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Bush reconoció la existencia de cárceles secretas
Son utilizadas por la CIA y se hallan en Europa y en Asia
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LA NACIONHugo Alconada Mon
WASHINGTON.– En un sorpresivo anuncio, el presidente George W. Bush admitió ayer, por primera vez, la existencia de centros clandestinos de detención utilizados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para retener e interrogar a supuestos terroristas, por fuera de la protección de todos los tratados internacionales.
Bush afirmó que 14 personas allí detenidas fueron transferidas el lunes pasado a la prisión militar abierta en la base de Guantánamo, en el extremo sur de la isla de Cuba, bajo jurisdicción del Departamento de Defensa, para ser sometidas, en el futuro, a posibles tribunales militares.
El polémico anuncio constituye el primer reconocimiento oficial de Washington de la existencia de las cárceles secretas de la CIA, situadas en dos continentes y que se encuentran por encima de toda convención internacional.
Entre los 14 detenidos enviados a Guantánamo figuran Khalid Sheik Mohammed, el supuesto número tres de Al-Qaeda hasta que fue capturado en Paquistán, en 2003; Ramzi Binalshibh, uno de los presuntos secuestradores del 11 de septiembre de 2001 que no llegaron a los aviones, y Riduan “Hambali” Isamuddin, el presunto cerebro de los atentados sufridos en la isla de Bali, en 2002.
Sin aportar detalles sobre la ubicación, las condiciones de detención ni de interrogatorio, Bush afirmó que los detenidos aportaron datos vitales. "Este programa nos ha ayudado a detener a potenciales asesinos masivos antes de que tuvieran una chance de matar. Es invaluable para Estados Unidos y nuestros aliados", dijo.
Al desprenderse de estos 14 detenidos, la CIA ya no tendría sospechosos detenidos en las cárceles clandestinas -llegó a tener a cerca de 100 supuestos terroristas-, aunque el programa secreto seguirá funcionando, aclaró luego una alta fuente de inteligencia norteamericana.
La existencia de cárceles secretas de la CIA en Europa Oriental, Afganistán y Tailandia fue revelada por The Washington Post en noviembre último, investigación que le valió un premio Pulitzer. Poco después, Human Rights Watch ubicó dos centros en Polonia y Rumania, lo que causó otro punto de fricción entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
La revelación de su existencia provocó un aluvión de críticas contra Washington, provenientes principalmente de sus aliados occidentales, que pusieron en duda su legalidad y expresaron su temor de que allí se torturara a los prisioneros, tal como sucede en muchas prisiones comunes de Europa del Este y de Asia.
Bush también afirmó que "se acerca el cierre" de la prisión de Guantánamo, donde se encuentran detenidos supuestos terroristas que no fueron juzgados ni están procesados y que por lo tanto se encuentran en una suerte de limbo legal a merced de Washington. La UE y la ONU ya han reclamado en varias oportunidades un trato justo a los detenidos de Guantánamo y el cierre de ese centro de detención.
Manual del ejército
Además, tras más de un año de críticas contra Estados Unidos por el controvertido tratamiento de los prisioneros en la llamada guerra contra el terrorismo, el Pentágono elaboró un nuevo manual del ejército norteamericano, que prohíbe la tortura.
La nueva reglamentación, conocida ayer, prohíbe golpear a los prisioneros, humillarlos sexualmente, amedrentarlos con perros, simular ejecuciones y aplicarles descargas eléctricas, entre otros métodos de tortura. Los militares afirmaron que las nuevas revisiones se basan en las lecciones aprendidas desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El anuncio de Bush en la Casa Blanca se produjo cinco días antes de que se recuerde en este país el quinto aniversario de los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono. Bush habló a un grupo de familiares de algunas de las víctimas de aquel martes trágico.
La administración Bush busca aprovechar la sensibilidad que rodea a esta fecha para volver a unir a los norteamericanos en torno a la llamada "guerra global contra el terrorismo" y, en especial, sumar más apoyo a la presencia militar en Irak, uno de los puntos más polémicos en la agenda pública de este país.
La Casa Blanca también presiona al Congreso para que apruebe un paquete de normas que le permita al Pentágono armar tribunales militares para juzgar a un número impreciso de detenidos en Guantánamo, aun cuando la Corte Suprema de Justicia declaró ya la inconstitucionalidad de ese tipo de procesos.
El máximo tribunal concluyó que estos tribunales militares violan las garantías establecidas por la Convención de Ginebra y otras normas ratificadas por Estados Unidos sobre los prisioneros de guerra, pero la Casa Blanca los define como "combatientes enemigos", una categoría sui generis .
La administración Bush retomó, además, la iniciativa en el Congreso. Busca ahora que las acusaciones ante estos tribunales puedan basarse en información confidencial, pruebas que no serían mostradas a los acusados, por lo que no podrían rebatirlas. "Una de las tareas más importantes para el Congreso es reconocer que necesitamos herramientas para ganar la guerra contra el terrorismo", reclamó el mandatario ante las cámaras de televisión.
Las últimas encuestas revelan que el Partido Demócrata podría recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de noviembre. Por ello, los republicanos están centrando su campaña electoral en la seguridad y la lucha contra el terrorismo, donde se considera que tienen más apoyo.
Pero la controvertida política para los prisioneros de guerra de la Casa Blanca provocó también críticas entre los republicanos, como los senadores John McCain -él mismo prisionero de guerra durante la Guerra de Vietnam-, Lindsey Graham y John Warner, jefe del Comité de Fuerzas Armadas del Senado.
Los tres senadores presentaron una propuesta contraria a la elevada por el equipo de la Casa Blanca, en la que se garantizarían ciertos derechos de los acusados, incluyendo el libre acceso a todas las pruebas recopiladas en su contra, considerada una garantía básica en la Constitución.
Sin mencionar la controversia legal, el Pentágono afirmó ayer que los 14 detenidos transferidos a Guantánamo "serán tratados apropiadamente y de acuerdo con las políticas y procedimientos" que se aplican al resto de los detenidos en esa base militar, según un informe que obtuvo ayer LA NACION.
El Departamento de Defensa aclaró además que el Comité Internacional de la Cruz Roja tendrá acceso a los detenidos, que "serán tratados de acuerdo con las leyes de Estados Unidos y las obligaciones internacionales dispuestas en los tratados".
Pero el centro de detención de Guantánamo ya ha recibido fuertes críticas de la ONU, la UE, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, los mismos foros que Estados Unidos cita para denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidas en otros países.
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