Denuncian que un militar murió tras ser torturado en una cárcel chavista

CARACAS.- "Tanto lo torturaron que lo mataron. El régimen lo mató, dejaron huérfanos a mis hijos". El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido durante las redadas contra oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas de los últimos días, murió hoy en un centro médico del cuartel militar Fuerte Tiuna, según la denuncia efectuada por su mujer y por organizaciones de derechos humanos.

Esta noche, el gobierno venezolano emitió un comunicado oficial al respecto. "Ante los hechos ocurridos que resultaron en el fallecimiento del ciudadano Rafael Acosta Arévalo, imputado por graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración, durante el acto de presentación frente al tribunal competente, el Jefe de Estado, Presidente Nicolás Maduro, ha solicitado al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, una completa y exhaustiva investigación para esclarecer este lamentable suceso", indicaron.

Se trata del segundo preso político muerto durante su detención en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), tras el "suicidio" -según el chavismo- del dirigente opositor Fernando Albán, en 2018. El cuerpo del concejal de Primero Justicia se precipitó desde un décimo piso, pero sus compañeros de partido y familia denunciaron que ya estaba muerto, víctima también de las torturas. Sobre ambos órganos de inteligencia recaen múltiples denuncias de torturas, incluidas en informes de las Naciones Unidas y de Amnistía Internacional.

"Ayer [por el viernes] lo presentaron [ante el juez], no podía hablar. Estaba sumamente golpeado, en silla de ruedas, no se valía por sí mismo. Y tanto fue que lo mataron. El juez lo vio en el estado en el que estaba y lo llevaron al hospitalito de Fuerte Tiuna. Y falleció, lo asesinaron. Tengo entendido que le dieron muchos golpes en la cabeza y por todos lados. No resistió las torturas. Mi esposo murió como un héroe", confirmó Waleswka Pérez, mujer del capitán Acosta, a un medio local desde Bogotá, en donde se encuentra con sus dos hijos.

La primera denuncia llegó a través de la activista Tamara Suju, presente en la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se celebra en Medellín. "En los tribunales no hablaba, solo pedía auxilio a su abogado, no entendía ni escuchaba bien. Le pedía ponerse de pie, pero no podía moverse", sostuvo Suju, a quien el abogado del oficial le confirmó que su defendido asintió con la cabeza al ser consultado sobre si estaba sufriendo torturas en la sede de la Dgcim.

El capitán Acosta, como el resto de los detenidos durante la última operación revolucionaria, fue trasladado a un lugar de detención desconocido, aunque se presume que se trata de la sede de la Dgcim. El gobierno lo acusó de intentar un golpe de Estado y de preparar para el magnicidio de Maduro a un grupo de varios oficiales, entre ellos, el general de brigada Miguel Sisco Mora, el coronel Miguel Castillo y el general retirado José Lozada Saavedra, que ya sufrió torturas en anteriores detenciones y cuyo caso fue presentado ante la Corte Penal Internacional.

El teniente Ronald Dugarte, exmiembro de la Dgcim, logró grabar varios videos a escondidas para demostrar los maltratos que allí sufren los prisioneros.

Por su parte, la OEA presentó públicamente los documentos audiovisuales que confirmaron las denuncias.

"Estas conductas las venimos denunciando, pero la complicidad de las instituciones permitió que ahora llegáramos a este extremo", añadió el abogado Alonso Medina Roa.

"No hay palabras para definir este abominable hecho. Familia militar: no están solos, habrá justicia. Dictadura asesina, criminal y torturadora: esto no quedará así", denunció el presidente encargado y líder opositor, Juan Guaidó, a través de sus redes sociales.

A través de un comunicado, la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, también condenó el "asesinato" de Acosta "producto de las torturas mortales".

En parecidos términos se expresó Luis Almagro, secretario general de la OEA, que insistió en que "los crímenes de Nicolás Maduro no quedarán impunes".

El presidente de la Asamblea Nacional remitió la denuncia a los dos funcionarios de la ONU, que todavía permanecen en el país tras el viaje de Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos.

Precisamente la detención del oficial Acosta Arévalo tuvo lugar el viernes 21 de junio, cuando la expresidenta chilena todavía se encontraba en Caracas.

Pero el éxito obtenido hoy por Bachelet, al mediar en la liberación de 59 trabajadores colombianos que han permanecido casi tres años en prisión acusados de ser paramilitares, se vio empañado de inmediato por la tragedia del capitán Acosta.

El grupo de colombianos fue deportado hoy por sorpresa y cruzó el puente que separa el San Antonio venezolano de Villa del Rosario. El chavismo los involucró en otro intento de magnicidio imposible, sin pruebas ni juicios.

Por Daniel Lozano

• Crisis en Venezuela

---

Conforme a