Acorralado por varios denuncias, Pedro Castillo pasa a la ofensiva en Perú

LIMA.– El presidente peruano Pedro Castillo abandonó su habitual mutismo tras acumular seis indagaciones fiscales, en una de las cuales está acusado de liderar una red de lavado, y en las últimas dos semanas se acercó a su base electoral, campesinos y líderes barriales del interior del país, ante quienes afirmó que la “oligarquía” busca minarlo porque viene del campo. “No hablo como ellos, no me siento a esas mesas opulentas como ellos”, se quejó en la ciudad de Piura, en el norte del país.

En sus encuentros suele recordarles a su seguidores ante las cámaras de televisión que su gobierno es el primero que los escucha en dos siglos de república y que la fiscalía, el Congreso –dominado por la oposición– y parte de la prensa forman una triada que busca sacarlo del poder.

En sus viajes a provincias remotas en los que utiliza chaleco antibalas, aseguró que Perú atraviesa “una época totalmente racista”. En una barriada, frente a las madres de una escuela recién restaurada, remarcó que venía de abajo y que las acusaciones en su contra no lo van “a quebrar".

Fernando Tuesta, profesor de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Perú, opinó ante la agencia AP que el mandatario adoptó la estrategia de que “la mejor defensa es el ataque” tras mantener una postura huidiza y tímida durante su primer año de gestión.

“Ha cambiado de manera agresiva" con un discurso que denuncia un “intento de golpe de Estado" gestado por los partidos políticos opositores que lideran el Congreso, indicó Tuesta.

El 28 de julio Castillo dijo en el Parlamento que desde su asunción no ha tenido “un solo minuto de tregua" y que recibió “una bofetada en una mejilla" de los partidos que perdieron las elecciones presidenciales, pero anticipó que ya no pondría “la otra mejilla" sino que extendería la mano para trabajar con el Congreso. Los legisladores no le dejaron culminar su discurso y a los gritos le exigieron que renuncie.

La oposición en el Legislativo desconoció su victoria electoral y creó una comisión para investigar un posible fraude que fue descartado 10 meses más tarde por falta de pruebas. Después intentó destituirlo dos veces, pero en ninguna alcanzó los 87 votos necesarios.

Dos semanas atrás la presidenta del Parlamento, Lady Camones, dijo que el escenario político ideal sería que Castillo renuncie tras reunirse con la Fiscal General, Patricia Benavides, cuya gestión ha impulsado la mayoría de las investigaciones contra el mandatario.

“El pueblo no se va a arrastrar como fue durante 200 años de vida republicana. Este es otro pueblo que ya despertó y sabe defender sus derechos, incluso con la vida", dijo el primer ministro Aníbal Torres en una de las citas de Castillo con líderes barriales.

Es la primera vez que un presidente en funciones es investigado en Perú, donde casi todos los mandatarios de las últimas dos décadas están indagados por corrupción.

Los sobornos admitidos en 2016 por la constructora brasileña Odebrecht en casi toda América Latina para ganar licitaciones de obras públicas impulsaron las investigaciones en Perú. Desde entonces los peruanos vieron por primera vez bajo arresto a personas que eran consideradas intocables.

Castillo llegó al poder después de estos escándalos. Según un sondeo del Barómetro de las Américas que coordina la Universidad de Vandervilt, en 2021 el 88% de los peruanos creía que más de la mitad o todos los políticos eran corruptos. La percepción de los peruanos es la más alta de la región.

El primer ministro puso en duda la honestidad de la Fiscal General al recordar que su hermana, la jueza Emma Benavides, es investigada por presuntamente integrar un grupo de magistrados que liberaba a narcotraficantes a cambio de dinero.

La Fiscal General cambió a una reconocida fiscal que investigaba a su hermana y removió a los integrantes del Ministerio Público que dirigían una investigación sobre otro grupo de jueces. También relevó a un fiscal que ha acusado en un juicio de lavado de dinero proveniente del narcotráfico a una rica familia peruana investigada por la DEA y la procuraduría mexicana.

Ante los cuestionamientos la Fiscal General respondió que “está poniendo orden en casa" y que decidió realizar cambios en varias oficinas fiscales porque había informes de baja producción. También sostuvo que existe una campaña para desprestigiarla.

La fiscalía ha esbozado el organigrama de un clan de lavado de activos presuntamente liderado por el mandatario que incluye al ministro de Transportes, al alcalde del pueblo donde vivía Castillo, a su esposa y a sus tres cuñados, entre ellos Yenifer Paredes, a quien la pareja presidencial crió desde pequeña como hija luego de la muerte de su madre.

La semana pasada el coronel Harvey Colchado –quien dirigió capturas claves– se presentó en la puerta del palacio presidencial junto a otros agentes con una orden judicial para detener a Yenifer Paredes. Al día siguiente, junto a decenas de campesinos que habían llegado a brindar su apoyo al presidente, la joven de 26 años se entregó en la fiscalía.

Por Franklin Briceño

Agencia AP

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