De la Argentina al mundo, la obsesión por reformar la Justicia alcanza a varios países

El barón de Montesquieu, “padre” de la división en tres poderes de las democracias modernas, advirtió sabiamente en 1748 que “todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo hasta que encuentra límites”. Y su fórmula para evitar esto consistió en “disponer las cosas de tal forma que un poder detenga al otro”.

Pero en los últimos años, los Ejecutivos de varios países desarrollaron argumentos para superar estas barreras e impulsar reformas del sistema judicial. “El número de miembros de la Corte Suprema no es el adecuado”, “Los jueces pertenecen a una oligarquía rancia”, “Necesitamos un sistema judicial que responda a la realidad actual de nuestro país”. “El Poder Judicial está avanzando sobre el Ejecutivo mediante el lawfare”.

Los argumentos son tan similares alrededor del mundo que los expertos desarrollaron también algunos criterios globales para diferenciar las reformas realmente necesarias de las que responden a intereses personales o de un sector.

“Hay una tendencia de los gobiernos autoritarios de introducir reformas que comprometen la independencia judicial y socavan los controles sobre la extralimitación del ejecutivo. Pero esto no quiere decir que no haya modificaciones que estén justificadas. Hay muchas reformas que son necesarias para mejorar el funcionamiento de los tribunales o fortalecer la independencia e integridad judicial”, explicó a LA NACION vía telefónica desde Estados Unidos la doctora Elizabeth Andersen, directora ejecutiva del World Justice Project (WJP), una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para promover el estado de derecho a nivel global.

El WJP realiza todos los años un ránking sobre la vigencia del estado de derecho en 140 países. La Argentina figuró el año pasado en el puesto 59, con una puntuación de 0.55, en un listado encabezado por Dinamarca con 0.90 puntos y que finaliza Venezuela con 0.26. El país mejor ubicado de la región es Uruguay, en el puesto 27, con 0.71 puntos.

“Ese ránking es elaborado en base a encuestas de hogares y profesionales sobre cómo funcionan los tribunales en la práctica, cuáles son las áreas que necesitan cambios y/o determinar si las eventuales reformas realizadas produjeron mejoras. Entre otras cuestiones evaluamos las herramientas que tiene la Justicia para limitar al gobierno, y la libertad de acción que tiene la justicia civil y penal respecto de influencias indebidas del gobierno”, explicó Andersen.

El WJP propone algunas reflexiones antes de impulsar cambios. “Las preguntas que se deben hacer son: ¿Qué problema se pretende resolver? ¿Es esto realmente un problema y la reforma lo abordará de manera efectiva? En la práctica, ¿cuál será el resultado? ¿Se promoverán los intereses de ciertas partes, o se crearán condiciones que fortalezcan la capacidad del poder judicial para funcionar de acuerdo con los estándares internacionales?”, señaló la directora del WJP.

A la luz de estos criterios es posible recorrer las reformas que se intenta hacer o ya se hicieron alrededor del mundo, qué las impulsa y cuáles fueron los resultados.

Argentina

En la Argentina, los sucesivos gobiernos intentaron cambios en la Justicia con más o menos éxito. En el caso de Alberto Fernández no pudo concretar hasta ahora ninguna de las reformas que propuso en la justicia federal ni en el Ministerio Público Fiscal. Además profundizó su enfrentamiento con la Corte Suprema, primero proponiendo ampliar su integración a 15 jueces y luego buscando el juicio político por el fallo sobre la distribución de recursos del presupuesto nacional.

Esos intentos se producen en el marco de la condena a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el juicio oral por la obra pública.

Tom Ginsburg, vicedirector del WJP y profesor de la Universidad de Chicago, comentó en diálogo con LA NACION: “En la Argentina, al igual que en Israel, vemos que la excusa es la reforma judicial pero la verdadera razón es el interés personal de algún miembro de la coalición de gobierno. En casos así creo que los jueces deben ser defendidos porque, como criterio general, no solo para la Justicia, las instituciones nunca pueden ser diseñadas acorde con los intereses de un individuo en particular, sino para el individuo promedio de la institución”.

Israel

Israel lleva ya dos meses de masivas marchas todos los sábados en protesta por la reforma judicial que planea dotar al gobierno de plenos poderes y poner a la Justicia bajo su supervisión. Y la reforma llega en un momento en que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha sido imputado en tres causas penales por corrupción.

A diferencia de la Argentina el ministro de Justicia, Yariv Levin, reconoció abiertamente en enero que las reformas son impulsadas por el proceso contra el jefe de gobierno. “Con la triple acusación contra Benjamín Netanyahu los israelíes han tomado conciencia de que hay problemas que deben resolverse”, dijo.

Sobre este caso, Ginsburg explicó otro de los criterios que el WJP tiene en cuenta a la hora de validar una reforma judicial. “La modificación solo debe encararse si hay un consenso mayoritario abrumador. Y en el caso de la coalición de gobierno israelí, además de que hay varios miembros que tienen procesos judiciales, su mayoría en el Parlamento es muy ajustada. Por eso, no es el momento político de encarar cambios”.

Ginsburg recordó una frase del teórico político norteamericano James Madison (1751-1836): “Nunca hay que suponer que la gente en el gobierno son ángeles, y entonces se necesitan salvaguardas institucionales para evitar abusos. Por eso, nunca hay que eliminar esas salvaguardas”.

Bolivia

Si la cuestión fuera solo la importancia del “apoyo mayoritario” a los cambios, Bolivia presenta un caso particular. Desde la reforma de 2012 llevada a cabo por el gobierno de Evo Morales, Bolivia es el primer país del mundo en elegir a los jueces de los más altos tribunales del país a través del sufragio universal. Si bien hay algunos estados en Estados Unidos que aplican este método para elegir a sus jueces, Bolivia es el primer país que lo aplica a nivel nacional.

“La legitimidad de la Justicia proviene de un lugar diferente de la de las instituciones electivas”, comentó el profesor Ginsburg. “Por la propia naturaleza de su trabajo, un juez toma a veces decisiones que son impopulares para la mayoría porque benefician a una minoría, o también debe emitir fallos que sean consistentes con leyes previas y que no necesariamente le gusten a la mayoría. Por eso la elección popular de jueces no parece muy acertada”. Luego agregó: “Tan negativo como la judicialización de la política con los funcionarios que se quieren meter en temas judiciales, es la politización de la Justicia, cuando los jueces empiezan a moverse con criterios que no son estrictamente la aplicación de la ley”.

Turquía

“El caso de Turquía muestra los riesgos de las reformas judiciales cuando son líderes populistas los que están al poder”, explicó Ginsburg.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que comenzó a ocupar cargos de liderazgo en 2003 como primer ministro y gobierna desde 2014 como presidente, se fue transformando en un líder populista paulatinamente. En un comienzo era respetado por su gestión económica y política, sin olvidar que en 2009 Turquía estaba mejor posicionada que Grecia e Italia en el ránking de Transparencia Internacional.

Pero Erdogan aprovechó la crisis institucional desatada tras el frustrado golpe de Estado de 2016, para impulsar la remoción del 36% del total de jueces de todo el país, incluyendo el presidente de la Corte Suprema y nombrar en su lugar a un magistrado joven que es también teólogo islámico. “Por definición, los populistas odian a los ‘expertos’ en un tema porque tienen más conocimientos que el líder. Por eso son gobernantes que prefieren rodearse de personas sin demasiada formación en la materia, que responden a sus consignas”, señaló Ginsberg.

Otros países

Además de estos casos, también se están intentando reformas judiciales en México, España, Polonia y Hungría. Incluso en Estados Unidos fue puesta en la mira la Corte Suprema por el supuesto “partidismo” que tomó a partir del gobierno de Donald Trump.

La obsesión con la reforma de la Justicia, que tradicionalmente era vista como el poder más inamovible y ajeno a los vaivenes de los tiempos, es un fenómeno relativamente nuevo. “Yo creo que este fenómeno tiene que ver con el descrédito en que fue cayendo el Poder Ejecutivo y el Legislativo. La gente no ve la efectividad de sus líderes políticos y entonces sale a defender o atacar a la Justicia porque piensan que es todo lo que tienen para salvar la democracia”, concluyó Ginsburg.

"Lo conseguís". Es argentino, emigró a Noruega y contó todo lo que se puede comprar por mes con su sueldo de mozo

Escenario. Ideas disruptivas, pero viejas: ¿qué muestra el mundo sobre las propuestas de Milei?

"Información insuficiente". Reclamo de Uruguay a la Argentina por la exploración petrolera marítima