El fracaso del blanqueo

El proceso de exteriorización de moneda extranjera resultó paupérrimo y su extensión por tres meses sólo agravará algunas inequidades
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5 de octubre de 2013  

El Gobierno ha renovado hasta fin de año la vigencia del blanqueo de capitales lanzado en junio pasado. Los resultados conseguidos hasta ahora han sido paupérrimos: apenas se acogieron en los primeros tres meses a esta facilidad 1930 contribuyentes, que aportaron 379 millones de dólares, un monto muy bajo comparado con la expectativa oficial de alcanzar los 4000 millones y, también, al contrastarlo con los fondos exteriorizados en el de 2009, que ascendieron al equivalente a unos 4700 millones de dólares.

El fracaso del blanqueo era esperable por diversos motivos que resultaban evidentes al momento de su anuncio para cualquier analista privado. Hasta ahora, todos los blanqueos llevados a cabo por la Argentina se habían basado en la reincorporación de fondos "negros" al circuito "blanco". Podía ello implicar la obligación de repatriación de los fondos, pero en este caso las autoridades decidieron dar un paso más: para blanquearlos en este caso debían ser transferidos a las arcas del Estado.

Quedaba así claro que el objetivo de las autoridades no era entonces invitar amablemente a los capitales a retornar al circuito formal, sino capturar fondos que permitieran emparchar las alicaídas cuentas públicas. Invitar a esos capitales a suscribir instrumentos del Estado en momentos en que el riesgo país se sitúa en niveles muy elevados ha sido una muestra más del aislamiento en la toma de decisiones. El riesgo soberano argentino es altísimo, en parte por el juicio que llevan a cabo los holdouts en Nueva York, y en parte a raíz del riesgo que supuso la instauración de las restricciones en el mercado cambiario. Con tan altos niveles de desconfianza, el fracaso del blanqueo era perfectamente previsible para cualquier persona con un poco de sentido común aunque no para su mentor, el secretario Guillermo Moreno. Ni siquiera su metodología patoteril fue esta vez persuasiva para atraer empresas al blanqueo.

Adicionalmente, la Argentina ya había efectuado un blanqueo de relativo éxito en 2009. Sumar una nueva operación a tan poca distancia temporal de la anterior presentaba tres contraindicaciones. En primer lugar, podía generar la sensación internacional de que la Argentina es un paraíso para el lavado de dinero, minando la credibilidad de los discursos de nuestra Presidenta contra las "guaridas fiscales". En segundo lugar, generaría un obvio relajamiento de la cultura tributaria. Y, en tercer lugar, si el blanqueo de 2009 fue exitoso, cabía preguntarse cuántos capitales adicionales podrían ingresar al nuevo llamado.

En febrero de 2009, se lanzó un régimen de moratoria y blanqueo que permitía exteriorizar tenencias de fondos no declaradas abonando penalidades del 1% al 8%. La penalidad ascendía al 8% cuando se trataba de bienes o moneda extranjera localizados en el exterior que no se transferirían al país, al 6% cuando se trajeran pero se mantuvieran bajo la forma de un activo financiero o la compra de bienes raíces usados, del 3% cuando los fondos se destinasen a la suscripción primaria de títulos nacionales y de 1% cuando se utilizaran para construir o comprar viviendas nuevas.

En esta ocasión la propuesta fue otra. El Gobierno ofreció un menú de dos activos. El primero es el bono Baade, expresado en moneda extranjera, con vencimiento en 2016, un interés anual del 4% y bajo legislación argentina. El segundo, una nota emitida por el Banco Central sin vencimiento estipulado ni cupón de interés denominada Cedin, que podría ser empleado para la compra de viviendas y la construcción.

Quienes blanqueasen fondos suscribiendo bonos deberían aceptar una pérdida del orden del 20% si quisieran luego vender esos títulos para alejarse del riesgo soberano argentino. Esto ocurriría dado que el valor del Baade sería de aproximadamente el 80% de su paridad, puesto que mientras el riesgo soberano se acerca al 12%, esos bonos sólo tienen un interés del 4%. Esta pérdida del 20%, que surgiría de exteriorizar fondos a través del bono Baade, debe ser comparada con el 8% de costo del blanqueo de 2009. Además, por aquel año, había todavía en la Argentina una relativa libertad a la movilidad de capitales y de acceso al mercado de cambios, al tiempo que, pese a la crisis financiera internacional, se mantenía en el país una elevada corriente inversora hacia proyectos inmobiliarios.

El caso del Cedin es distinto ya que estos papeles funcionan como un pagaré que recibe un inversor que posee dólares no declarados que desea efectuar una inversión inmobiliaria. Deposita los dólares en un banco, que encaja el 100% de los dólares en el Banco Central y el depositante de fondos recibe el Cedin. Efectuada la operación y aprobada por las autoridades, el Cedin se convierte en un activo "pagable" por el BCRA. Cuando esta entidad le abona al tenedor final de Cedin, las reservas vuelven a su nivel original. Dado que los Cedin no harían subir las reservas más que muy temporariamente, su único fin aparente sería el de estimular la actividad inmobiliaria.

¿Qué aporta el Cedin? Pues nada. En nada se modificarían los efectos del blanqueo si el Cedin no existiera y quienes desearan blanquear sus fondos para una operación inmobiliaria simplemente los declarasen tal como ocurrió en otras ocasiones.

Hasta aquí, asistimos a demasiadas inconsistencias y un final previsible: el fracaso. Pero esta historia no termina. Ahora el objetivo ha mutado: el Gobierno pretende que se suscriban bonos Baade aun cuando esto se efectúe en el marco de una operatoria ajena al blanqueo. El objetivo sería que el inefable Moreno pueda exhibir un resultado "favorable". La información periodística da cuenta de que algunos grupos empresarios aprovecharán la oferta para ingresar fondos al país sin tener que liquidar sus divisas al tipo de cambio oficial, creándose así un tipo de cambio VIP que cotizaría a mitad de camino entre el oficial y el paralelo.

El modelo supuestamente nacional y popular sigue ofreciendo nuevas curiosidades. Los exportadores salteños, mendocinos o sanjuaninos padecen las inclemencias del atraso cambiario, mientras el Baade subsidia a los tenedores de dólares en el exterior.

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