Otra burla a los ciudadanos

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25 de junio de 2020  • 00:05

Los reclamos de privilegios por parte de Cristina Kirchner y Amado Boudou resultan irritantes para toda la sociedad y ofensivos a la República

Una acción de por sí ofensiva se transforma en perversa cuando se presenta en el momento menos pensado.

Ese es el tenor de los vergonzosos pedidos de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y del exvicepresidente Amado Boudou para que el Estado, es decir, todos los ciudadanos con nuestros impuestos, les paguemos haberes que les fueron oportunamente denegados con fundados sólidos fundamentos jurídicos y éticos.

Mientras Cristina Kirchner reclama judicialmente el cobro de una jubilación como exmandataria junto con la pensión por viudez del expresidente Néstor Kirchner y que se la exima del pago de Ganancias, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, acaba de emitir un dictamen favorable para que Boudou acceda a una pensión vitalicia en función de su paso por la vicepresidencia. Este trámite le había sido vedado por su condición de condenado en dos instancias en la causa Ciccone Calcográfica, a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, más multa e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.

Hace pocos días, la Anses confirmó que Cristina Kirchner cobra actualmente su sueldo como vicepresidenta y la pensión como viuda de Néstor Kirchner. Se calcula que, en total, percibiría unos 500.000 pesos. La vicepresidenta reclama ahora volver a cobrar también la jubilación como exjefa de Estado, un privilegio con carácter de honorífico que la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, le había concedido en tiempo récord a su cuñada pocos días antes de abandonar aquel cargo.

El beneficio de la pensión no contributiva por la muerte de su marido, que cobraba desde 2010, y el de su jubilación como expresidenta de la Nación son incompatibles, según las normas en vigor, por lo cual en 2016 se le suspendió el pago de uno de ellos. La actual vicepresidenta inició entonces un millonario reclamo contra el Estado para volver a cobrar ambos haberes. En 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Procuración del Tesoro desestimó el recurso que había presentado contra la resolución ministerial que la obligaba a optar por uno de esos beneficios.

A poco de asumir, Alberto Fernández anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para modificar el régimen de jubilaciones especiales, con el fin de terminar con los privilegios, pero curiosamente esa modificación, que preveía notorios cambios para jueces y diplomáticos de carrera, dejaba fuera de cualquier sobresalto económico los haberes jubilatorios de los presidentes y vicepresidentes de la Nación. Todo ello, agravado por el contexto de emergencia en el que el nuevo presidente inscribió su mandato.

El Congreso sancionó a principios del nuevo mandato presidencial la ampulosamente denominada "ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública", una emergencia en la que ingresaron casi todos los aspectos de la economía, menos los haberes jubilatorios de los máximos exponentes de la dirigencia política del país. Una solidaridad absolutamente insolidaria para todos los ciudadanos, cuyo esfuerzo para sostener los privilegios de unos pocos las autoridades dieron por descontado.

El caso de Boudou es tan grotesco como el de su exjefa, involucrada también en varios procesos judiciales, acusada de diversos delitos contra la administración pública.

Si finalmente la Anses, hoy a cargo de la dirigente camporista Fernanda Raverta, accede al reclamo de Boudou para cobrar retroactivamente su pensión vitalicia como exvicepresidente de más de 300.000 pesos mensuales, este se alzará con alrededor de 17 millones de pesos. Según Zannini, a Boudou se le denegó ese cobro en una decisión "nula de nulidad absoluta", por haberse basado en "consideraciones valorativas relacionadas con sus causas penales".

Boudou no recibe ese privilegio por decisión de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Anses durante la gestión del gobierno de Cambiemos. Ambos organismos determinaron que resulta jurídicamente incompatible otorgar tal beneficio "a quien haya cometido un delito en ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado nacional". La Anses de aquel momento dictaminó que no es lícito otorgar una pensión vitalicia a alguien cuya honorabilidad ha sido fuertemente cuestionada y que, además, ha sido inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos, sentencia que fue confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal. La OA de entonces también evaluó como agravante para denegarle ese beneficio el hecho de que se lo acusa de haberse quedado con dineros públicos en su propio beneficio.

El exvicepresidente, valga recordar, se encuentra condenado en la causa Ciccone aunque semanas atrás fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Además, se investiga su conducta en otras causas igualmente graves.

No es de extrañar que, apenas surgida una convocatoria ciudadana en la plataforma Change.org, más de 140.000 personas hayan ya firmado el pedido para que no se le conceda una pensión vitalicia a un condenado por corrupción. "No podemos permitir que esto pase. Es inconcebible que el Estado siga manteniendo los haberes de un corrupto probado", sostiene el texto al que se invita a adherir.

Los pedidos de Cristina Kirchner y del exvicepresidente también resultan irritantes en momentos en que millones de jubilados atraviesan una situación penosa, agravada recientemente por disposiciones del propio Alberto Fernández en materia previsional, que reducen aún más los magros haberes que cobran después de trabajar toda una vida.

Cuando millones de argentinos se encuentran sometidos a un aislamiento obligatorio y a una enorme incertidumbre sanitaria, laboral y económica a raíz de la pandemia de coronavirus, cuando numerosísimas empresas están cerrando como producto de una economía estancada y sin miras de reactivación, cuando miles de personas no pueden salir a ganarse su sustento básico, reclamos como los de Cristina Kirchner y Boudou resultan tan escandalosos como infames, tanto por la oportunidad como por su falta de ética. Que la Justicia acceda a sus demandas sería una muestra más de su falta de independencia y una burla a la República y a sus ciudadanos honestos.

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