La caída del dictador y el futuro de Venezuela
El arresto de Maduro debe poner fin a un régimen que cometió toda clase de delitos y usurpó el poder mediante el fraude electoral
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El inicio del fin de las penurias del pueblo venezolano puede estar representado por la captura y extradición de Nicolás Maduro, a través de una exitosa y compleja operación militar ejecutada por fuerzas norteamericanas en Caracas. La caída de una brutal dictadura abre esperanzas al pueblo y la democracia venezolana, mientras grandes manifestaciones tuvieron lugar en Buenos Aires y otras ciudades del mundo.
El dictador y su mujer comparecen esta semana ante la Justicia de Nueva York por cargos de tráfico de drogas y armas. Se trata del mismo tribunal donde fueron juzgados el Chapo Guzmán y Manuel Noriega.
Mientras la izquierda latinoamericana se rasga sus vestiduras, diciendo que se trata del secuestro de un presidente en ejercicio, la realidad es que Maduro era un presidente carente de legitimidad. Estamos frente al arresto de un dictador sanguinario, acusado de crímenes internacionales, y un usurpador del poder que ejerció el fraude electoral. Las reiteradas violaciones a los derechos humanos del régimen de Maduro configuran un amplio repertorio de crímenes contra la humanidad. Desde hace 26 años la revolución bolivariana detenta con fiereza el poder violando los más elementales derechos. El socialismo del siglo XXI logró hundir a su país en la pobreza, provocar un drama humanitario con ocho millones de emigrados y transformar a la democracia liberal venezolana en un narcoestado. La dictadura de Maduro enfrentó el descrédito internacional, la falta de apoyo popular y el desastre económico.
Los partidos democráticos venezolanos participaron en 17 ruedas de diálogo con el gobierno dictatorial, pero el régimen jamás cumplió sus promesas y violó los acuerdos alcanzados en México en 2021 para una transición democrática pacífica en Venezuela y el Acuerdo de Barbados de 2023. Pese a los múltiples intentos de mediación y diálogo tendientes a recuperar la democracia venezolana que desarrollaran diversas instancias internacionales, siempre el resultado fue la mentira y el desgano demostrado por la dictadura. Maduro aplicó el terror para evitar levantamientos. El régimen se encargó de perseguir y asesinar a opositores, al tiempo que la represión interna en las fuerzas armadas fue continua, con la ayuda de la contrainteligencia cubana.
Mientras Chávez y Maduro desmantelaban el Estado de Derecho, la izquierda regional sonreía y recibía sus regalos. La alianza estratégica entre el chavismo y los gobiernos kirchneristas, basada en un alineamiento ideológico y en negocios espurios, fue un claro ejemplo
América Latina padece una involución democrática. Tres dictaduras (Cuba, Venezuela y Nicaragua) se consolidaron en la región ante la pasividad de sus Estados. El progresismo latinoamericano contribuyó a disfrazar la penosa realidad del pueblo venezolano. Mientras Chávez y Maduro desmantelaban el Estado de Derecho, la izquierda regional sonreía y recibía sus regalos. La alianza estratégica entre el chavismo y los gobiernos kirchneristas, basada en un alineamiento ideológico y en negocios espurios, fue un claro ejemplo.
La dictadura venezolana estimuló una constante guerra híbrida contra las democracias legítimas, socavando instituciones, apoyando a organizaciones criminales y grupos radicalizados. En los tribunales federales de Nueva York, el general venezolano Hugo Carvajal, ex director de inteligencia militar, admitió haber integrado el Cartel de los Soles, traficar cocaína junto a las FARC colombianas y financiar con dinero del chavismo a políticos de la izquierda latinoamericana. En su testimonio proporcionó los nombres de Néstor Kirchner, Gustavo Petro, Lula da Silva, Fernando Lugo y Evo Morales, entre otros. Existe una amplia red transnacional de corrupción y fondos ilícitos entre dictaduras y gobiernos opacos.
La orfandad internacional de Maduro es notoria. Cuba, Rusia e Irán fueron los primeros países en protestar por su detención. Brasil, Colombia y México criticaron su captura en territorio venezolano. La Unión Europea manifestó reparos por la legalidad. El tema jurídico abre diversas aristas. Pero la Casa Blanca estima que el marco legal está dado por el antecedente de la extradición de Manuel Noriega en Panamá, realizada por el gobierno de George Bush en 1989, bajo cargos federales de tráfico de drogas. Las presidencias de Trump y Biden -al igual que la Unión Europea- no reconocieron a Maduro como presidente legítimo. La justicia norteamericana demanda la detención de los jerarcas venezolanos desde 2020. La Carta Democrática Interamericana de la OEA dispone que el ejercicio de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la celebración de elecciones periódicas libres con sufragio universal y secreto. ¿Pero qué hacer cuando una banda criminal se adueña del poder y no permite elecciones libres? ¿Cómo se llegó a la intervención de Estados Unidos? Las democracias latinoamericanas deberían trabajar más sus aspectos esenciales y abordar con honestidad la defensa de las instituciones republicanas ante los déficits actuales. El probado secuestro de la democracia y el fraude electoral constante podría ser considerado un crimen de lesa humanidad.

Al conocerse la detención del dictador, María Corina Machado dijo: “Estamos preparados para hacer valer nuestro movimiento y tomar el poder”. Edmundo González, presidente electo, solicitó la liberación de los presos políticos y el respeto a las elecciones de 2024. El otorgamiento reciente del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado “por ayudar a mantener encendida la llama de la democracia frente a una oscuridad creciente”, fue un fuerte estímulo a quienes luchan por el retorno de las libertades en Venezuela. La oposición democrática abriga nuevas esperanzas y se muestra expectante.
Venezuela ingresa en una fase de incertidumbres y fragilidad, donde es prioritario evitar el vacío de poder
La segunda presidencia de Trump desarrolla un ejercicio crudo del poder unilateral. En el continente americano se orienta a reconstruir esferas de influencia. El gobierno de Washington declaró un estado de guerra contra el narcoterrorismo y las redes criminales transnacionales que operan entre Venezuela, Colombia y México. Los carteles transnacionales de la droga se han convertido en un actor geopolítico relevante, con influencias territoriales, políticas y económicas. Algunas decisiones responden a condicionamientos de la política interna norteamericana. En Estados Unidos, las muertes por consumo y sobredosis de cocaína y otros estupefacientes ascienden a cerca de 700.000 personas en los últimos 10 años. Los votantes de la comunidad venezolana junto a los cubano-norteamericanos integran un núcleo duro del partido Republicano. Ambos colectivos suman 3.500.000 votos. Es claro que Washington también desea despejar potenciales amenazas en su área directa de seguridad. Los drones iraníes en Venezuela tienen capacidad para alcanzar Puerto Rico, Guantánamo y la Florida. Se suman las actividades de Hezbollah, la creciente injerencia cubana en Venezuela y el incremento de la presencia rusa, china e iraní en torno del petróleo venezolano.
Quienes esperaban una pronta asunción presidencial de Edmundo González y Corina Machado, experimentaron cierta desazón ante los anuncios de Trump. La Casa Blanca desearía evitar la repetición de los errores cometidos en Irak en 2003, al anunciar una transición monitoreada con realismo político. Venezuela ingresa en una fase de incertidumbres y fragilidad, donde es prioritario evitar el vacío de poder. Un avance por etapas permitiría evitar desbordes y un escenario de inestabilidad. Existen millares de armas en manos de milicias, tropas, y guerrillas narcotraficantes esparcidas por todo el país. En la óptica de Washington, para evitar desbordes, la situación requiere avanzar en forma gradual con la colaboración de algunos altos cargos del régimen para administrar el país. También habrá que restablecer el diálogo político. El potencial económico del país permitiría una pronta recuperación. El llamado electoral debería llegar una vez despejado el camino inicial. La oposición venezolana posee cuadros capacitados y planes de gestión. Queda por delante una ardua reconstrucción de las instituciones democráticas.








