Detenciones masivas y lavado de cerebro en China: revelan la represión contra las minorías

Un centro de detención, en la ciudad de Artux
Un centro de detención, en la ciudad de Artux Fuente: AP
Una investigación de 17 medios documentó las prácticas de vigilancia e internamiento forzoso contra los uigures
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25 de noviembre de 2019  

PEKÍN (AP).- Torres de control, puertas con candado doble y vigilancia con videos para "evitar fugas''. Todos estos artilugios de seguridad formaron parte de un plan de acción con el que el gobierno chino detuvo cerca de un millón de personas, principalmente minorías étnicas musulmanas, para lo que llama "capacitación laboral voluntaria". Sin embargo, una investigación de la que participaron 17 medios internacionales reveló que esos espacios funcionaban como centros secretos de detención.

Los documentos confidenciales que llegaron a grupos periodísticos muestran una estrategia del régimen chino para encerrar a las minorías étnicas con el objetivo de cambiar su forma de pensar y hablar. La investigación mostró que Pekín sostiene una forma de control social basada en el uso de información e inteligencia artificial utilizadas entre grupos étnicos, como los uigures.

Los documentos fueron entregados por una fuente anónima al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). El grupo corroboró su veracidad comparándolos con informes oficiales, consultando expertos y chequeando la información con reclusos de esos centros de detención.

En los documentos se muestran una serie de pautas a seguir dentro de los centros y se puntualiza cómo utilizar la tecnología para poner a una persona en la mira. Los documentos fueron distribuidos entre todos los funcionarios por la Comisión de Asuntos Políticos y Legales del Partido Comunista de Xinjiang, que supervisa la policía, los tribunales y la seguridad estatal. Fueron firmados por el máximo funcionario de esa época, Zhu Hailun.

El Consejo Estatal de China comunicó en un informe que "la libertad de las personas en los centros de educación y capacitación está protegida según las leyes". Sin embargo, los documentos describen las instalaciones como espacios con unidades policiales en la entrada, torres con guardias, alarmas que funcionan apretando un botón y sistemas de vigilancia con video que observan todos los rincones.

A los reclusos se les permite salir solo en casos de emergencia, como en caso de enfermedad, y deben ser acompañados por alguien que los "supervise y los controle''. El uso de teléfonos celulares está estrictamente prohibido para evitar "confabulaciones entre los de adentro y los de afuera''.

En los centros se realiza una "educación de modales'', en la que se enseña cómo comportarse y a "cortarse el cabello y afeitarse puntualmente'', a "cambiar de ropa regularmente'' y a "bañarse una o dos veces a la semana''.

Beijing dijo que "las costumbres de los grupos étnicos y el derecho a usar su idioma hablado y escrito están protegidos en los centros''. Los documentos, sin embargo, indican que las clases son en mandarín y que ese es el idioma que se usa en las comunicaciones diarias.

A los detenidos se les toman pruebas de mandarín, ideología y disciplina. Un examen corto por semana, otro más largo por mes y uno grande al finalizar el año. Quienes sacan buenas notas son premiados con beneficios como visitas de la familia y pueden incluso "graduarse'' e irse. A quienes les va mal se los coloca bajo programas más estrictos, con períodos de detención más largos. Exdetenidos declararon que las sanciones incluyen privación de alimentos, uso de esposas, confinamiento solitario, golpizas y torturas.

Un documento manifestó que el propósito del control digital era "prevenir problemas antes de que se presentasen''. La vigilancia se realiza con un sistema llamado Plataforma de Operaciones Conjuntas Integradas (POCI), que envía nombres de personas consideradas sospechosas a partir de comportamientos como viajar al exterior o el uso de aplicaciones móviles que no pueden ser monitoreadas por el gobierno.

Uno de los grupos que mayor preocupación generaban al gobierno fueron aquellas personas que obtuvieron pasaportes extranjeros o visas, principalmente por la conexión que se podía generar con islámicos del extranjero. De hecho, en los últimos años Pekín presionó a los países donde huyeron uigures, como Tailandia y Afganistán, para que los envíen devuelta a China. En otros lugares, la seguridad estatal contactó a los uigures y los presionó para que se espiasen entre ellos.

El régimen chino insistió en que los campamentos son centros de capacitación vocacional para gente de bajos recursos y sin educación, pero los documentos mostraron que entre los detenidos hay funcionarios del Partido Comunista y estudiantes universitarios.

En relación con la cantidad de personas que concurrieron a esos centros, un boletín comunicó que en una semana de junio de 2017 el POCI identificó a 24.612 "personas sospechosas'' en el sur de Xinjiang y que 15.683 fueron enviadas a centros de "educación y capacitación'', 706 a prisiones y 2096 quedaron bajo arresto domiciliario. Funcionarios locales reconocieron que hay menos de un millón de personas en "espacios de capacitación'', pero algunos investigadores privados calculan que hasta 1,8 millones de personas pueden haber sido detenidas.

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