Del palacio a la cárcel, la ruta de la política peruana

Del Palacio de Gobierno al pabellón carcelario las distancias no existen para los expresidentes peruanos. Cinco de los seis jefes de Estado que ocuparon el poder desde 1985 en adelante se metieron en problemas con la Justicia. Y el único que quedó fuera de la lista fue presidente interino.

Hasta hace dos años solo había caído en desgracia judicial, mediática y popular Alberto Fujimori, que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad durante su gobierno (1990-2000). Se lo hizo responsable de dos matanzas perpetradas por las fuerzas de seguridad en el marco de su desbocada lucha contra el grupo guerrillero Sendero Luminoso.

Las sospechas se sucedieron luego en cascada sobre el pleno de la dirigencia peruana, vinculadas esta vez con casos de corrupción. El centro de la acción pasa desde 2016 por la constructora brasileña Odebrecht, que según las revelaciones distribuía sobres a cambio de contratos de obra pública, como sucedió en varios países de la región. También financió irregularmente campañas electorales.

Fujimori estuvo en prisión hasta la Navidad de 2017, cuando un arreglo entre dirigentes de su facción política y el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le hizo dejar la celda y cambiar a prisión domiciliaria. Pero las vacaciones le duraron unos pocos meses, hasta que un juez le ordenó volver a la cárcel.

Entretanto, avanzaron los casos de Odebrecht. Alan García habría recibido, según la acusación, unos 100.000 dólares disfrazados como pagos por una conferencia que ofreció en San Pablo. Intentó refugiarse en la embajada uruguaya de Lima, el año pasado, pero el gobierno de Tabaré Vázquez le negó el asilo.

También quedaron en la mira Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Kuczynski (2016-2018). El presidente interino Valentín Paniagua, que gobernó ocho meses entre la caída de Fujimori y la elección de Toledo, es la solitaria excepción.

"El tema es tener claro adónde quieres ir, tener capacidad de gestión y entregar resultados a la gente. No desilusionarla", dijo Toledo durante una entrevista con la nacion de fines de 2016, en alusión a lo que debería ser un buen liderazgo.

Toledo tuvo claro meses después, cuando los tribunales avanzaron en la investigación de sus vínculos con Odebrecht, que debía irse lejos de Perú. Prófugo de la Justicia, nunca más volvió a pisar su país. Se quedó desde entonces en Estados Unidos, donde ya residía. Y la desilusión de la gente, como bien anticipó en esa charla, fue en aumento. Desilusionada con él y con otros dirigentes atrapados en la red de sobornos.

"A partir de las confesiones de Odebrecht, los fiscales comenzaron a investigar las relaciones de la empresa con los expresidentes y otros dirigentes. Y creo que han hecho un trabajo adecuado. El caso más sólido es el de Toledo", dijo a la nacion el analista político Alfredo Torres.

El menos sólido parece ser el de la líder opositora Keiko Fujimori, dos veces candidata a la presidencia y en la actualidad en prisión preventiva por 36 meses, el máximo que permite la ley peruana.

Keiko habría recibido un millón de dólares de Odebrecht para sus campañas políticas, en violación de la ley electoral. Por eso algunos estiman que el cargo de "lavado de activos" que se le imputa quizás sea un exceso. Poco la ayudaron sus enconados intentos de negar los hechos y de ocultar la evidencia que la incriminaba, con lo que no hizo más que alentar su encierro.

Extremos

"Algunos fiscales y jueces están siendo tal vez muy severos, eso no se puede discutir. También se dice que el caso de Kuczynski es otro exceso, porque estaba colaborando con la Justicia. Pero sí había cosas para investigar", dijo Torres.

"Están aplicando la ley de lavado de activos con criterios extremos: hacen la prisión preliminar [diez días] y la prisión preventiva [tres años] la regla y no la excepción", coincidió el politólogo Víctor Ponce

La fiscalía afirma que Kuczynski, detenido la semana pasada, realizó "actos de blanqueo de capital" mientras era ministro del gobierno de Toledo, cuándo no. Kuczynski llegó a la presidencia a mediados de 2016 y debió renunciar menos de dos años después, bajo apremio de la oposición del clan Fujimori, liderada por Keiko, que estaba a punto de someterlo a juicio político.

No deja de sorprender cómo tantos dirigentes tan poderosos y de tantos partidos distintos pueden caer sin atenuantes. Acaso se explique por la debilidad de los partidos políticos, que perdieron influencia sobre las autoridades judiciales.

"No es como en otros países, donde los partidos importantes pueden operar sobre la Justicia. Por esa debilidad de los partidos peruanos, los fiscales y jueces actúan de manera independiente. Algunos de ellos quizás también con ansias de figuración, para ser el Sergio Moro de Perú", dijo Torres, en referencia al juez que sacudió al establishment brasileño con su investigación.

Expresidentes bajo la mira de la justicia

Alberto Fujimori (1990-2000)

El expresidente, de 80 años, preso desde 2009, cumple condena de 25 años de cárcel por violaciones de los derechos humanos y corrupción. En la Navidad de 2017 recibió un indulto presidencial, pero fue nuevamente arrestado en octubre de 2018

Alejandro Toledo (2001-2006)

Desde 2017 está prófugo en Estados Unidos. La fiscalía peruana lo acusó de haber recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht para favorecerla en una licitación. El mes pasado fue arrestado en California, pero fue liberado horas después

Ollanta Humala (2011-2016)

Es investigado junto a su esposa, Nadine Heredia, por lavado de dinero. La pareja es acusada de recibir tres millones de dólares de Odebrecht para la campaña de 2011. Estuvieron 300 días detenidos desde julio de 2017 y continúan bajo investigación

Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)

Fue arrestado la semana pasada en el marco de la investigación Lava Jato por delitos de corrupción cometidos durante su mandato como ministro del expresidente Toledo. La fiscalía solicitó 36 meses de detención preventiva