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Bush logró extender la "ley patriota", pero con límites
El Senado aprobó que siga en vigencia por seis meses más, pese a que el presidente norteamericano quería una autorización permanente del paquete de leyes; la polémica normativa concede más poderes a la policía; el Congreso aprobó la prohibición del maltrato a prisioneros
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WASHINGTON.- El gobierno de los Estados Unidos y la oposición demócrata calificaron hoy de "victoria" la extensión, anoche de la Patriot Act, el paquete de leyes que concede mayores poderes a las fuerzas de seguridad.
El Senado aprobó una extensión de seis meses para la Patriot Act, contrariando los deseos del presidente norteamericano, George W. Bush, que quería ver una reautorización permanente del paquete de leyes.
Sin embargo, el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, en lugar de referirse al hecho como un fracaso, habló de "victoria del pueblo estadounidense", al tiempo que enfatizó que esos "instrumentos vitales seguían vigentes" para luchar contra el terrorismo.
"Estamos complacidos de que la Patriot Act sigue en su lugar", dijo el portavoz, quien -de todas maneras- no perdió la oportunidad para criticar a la oposición, que bloqueó la renovación hasta que se aseguró que la ley incluirá más salvaguardas para las libertades civiles.
"Impedimos que los senadores demócratas mataran la Patriot Act", dijo McClellan, quien caracterizó las normativas incluidas en esa legislación como "herramientas vitales" en la lucha contra las organizaciones terroristas internacionales.
Duración limitada. La prórroga de la ley "Patriota", conjunto de medidas adoptado por el Congreso inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, a través de las que se amplían los poderes de las fuerzas de seguridad para combatir al terrorismo, ha sido tema de vivo debate político en las últimas semanas.
El gobierno de Bush, cada vez más controvertido por los métodos empleados en su guerra contra los terroristas, esperaba lograr una prórroga de largo plazo.
En varias ocasiones el gobierno expresó que no quería una prórroga de duración limitada.
Más poder para las fuerzas policiales. La Patriot Act, que incluye dieciséis normativas que conceden mayores poderes a las fuerzas policiales norteamericanas, estaba por expirar el 31 de diciembre próximo.
Esta legislación viene creando polémicas desde cuando se aprobó, pocos días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Organizaciones de derechos civiles critican muchas de sus provisiones, en particular aquellas que permiten amplias libertades para interferir comunicaciones telefónicas, revisar registros personales y hasta ingresar a las viviendas de sospechosos sin notificarlo hasta varios días después.
El Congreso aprobó la prohibición del maltrato a prisioneros
El Congreso norteamericano envió al presidente George W. Bush una medida que prohíbe el tratamiento cruel de extranjeros sospechosos de terrorismo detenidos por Estados Unidos, a la vez que le pidió que enviara a los legisladores reportes trimestrales sobre Irak.
El cuerpo legislativo hizo esto mientras terminaba una propuesta extensa que rechazaba algunas de las políticas de guerra del presidente.
El Senado aprobó la medida en una votación oral y se esperaba que el presidente la promulgue. Eso sería un revés para la Casa Blanca, que inicialmente amenazó con vetar cualquier propuesta que limite la manera en que el gobierno detiene, interroga, o procesa a sospechosos de terrorismo.
La semana pasada, Bush respaldó renuentemente la propuesta que prohibe el tratamiento cruel, inhumano y degradante de detenidos extranjeros, en vista de la creciente presión por parte del Congreso controlado por republicanos y de los aliados de Estados Unidos.
El principal propulsor de la medida, el senador John McCain, republicano de Arizona, contaba con los votos necesarios en ambas cámaras para revertir un posible veto presidencial - pese a que el vicepresidente Dick Cheney inicialmente había promovido un voto en contra de la prohibición.
La prohibición fue parte de un amplio paquete de cláusulas que buscan normar las técnicas de interrogación y limpiar la manchada imagen estadounidense después del escándalo de abuso en la prisión Abu Ghraib, Irak, y los alegatos de maltrato de prisioneros en la base naval de Guantánamo, Cuba.
El asunto de los detenidos era la cláusula más polémica de una medida a través de la cual el Congreso quería incrementar su supervisión sobre la guerra en Irak y la campaña contra el terrorismo.
En otro esfuerzo con este mismo fin, la medida ordena al presidente a enviar informes trimestrales al Congreso sobre las políticas del gobierno y los operativos militares en Irak.
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