Costa Rica, el oasis democrático de la región que se prepara para abrazar el autoritario modelo Bukele

Nayib Bukele no figura en las boletas de las elecciones de este domingo en Costa Rica. Pero la candidata que lidera los sondeos tiene al presidente salvadoreño como modelo a seguir, una fervorosa adhesión por un sistema de gobierno basado en la concentración de poder que representa todo lo contrario de los valores históricos costarricenses.

La conservadora Laura Fernández, candidata del oficialismo, supera el umbral del 40% de intención de voto para ganar en primera vuelta, aunque también son muchos los indecisos. El oficialismo lograría además la mayoría en el Congreso, que hasta ahora no tenía, dato clave para su proyecto de mimetización con el sistema salvadoreño.

Esta declarada admiración por un gobierno de escasa vocación democrática encierra la encrucijada de ver trastocados los fundamentos del Estado costarricense, de tolerancia, pacifismo y libertades, con el presunto objetivo de erradicar la violencia criminal.

“Entre diferentes sectores costarricenses hay una preocupación muy grande porque consideran que el sistema democrático que históricamente ha sido uno de los más estables y sólidos en la región centroamericana se encuentra en riesgo y hay una tendencia fuerte a sumarse a la tendencia autoritaria que prevalece en toda la región”, dijo a LA NACION la socióloga Elvira Cuadra Lira, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica.

En un país que solía ser un remanso de paz, una excepción en el contexto de la agitada América Central, el aumento de la violencia criminal pasó al tope de las preocupaciones de los ciudadanos. La retórica bukeliana de cárcel para todos que bate el oficialismo funciona como un canto de sirena ante una audiencia ávida de soluciones expeditivas, a falta de políticas de fondo que reviertan la crisis.

“Yo no tengo ningún deseo aquí de darle al país un giro autoritario, dictatorial, antidemocrático. Jamás. El anhelo que yo tengo es tener una vasta mayoría en la Asamblea Legislativa para que podamos meter a estos desgraciados en la cárcel”, se ataja Laura Fernández en un clip de campaña difundido en las redes sociales, tratando de aventar supuestos malentendidos sobre sus intenciones.

El discurso de mano dura contra los “desgraciados” se sustenta en datos igualmente duros. El índice de muertes ligadas al crimen organizado subió marcadamente en los últimos años en Costa Rica, que se encuentra en la ruta de la droga de América del Sur a Estados Unidos y Europa, con puertos en las costas del Caribe y el Pacífico.

Costa Rica tiene incluso su primer grupo delictivo de escala internacional, el Cartel del Caribe Sur, devenido en el principal distribuidor de marihuana y cocaína en el mercado interno, y que en cuatro años pasó de ser una banda local a convertirse en una organización transnacional.

El oficialismo pretende por lo pronto reformar la Constitución, domar al sistema judicial y suspender las garantías individuales con “estados de excepción” como ariete contra la violencia del crimen organizado, atribuyéndose más cuotas de poder.

El entusiasmo bukeliano va más allá de la candidata oficialista. Quien se enamoró a primera vista y marcó el camino fue el actual presidente costarricense, Rodrigo Chaves, que fue elegido en 2022 como un outsider enfrentado a los partidos tradicionales, recurso siempre eficaz cuando crece el descontento entre la población. Al día de hoy, Chaves mantiene índices excepcionales de popularidad.

Los analistas coinciden en que su aceptación se basa en un liderazgo personalista, un estilo directo y confrontativo, y la astucia de presentarse como el paladín que se debate contra las élites corruptas como el héroe de la plebe. Esta fórmula recuerda la que encumbró a otro líder que se escribe distinto pero suena igual, Hugo Chávez, ejemplo de dirigentes autoritarios. Chaves de derecha, Chávez de izquierda.

“Rodrigo Chaves ha generado tensiones con diferentes poderes del Estado, por ejemplo el Legislativo, pero también con el Tribunal Supremo Electoral y con la Corte Suprema de Justicia. También ha generado tensiones con la prensa independiente. Y resulta preocupante su estrecha amistad con el presidente salvadoreño, cuyo modelo ha afirmado estar en disposición de adoptar”, explicó Cuadra Lira.

Como enlace simbólico, Chaves invitó dos semanas atrás a Bukele, el gran arquitecto carcelario, a poner la piedra fundamental de la futura prisión de máxima seguridad en Costa Rica. Se trata del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco), basado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) que levantó Bukele para encerrar a pandilleros reales y supuestos. Total tiene sitio de sobra, con capacidad para 40.000 reclusos. La versión costarricense será más modesta, para 5100.

“Para que en Costa Rica una megacárcel pueda funcionar como en El Salvador, sin que se sepa quién entra en ella, y por qué, se necesita prescindir del sistema judicial, y que el país viva bajo un decreto de excepción, con las garantías constitucionales suspendidas, y con los medios de comunicación bajo persecución y acoso”, dijo el escritor nicaragüense Sergio Ramírez en una columna de opinión.

Justo de Nicaragua salieron disparados miles de exiliados que encontraron en Costa Rica un santuario de paz y estabilidad, aún con sus problemas sociales y económicos, escapando de la dictadura de Daniel Ortega y que ahora observan con preocupación la escena política.

Laura Fernández buscará avanzar en ese sueño bukeliano y terminar de pulir el espejo salvadoreño. Por lo pronto, se comprometió a terminar la cárcel, un objetivo sólido si los hay. Tan sólido como los muros del Helicoide de Venezuela o el Chipote en Nicaragua, donde fueron a parar los presos políticos, y ejemplos de lo que sucede a la larga con los gobiernos que comienzan a correr los límites.

“Aún y cuando es una de las democracias más longevas del mundo, Costa Rica no es la excepción frente a los riesgos y las amenazas del populismo autoritario. A pesar de los esfuerzos de los últimos gobiernos para fortalecer programas de protección y asistencia social y económica, invertir en desarrollo sostenible y mejorar las condiciones de vida de las personas, la creciente insatisfacción ciudadana se tradujo en descontento y desconfianza, rápida y hábilmente capitalizada por el presidente Chaves”, dijo la politóloga Argentina Artavia, docente e investigadora en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional.

Según el discurso del oficialismo, si bajo el gobierno de Chaves no se pudo controlar el crimen organizado, si no se pudieron bajar las muertes violentas, que incluso se aceleraron a niveles nunca vistos, no ha sido por la ineficacia del gobierno. Claro que no, faltaba más. La culpa la tienen los otros, los sospechosos de siempre, el Congreso y la Justicia, que en vez de velar por el pueblo ponen palos en la rueda con trabas sin sentido.

“Para el Poder Judicial y una mayoría en el Congreso, son más importantes los derechos humanos de los presos que los derechos de las víctimas. No ven la secuencia de lo que nos cuentan los datos, la ciencia y análisis de que lo que ocurrió en El Salvador, hoy ocurre aquí”, dijo Chaves en la ceremonia de la megacárcel con Bukele a su lado.

Para la politóloga Marcela Piedra, investigadora del Centro de investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP), “en Costa Rica, las garantías individuales –debido proceso, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, presunción de inocencia, control judicial de detenciones, libertad de expresión y protesta, entre otras– no son ‘obstáculos burocráticos’, sino los mecanismos que impiden que el poder público actúe sin control. El peligro es que con instalar la idea de que para tener seguridad hay que aceptar menos derechos y menos controles, se erosiona la democracia”.

“El mensaje implícito es que la ley puede flexibilizarse cuando estorba a los objetivos políticos. Eso erosiona la cultura jurídica costarricense, históricamente basada en la legalidad, la proporcionalidad y el control constitucional”, agregó.

Se vienen, entonces, cambios constitucionales, declaraciones de excepción a diestra y siniestra, y, según los analistas, nada que deje entrever un dique de contención a un estilo de gobierno dado a barrer los escollos. Cada nicho que encuentre será cubierto.

“En el Poder Judicial probablemente cambien magistrados durante el próximo período y eso podría influir a favor del Ejecutivo”, dijo por ejemplo Juan Manuel Muñoz, politólogo del CIEP. Y, como cabía imaginar, será otra idea prestada: “algo similar pasó en El Salvador con Bukele”.

Por Ramiro Pellet Lastra

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