Cuando la Justicia no se protege a sí misma

La división de poderes sufrirá un duro golpe por este nuevo intento de Cristina Kirchner de disciplinar el funcionamiento del Poder Judicial

Miembros del Poder Judicial, e incluso la propia Corte Suprema, han demostrado que si la defensa del Poder Judicial no proviene de ese mismo órgano, difícilmente los restantes poderes le otorguen la consideración que merece.

Esta reflexión adquiere relevancia luego de la cuestionable decisión de la mayoría oficialista del Senado de la Nación de remover a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes tramitan causas por corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Esos magistrados anunciaron que aguardan una decisión de la Corte sobre el lugar en que deberán cumplir sus funciones y recurrieron por dos vías a ella para que defina su situación.

Bruglia y Bertuzzi, como miembros de la Cámara Federal, confirmaron el procesamiento de la expresidenta de la Nación en la causa de los cuadernos de las coimas, abierta tras una investigación periodística de la nacion. Castelli integra el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF7), que deberá juzgar a la actual vicepresidenta.

En defensa de la condición de Castelli de juez natural del TOF7 desde hace más de dos años, pueden citarse como precedente traslados de jueces de jurisdicciones dispuestos por Cristina Kirchner cuando era presidenta. Asimismo, el primer reglamento de traslado de jueces, aprobado en 2000 por el Consejo de la Magistratura, establecía la necesidad de que la vacante a la que se solicita traslado correspondiera a la misma competencia en materia y grado que el cargo que el juez ocupa y que este requisito no sería exigido cuando el interesado hubiera obtenido un anterior acuerdo del Senado para desempeñar la función a la que pide su pase.

En 2019, el plenario del Consejo de la Magistratura modificó ese reglamento, pero para entonces Castelli ya llevaba un año desempeñándose en el TOF7, al que fue trasladado desde el TOF3 de San Martín.

Lo que viene sucediendo constituye un burdo intento de subordinar la Justicia al poder político

En el caso de los jueces de la Cámara Federal Bruglia y Bertuzzi, trasladados desde el TOF4 de Comodoro Py y el TOF1 de La Plata, respectivamente, es claro que había sido la misma Corte Suprema, a través de la acordada 7 de 2018, la que determinó, refiriéndose expresamente al juez Bruglia, que su nombramiento en aquella cámara de la Capital era válido por contar con un acuerdo previo del Senado como juez de cámara de un tribunal oral dentro del orden federal y, por tanto, no resulta necesario un nuevo acuerdo. La Corte expresó esto último en su condición de máxima autoridad para pronunciarse sobre la investidura y los títulos de los integrantes de la Justicia Federal. Lo hizo ante una consulta también expresa del Ministerio de Justicia y del Consejo de la Magistratura, como órgano subordinado a la Corte, según ella misma lo había expresado en acordadas anteriores.

El juez Bertuzzi, a su vez, fue designado en la Cámara Federal poco tiempo después, designación que nadie cuestionó, pues ya era público el criterio de la Corte expuesto en la citada acordada, respecto de la validez de las designaciones de jueces de cámara de un tribunal oral federal que pasan a integrar una Cámara Federal, con funciones y competencias similares, por aplicar en todos los casos las mismas leyes de fondo y el mismo Código Procesal. Eso fue lo expresado por la Corte, y en un Estado de Derecho se supone que cuando el máximo tribunal adopta una decisión dentro de su competencia, esa decisión es final. Se supone también que los órganos jerárquicamente subordinados a ella, los integrantes de otros poderes, y desde ya los jueces de instancias inferiores no pueden alzarse contra lo resuelto, pues hacerlo significaría avanzar contra los cimientos mismos del sistema republicano. El jueves último, sin embargo, la Cámara Federal de Casación dio por sentado que Bruglia, Bertuzzi y Castelli debían volver a sus tribunales de origen.

Lo que sucede con estos jueces constituye un golpe letal a las instituciones. Primero, fue el Consejo de la Magistratura el que resolvió que debían examinarse nuevamente sus designaciones, junto a las de otros magistrados elegidos selectivamente, pues su permanencia en el cargo que ocupan es considerada una molestia para el plan de impunidad en ejecución. Que esa selección haya seguido un criterio político no ofrece ninguna duda. Existen numerosos ejemplos de traslados de jueces de un tribunal a otro de jerarquía equivalente que no fueron sometidos a un segundo acuerdo del Senado. Muchos se encuentran aún en actividad sin que el Consejo de la Magistratura los haya seleccionado para esta sospechosa revisión. Es más: uno de los camaristas llamados a intervenir en el amparo deducido por los afectados debió excusarse por ser también él un juez trasladado de una cámara de apelaciones a otra, sin habérsele jamás requerido un nuevo acuerdo del Senado.

También el Poder Ejecutivo decidió ignorar la mencionada acordada de la Corte al dar intervención al Senado para que revise las designaciones de los jueces en cuestión. En el ínterin, Bruglia y Bertuzzi buscaron el amparo de la Justicia, sin que ninguna de sus instancias haya dicho aún lo obvio, y es que sus designaciones fueron consideradas legítimas por la mismísima Corte Suprema. La jueza de primera instancia María Alejandra Biotti tuvo inicialmente el coraje de ordenar al Senado que se abstuviera de tratar aquellos pliegos, orden que los senadores oficialistas desoyeron mediante un pronunciamiento por el cual la tildaron de ignorante del derecho y pidieron que se evaluara su conducta en el Consejo de la Magistratura.

Para el kirchnerismo, la permanencia de esos jueces representa un obstáculo en su plan de impunidad en ejecución

Así se ha llegado a la situación actual, en la que el Senado rechazó expresamente el nuevo e innecesario acuerdo para Bruglia y Bertuzzi, al igual que el de Castelli. Mientras tanto, la Corte se debate acerca de qué remedio, dentro de los distintos intentados por estos jueces, sería el adecuado para que ella afirme lo que podría haber dicho hace tiempo, no bien el Consejo de la Magistratura le notificó de su resolución por la que inició este irregular procedimiento.

Sucesivos planteos de Bruglia y Bertuzzi han sido hasta ahora o bien expresamente rechazados o bien no han recibido ninguna consideración, sin que se sepa cuándo el más alto tribunal se decidirá a actuar. Dado que el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo, el Senado y tribunales inferiores ignoraron las acordadas de la Corte, lo que se espera de ella no es solo que defienda los derechos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Se espera que se defienda a sí misma.

No se trata de una reivindicación corporativa de un órgano de la Constitución que debe ser considerado intocable. Se trata de que la Justicia, al custodiar las reglas de su propio funcionamiento, reivindique los derechos de estos tres jueces. Pero, sobre todo, de que revalorice los derechos de la ciudadanía en general, que merece ser juzgada según los procedimientos establecidos. Las alteraciones que promueve el kirchnerismo, convalidadas por varios magistrados, someten a una lamentable frustración la expectativa de justicia de quienes han sido víctimas de delitos que serán juzgados por jueces designados en violación de los criterios establecidos, en este caso, por la Corte.

Ya ocurrió que ante una actuación ilegítima de los poderes políticos de la provincia de Santa Cruz mediante la cual se removió sin ningún derecho al procurador general Eduardo Sosa, las sentencias que dictó la Corte para ordenar su reposición en el cargo fueron ignoradas y se tornaron ineficaces. La Corte tiene en sus manos la posibilidad de que no le suceda lo mismo. Si ella no toma la iniciativa para que los poderes políticos respeten su condición de máximo y último intérprete de los mandatos de la Constitución nacional, nadie más lo hará y la división de poderes sufrirá un nuevo y gravísimo retroceso.