquí donde aparecen los problemas derivados de la falta de una visión estratégica.
La política de precios es uno de ellos. Nadie invierte bajo amenaza. Ni tampoco si las reglas van cambiando mes a mes, según cómo evolucionen los índices inflacionarios. La prohibición de exportaciones de carnes fue un punto de inflexión en este sentido. Un error que el Gobierno estuvo a punto de repetir con el trigo y que, al menos por ahora, pudo evitar con una negociación. Los acuerdos de precios pueden aportar algunos meses de índices con "cero coma". Pero perpetuarlos u obsesionarse con el cero, a secas, sólo contribuirá a reprimir inflación si el Gobierno mantiene políticas expansivas de gasto. En una economía dinámica, algunos precios suben y otros bajan. Si se pretende congelar el cuadro, lo más probable es que todos tiendan a subir por las dudas, aunque los superávit gemelos eviten que se disparen como en el pasado. Una inflación de dos dígitos (por más que sean bajos) resucita prácticas indexatorias, debilita el consumo y desalienta la inversión, además de aumentar la deuda pública a largo plazo, ya que 40% del total reestructurado está pesificado y ajustado por CER, el mismo mecanismo que se aplica a los alquileres.
La cuestión energética es el segundo gran problema, porque también aquí reina la improvisación. El PBI creció 39% en los últimos cuatro años pero la capacidad de generación eléctrica sigue siendo la misma. El sistema no sólo está operando al límite (incorporando inclusive máquinas obsoletas), sino con combustibles más caros. La industria y el comercio afrontan parte de ese costo, pero no tienen certeza de abastecimiento ni de precios a futuro, lo cual frena proyectos de inversión.
Mientras tanto, el Estado subsidia tarifas residenciales bajas aun a quienes pueden pagar ajustes. Y la aplicación de cargos tarifarios en forma discrecional para financiar nuevas obras no mejorará su eficiencia. Para eso vale un antecedente: cuando estén en marcha hacia 2008 las demoradas centrales eléctricas de ciclo combinado, que se instalarán capitalizando deudas estatales, esta tardía oferta adicional ya no alcanzará para cubrir la mayor demanda si la economía sigue creciendo como hasta ahora.
El tercer gran nubarrón en el horizonte económico pasa por la legislación laboral, que en la semana última generó la primera queja articulada de una decena de entidades empresarias, para oponerse a los proyectos legislativos de reforma que la tornarán más rígida y costosa, especialmente para las pymes. Quienes formularon el planteo creen que no reaccionaron tarde, sino que el Gobierno actuó demasiado rápido para que fuera un hecho consumado la primera ley, que modifica el régimen de contrato de trabajo y reactiva la industria del juicio ante cualquier cambio de hábitos dentro de una empresa. De ahí que tampoco tengan claro cómo actuará la Casa Rosada de aquí en más. Llamó la atención que participara la asociación de bancos nacionales (los extranjeros no fueron incorporados a la lista que preparó el diputado Héctor Recalde, asesor de la CGT), pero la inquietud del sector puede tener su explicación en un efecto indirecto y poco difundido: si avanza esta contrarreforma laboral, las pymes serán mucho más riesgosas como objeto de crédito, ya que cualquier juicio por despido o accidente de trabajo puede enviarlas a la quiebra. Y aun en ese caso el acreedor privilegiado es la AFIP. Aunque este paquete legislativo sea la contrapartida del techo salarial que el Gobierno acordó con la CGT, está a contramano de los objetivos de promover a las pymes, favorecer el crédito para inversión y bajar el empleo en negro que afecta al 45% de la población activa.
Seguramente estos frentes de tormenta no aparecerán en los discursos de Plaza de Mayo. Pero vivir al día no hace aconsejable desentenderse de las consecuencias para los años siguientes de los problemas que hoy surgen por oportunismo político. Sobre todo si quienes los generan pueden ser los mismos que vayan a recibirlos.
