Vuelve un clásico: puja entre el PAMI y los laboratorios por una deuda millonaria

Crédito: Prensa PAMI
José Luis Brea
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11 de julio de 2019  • 19:55

La onda expansiva de la bomba cambiaria del año pasado todavía se hace sentir bien entrado 2019 y afecta por igual a los sectores privado y público. Es el caso de la obra social de jubilados y pensionados, el PAMI, que arrastra una deuda de unos 4200 millones de pesos por el convenio "viejo" con los laboratorios, que rigió entre abril y octubre del año pasado y que tuvo que atravesar los peores momentos de la crisis.

En la Argentina, el precio de los medicamentos está fuertemente impactado por el dólar porque estos se elaboran a partir de principios activos importados, razón por la cual el esquema de aumentos con topes máximos y ajustes trimestrales ideado por el PAMI para sus compras terminó desdibujado por la fuerte suba del tipo de cambio y la devaluación. Esos desajustes provocaron atrasos en los pagos y una deuda que ahora está siendo negociada con los laboratorios.

El PAMI representa el 40% de las compras de medicamentos del país, por eso el Gobierno está decidido a usarlo como ariete para llevar a cabo sus ideas de reforma del sistema de salud, al que se imagina muy distinto del actual. Es un propósito que entró en un lógico paréntesis por las elecciones, pero si Mauricio Macri logra la reelección, seguirá adelante en 2020 y pondrá fin a la tregua.

Un cambio fundamental en el contrato que el organismo firmó con las cámaras que nuclean a los laboratorios nacionales y extranjeros en abril de 2018 fue la introducción del "precio PAMI", un valor especial, más bajo para la obra social de los jubilados, que a su vez lo traslada a los afiliados, y que el Gobierno aspiraba a convertir en "precios testigo" para inducir una baja de precios en los medicamentos para el resto del mercado, por ejemplo, para las compras de obras sociales y prepagas, algo que finalmente no sucedió. Lo admite el propio organismo: los precios PAMI subieron 41% en promedio entre abril de 2018 y mayo pasado, en tanto que los precios de venta al público del segmento ambulatorio subieron 80% en promedio en el mismo período, por encima de la inflación, del 65% acumulado.

Los laboratorios, en cambio, se manejan con números más bajos: si bien reconocen que en 2018 los precios evolucionaron por encima de la inflación -59% promedio, según el manual farmacéutico, contra el 47,5% del IPC- aseguran que los precios de los remedios este año vienen siguiendo la inflación general (15% en el primer cuatrimestre de este año). Pero, más allá de estas diferencias, la venta de remedios no escapa a las generales de la ley. Acusan el impacto de la inflación y de la menor actividad económica. Según proyecciones de la consultora especializada Iqvia, este año el volumen de ventas de remedios en farmacias terminaría con una caída de 1,8%.

Otros cambios que el PAMI implementó el año pasado fueron las licitaciones para la compra de remedios de alto costo (hemofilia, oncológicos, especiales), en algunas de ellas acompañado por otras áreas del Estado, como las Fuerzas Armadas y el gobierno porteño, y puso punto final al modelo de convenio que históricamente firmaba con las cámaras que agrupan a los laboratorios para hacerlo empresa por empresa en el caso de los nacionales.

En el PAMI dicen que el nuevo régimen de compras, que se aplicó a partir del 1° octubre de 2018 y se renovó el 1° abril de este año hasta marzo de 2020, le dio mayor poder de negociación porque ahora no recibe un único tipo de descuento, sino que negocia en forma diferencial según se trate de un laboratorio grande o chico. Hablan de un ahorro de $7000 millones.

Son modificaciones que en su momento llevaron la relación entre el Gobierno y los laboratorios nacionales a un punto de tensión inédito y a la cancelación del contrato cuando su vigencia recién iba por la mitad. Justamente lo que se discute ahora es cómo saldar la deuda por las compras de esa mitad.

En el organismo confirmaron a LA NACION que la idea es empezar a pagar lo adeudado a partir de este mes, aprovechando que cuenta con mayores ingresos por cuestiones estacionales (el PAMI recibe más aportes por los aguinaldos de los trabajadores activos). El plan de pagos propuesto por la entidad que conduce Sergio Cassinotti a los laboratorios consiste en un desembolso de 20 cuotas de unos $200 millones cada una más intereses.

Mañana habrá una nueva reunión para seguir negociando: los laboratorios quieren que la deuda sea documentada, es decir, que todo quede por escrito, y que se calculen los intereses generados luego de la fecha de vencimiento de cada una de las liquidaciones previstas en el convenio. El PAMI, en cambio, pretende que se contemplen solo los que se generen a partir de la firma de un acuerdo por el plan de pagos.

"Estamos acostumbrados a deudas [con el PAMI] de 60 o 90 días. Los laboratorios grandes tienen espalda para resistir, pero los más chicos están pidiendo auxilio", explica una fuente de una industria en la que los despidos y los procedimientos preventivos de crisis se hicieron moneda corriente en el último año.

En el PAMI dicen que por el nuevo acuerdo con los laboratorios y otras medidas, como la digitalización de recetas, cambios en el pago de las prestaciones médicas y otras medidas de ahorro, alcanzaron el punto de equilibrio operativo a fines de 2018.

Fuentes de los laboratorios afirman que el PAMI tiene una deuda global con el sector de unos $8000 millones, entre "vieja" y "nueva" (la generada por el pago pendiente del nuevo convenio, que sería similar en monto a la anterior) aunque en el organismo señalan que la parte nueva "es el 50% de lo que ellos dicen" y que está siendo abonada. Seguramente, otra de las peleas que se vienen.

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