Comenzó la fase final del juicio contra Bolsonaro por intento de golpe de Estado: la dura acusación del fiscal
El exmandatario está acusado de conspirar para llevar a cabo un golpe de Estado tras su derrota frente a Lula; no fue al tribunal por “razones de salud”, según su abogado
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LA NACION
BRASILIA.- El fiscal general Paulo Gonet declaró este martes que Jair Bolsonaro y sus aliados tramaron derrocar la democracia de Brasil para perpetuarse en el poder, al comenzar la fase de veredicto del juicio al expresidente.
Bolsonaro, que se encuentra bajo arresto domiciliario, no estuvo presente en el tribunal debido a su mala salud, según explicó su abogado, Celso Vilardi.
El exmandatario de ultraderecha está acusado de conspirar para llevar a cabo un golpe de Estado para permanecer en el poder a pesar de perder las elecciones de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La fase de veredicto y sentencia del juicio comenzó alrededor de las 9 de la mañana, y el panel del tribunal programó sesiones durante cinco días hasta el 12 de septiembre para decidir si Bolsonaro es culpable y, en ese caso, qué pena deberá cumplir. Bolsonaro ya tiene prohibido postularse en elecciones.
El exmandatario niega cualquier delito y ha dicho repetidamente que el juicio es un ataque políticamente motivado con cargos espurios.
El fiscal general señaló que después de la votación de octubre de 2022, Bolsonaro convocó a altos funcionarios del gabinete y militares para discutir la emisión de un decreto de emergencia para detener el resultado electoral, suspendiendo los poderes del tribunal electoral e investigando sospechas de fraude electoral.
“Proceso criminal”
“No se necesita un esfuerzo intelectual extraordinario para reconocer que cuando el presidente de la república y luego el ministro de Defensa convocan a la cúpula militar para presentar un documento formalizando un golpe de Estado, el proceso criminal ya está en marcha", dijo Gonet.
El fiscal agregó que el “panorama impactante y sombrío” descrito en la acusación no puede entenderse como una “narrativa de hechos aislados”.
Gonet señaló que el plan para mantener a Bolsonaro en el poder involucraba otros elementos, incluidos los esfuerzos previos para sembrar dudas en el sistema de votación electrónica, así como los disturbios de militantes bolsonaristas el 8 de enero de 2023, en Brasilia, después de que Lula fuera investido.
Los fiscales también alegaron que el complot incluía un plan para asesinar a Lula y a uno de los jueces del Supremo Tribunal.
“No reprimir penalmente intentos de esta naturaleza, como lo demuestran relatos tanto aquí como en el extranjero, fortalece los impulsos autoritarios. Esto, por lo tanto, alimenta el fundamentalismo y pone en riesgo una forma de vida civilizada", destacó Gonet.
La defensa de Bolsonaro ha argumentado que el caso de la fiscalía se ve socavado por el hecho de que el decreto de emergencia nunca fue emitido y que el exlíder permitió que la transición a Lula siguiera adelante.
Las amenazas de Trump
“La historia nos enseña que la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la paz”, declaró el juez Alexandre de Moraes al comenzar el juicio.
De Moraes, quien preside el caso y es considerado un adversario por Bolsonaro, también dijo que el papel del tribunal es juzgar imparcialmente “independientemente de amenazas o acciones legales, ignorando presiones internas o externas”.
Esa fue una referencia indirecta al presidente estadounidense Donald Trump, quien vinculó directamente un arancel del 50% sobre los productos brasileños importados a la situación judicial de su aliado. Trump calificó los procedimientos como una “caza de brujas”, lo que desencadenó reacciones nacionalistas de muchos políticos brasileños.
El lunes por la noche, los hijos de Bolsonaro Carlos y Jair Renan rezaron junto con otros partidarios durante una vigilia en el condominio donde cumple arresto domiciliario.
El exlíder es acusado de cinco cargos: intentar llevar a cabo un golpe de Estado, participación en una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de Derecho democrático y dos cargos relacionados con la destrucción de propiedad estatal. Un veredicto de culpabilidad solo por el cargo de conspiración para el golpe conlleva una sentencia de hasta 12 años. En total, podrían ser más de 40.
Otros siete aliados de Bolsonaro están siendo juzgados junto al expresidente, incluidos Walter Braga Netto, su excompañero de fórmula y ministro de Defensa, y Paulo Sergio Nogueira, otro exministro de Defensa.
El máximo tribunal electoral de Brasil ya ha prohibido a Bolsonaro postularse en elecciones hasta 2030 por abuso de poder y por sembrar dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica del país.
Durante el juicio, la fiscalía presentó notas manuscritas, archivos digitales, intercambios de mensajes y hojas de cálculo que dijeron eran evidencia de la conspiración para mantener a Bolsonaro en el poder.
La fiscalía terminó de presentar su caso en julio y la defensa concluyó sus argumentos a mediados de agosto. Poco después, la policía acusó a Bolsonaro y a su hijo Eduardo de obstrucción de la Justicia, diciendo que el expresidente quería huir a la Argentina el año pasado y solicitar asilo político.
Eduardo Bolsonaro se mudó a Estados Unidos a principios de este año a pesar de tener un escaño en el Congreso de Brasil y ha buscado sanciones contra al juez De Moraes. La administración de Trump impuso sanciones al magistrado a finales de julio, congelando cualquier activo que pudiera tener en Estados Unidos.
Las autoridades ven a Bolsonaro como un riesgo de fuga. En el período previo al veredicto y la fase de sentencia, el Tribunal Supremo ordenó medidas de seguridad adicionales. El sábado, De Moraes permitió la inspección de vehículos que salían de la residencia de Bolsonaro y ordenó la vigilancia presencial del área que rodea su hogar.
Los expertos han calificado el juicio de Bolsonaro como “histórico” y han destacado que es la primera vez que altos funcionarios acusados de un intento de golpe son sometidos a un juicio penal.
Una dictadura militar gobernó Brasil entre 1964 y 1985, una era por la que Bolsonaro ha expresado nostalgia. El gobierno aprobó una amplia Ley de Amnistía en 1979 y Brasil nunca procesó a ninguno de los oficiales militares responsables de las violaciones generalizadas de derechos humanos durante esa era.
Agencias AP y AFP
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