1793-2013: de la guillotina al Cedin

Frente a las desmesuradas ambiciones depositadas por el gobierno argentino en el blanqueo, es bueno recordar lo sucedido en Francia hace 220 años
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14 de agosto de 2013  

Mientras el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner busca persuadir a empresas y ciudadanos de que se adhieran al controvertido blanqueo de moneda extranjera y acepten los hasta ahora resistidos Certificados de Depósito de Inversión ( Cedin ), se han cumplido 220 años del trágico proceso hiperinflacionario de la Primera República revolucionaria de Francia, del que los argentinos debiéramos extraer interesantes lecciones.

En 1793 fue sancionada la Constitución francesa, inspirada en principios republicanos como la división de poderes. Pero a los dos meses fue dejada en suspenso por el grupo liderado por Robespierre, Danton, Marat y Saint Just, para quienes la emergencia bélica y las reformas sociales encaradas eran incompatibles con una Constitución social, pero burguesa. La "dictadura revolucionaria" requería absoluta centralización del poder en la Convención Nacional y por delegación, en los Comités de Salvación Pública y de Seguridad General. Este último controlaba, a su vez, el Tribunal Revolucionario.

Claro que hasta los gobiernos más moralizadores e idealistas (Robespierre era "el Incorruptible") pierden apoyo cuando la inflación afecta la vida de las familias. De poco vale invocar "Libertad, Igualdad y Fraternidad" cuando esos principios son negados, en los hechos, por hijos dilectos del fenómeno inflacionario como la carestía y la especulación.

La secuencia de errores económicos cometidos desde 1789, y profundizados a partir de 1793, son un ejemplo de mala praxis y voluntarismo autoritario. En lugar de reconocer las causas se recurrió a la emisión monetaria, lo que provocó inflación. Luego se atacaron las consecuencias, persiguiendo al campo, congelando precios, clausurando comercios, estableciendo el control de cambios, prohibiendo exportaciones, censurando publicaciones y manejando la economía "manu militari", entrando en un círculo vicioso que siempre requería nuevas prohibiciones y más prisiones. Una historia repetida, que los argentinos conocemos bien.

El gobierno revolucionario, carente de recursos fiscales y asediado por las coaliciones extranjeras, inventó los célebres "asignados" ("Assignats") para recomponer las arcas del Estado con fondos que los particulares escondían bajo el colchón. Se trata de un antecedente de los Cedin que el gobierno de Cristina Kirchner aspira a entregar a quienes blanqueen moneda extranjera no declarada.

La idea era atraer a quienes tenían moneda dura (luises de oro o escudos de plata) para que adquiriesen cuotas partes de las tierras confiscadas al clero, recibiendo títulos del 5% especialmente "asignados" o "dedicados" a la compra de esos bienes. Pero muy rápidamente se emitieron más "asignados" sin respaldo líquido, con sólo garantía hipotecaria, para abonar la deuda pública. Y aún más rápidamente la Convención se tentó y emitió más títulos sin respaldo de ninguna clase y en denominaciones bajas, para atender gastos corrientes del Estado. Los jóvenes idealistas pensaron que La Marsellesa y los discursos de Robespierre bastarían para darles aceptación, tratándose de fines patrióticos. Pero la relación entre el público y el dinero funciona con reglas menos sentimentales y más prácticas: aunque le hablen con el corazón, responde con el bolsillo.

En pocos tiempo, los "asignados" se convirtieron en papel moneda de curso forzoso. Como aún no había experiencia en emitir billetes, la Convención actuó como aprendiz de brujo, pero sin un brujo que le enseñara las consecuencias de imprimir sin freno. Al comienzo, se negociaban con un pequeño descuento; un año después, nadie los quería aceptar como forma de pago: entre 1790 y 1793 perdieron el 60% de su valor.

Francia tuvo, así, la primera y única experiencia hiperinflacionaria en su historia.

Para forzar el uso de los "asignados" al valor nominal, la Convención obligó a realizar todas las transacciones del Estado con ese papel. Y tres días después ordenó la "asignatización" de toda la economía, prohibiéndose los contratos en otras monedas. Dispuso pena de prisión para los corredores que operasen "asignados" apartándose del tipo de cambio oficial. También los comerciantes irían a las mazmorras de la Bastilla si los tomasen con descuento. Pero la elusiva "brecha" siguió creciendo. Según Thiers, "en junio un franco de plata valía tres Assignats y en agosto, seis".

Los campesinos, que no querían papelitos por sus cosechas, ocultaban sus productos o los vendían a intermediarios. Como para los franceses el principal alimento era el pan, se atacaron panaderías, se lincharon panaderos y se denunció a los acaparadores. Como respuesta, la Convención sancionó la primera ley de precios máximos para el trigo y la harina. Todo productor debía declarar la cantidad de granos en su poder y todas las ventas debían hacerse en el mercado, pudiendo los inspectores irrumpir en los campos, abrir graneros y realizar decomisos.

El 1° de junio, la Convención giró hacia la izquierda extrema con el desplazamiento de los girondinos por los jacobinos de la montaña, resueltos a profundizar la revolución y tomar partido por los pobres en la lucha por el ingreso. La primera acción represiva fue contra la especulación financiera. Se cerró la Bolsa de París y se prohibieron las sociedades que invirtiesen en títulos o acciones (seguros de vida, cajas de ahorro). La siguiente fue contra las malas noticias: se prohibió la publicación del tipo de cambio "paralelo" (cotización del Assignat en oro o plata), con gravísimas penas de prisión. Como los mercados siempre funcionan, los policías del Comité de Seguridad General allanaron cafés e inspeccionaron bajo los puentes del Sena para sorprender a cambistas y "arbolitos". El 26 de julio se dictó la ley de acaparamiento para obligar a los comerciantes a vender alimentos a precios oficiales bajo pena de guillotina.

Como el impuesto inflacionario no fue suficiente, la Convención apuntó a los ricos. Se creó un "préstamo forzoso". Los ingresos personales "necesarios" estaban exentos; los "abundantes" eran gravados, y los "superfluos", confiscados en su totalidad. Debido a la alta inflación, los ingresos bajos también fueron alcanzados, aunque pocos pagaron el préstamo forzoso.

Poco después, la Convención fue contra los banqueros, considerados especuladores y conspiradores. Se clausuraron las puertas de sus bancos y se allanaron sus domicilios. Muchos de ellos se fugaron y otros fueron guillotinados. Al tiempo, y ante el temor de perder el crédito público, necesario para financiar la guerra, se autorizó la reapertura, pero ya no se atrevían a funcionar. Algunos bancos se liquidaron y, como siempre, hubo "nuevos banqueros" que hicieron fortunas.

La pena de prisión para los comerciantes por no aceptar "asignados" (a pesar de sus renovados diseños) fue reemplazada por expedientes más eficaces, como el fusil, la espada o el hacha. Ocasionalmente, y por razones humanitarias, podía admitirse la guillotina. Los bienes del culpable eran requisados y el delator, recompensado.

Por esos días, la Convención profundizó su rol de garante de la "mesa de los franceses" extendiendo el régimen de control de precios a todos los productos esenciales, como trigo y pan, carne, manteca, aceite, pescado, jabón, sal, azúcar, papel, tejidos, carbón y materias primas para las fábricas. Asimismo, decidió un congelamiento de salarios en las industrias productoras de esos bienes y prohibió la exportación de alimentos.

Para profundizar el modelo del terror, la Convención otorgó facultades extraordinarias al Comité de Salvación Pública hasta que Francia estuviese en paz. El "Gran Terror" comenzó en junio de 1794 con la sanción de la ley para reprimir las conspiraciones del "enemigo interior" (nobleza y burguesía), para lo cual se simplificaron las acusaciones y se eliminó el derecho de defensa.

La reacción conservadora estalló un mes después: Robespierre, "el Incorruptible", fue guillotinado y con él, sus ideales revolucionarios. Para entonces, la población no temía a la guillotina, sino al hambre, la escasez y la pérdida del valor del salario. Algunos historiadores sostienen que los muertos por desnutrición, hambre o enfermedad debidos a la profusión de "asignados" fueron más que las 17.000 víctimas del aparato inventado por el doctor Joseph Ignace Guillotin.

Resulta paradójico que mientras los jacobinos dieron sus vidas por ideales igualitarios y cuando el pan desaparecía de la mesa de los franceses irrumpía en escena una nueva burguesía, enriquecida por la compra de las tierras incautadas y pagadas con "asignados" adquiridos por monedas y aceptados por el gobierno a valor nominal. De hecho, fue el principal grupo de presión que alentó la emisión para continuar su "bicicleta financiera". Cuando fueron ricos, apoyaron a Napoleón y luego, a la restauración.

El Directorio derogó el control de precios, los "asignados" fueron reemplazados por Mandatos Territoriales y las impresoras de dinero fueron quemadas en la plaza Vendôme el 19 de febrero de 1796. El monto de "asignados" al momento de su extinción era de casi 40.000 millones de francos.

En momentos en que algunos trasnochados en la Argentina parecen soñar con la posibilidad de que los Cedin reemplacen a los dólares, es de esperar que las lecciones de esta triste reseña de lo ocurrido hace 220 años en Francia sean recordadas.

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