Duque busca respaldo para contener las protestas mientras acumula críticas por la represión

BOGOTÁ.- La estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en el centro de Bogotá es la última “víctima” colateral de un paro nacional que puso contra las cuerdas al gobierno del derechista Iván Duque. Un grupo de indígenas misak decidió derribar el monumento al fundador de la capital. “Es una limpieza contra el violador y masacrador”, corearon los manifestantes mientras proferían vivas al paro.

“Reescribiendo la historia de nuestro país”, precisaron más tarde en un comunicado. Y todo ello a pocos metros de la Casa de Nariño, el palacio presidencial desde donde Duque intenta contener con una mesa de diálogo una avalancha que cumplió diez días.

Los colombianos se lanzaron la semana pasada a las calles para protestar contra una polémica reforma tributaria que no contaba con apoyos en el Congreso. Pero en el fuero interno de la mayoría se arremolinaba un malestar social multiplicado por la pandemia. Una semana y media más tarde Colombia sufre la mayor crisis de su historia contemporánea.

En un intento por buscar una salida, la oposición de centro y progresista acudió al llamado de Duque con reticencias ante la “barbarie policial”, pero movida por su “propósito patriótico”. La Coalición por la Esperanza precisó que “seguiremos siendo opositores a Duque, pero eso no impide que pidamos unidad en esta emergencia”.

“Debemos resolver mediante el diálogo las situaciones de injusticia social y desesperación que hoy existen”, leyó en un comunicado Humberto de la Calle, exvicepresidente y jefe del equipo negociador del proceso de paz en La Habana.

El gobierno también invitó al Comité de Paro a la mesa de diálogo nacional y este respondió que está dispuesto a negociar. La primera reunión entre ambos se realizará la semana que viene, algo en lo que también insistió la Coalición por la Esperanza, cuyos miembros acudieron con camisetas en las que figuraban los nombres de víctimas de la violencia exacerbada que se vive en el país.

Junto a De la Calle acudieron dirigentes de peso como el exgobernador Sergio Fajardo o el senador Jorge Enrique Robledo, quien señaló al Comité Nacional del Paro como “legítimo vocero de los reclamos ciudadanos”. Todos ellos reclamaron una comisión que esclarezca las “graves violaciones a los derechos humanos” y la puesta en marcha de una renta básica para seis millones de hogares pobres.

Duque también abrió las puertas de la Casa de Nariño a dirigentes conservadores y exalcaldes, que apoyaron a las fuerzas policiales y abogaron por el levantamiento de los bloqueos, que dificultan el transporte y el abastecimiento en zonas del país. “Afectan servicios de salud, comunidad, enfermos y provisión de alimentos. Quiebran la economía”, denunció en Twitter el expresidente Álvaro Uribe, que contabilizó 15 bloqueos solo en los alrededores de Bogotá.

Un cóctel molotov atenta contra los ciudadanos que protestan pacíficamente. Por una parte, la violencia de las fuerzas policiales, a las que acusan de disparar y emplear la fuerza bruta. Y por otra, grupos radicalizados que destruyen todo a su paso y arremeten contra la policía.

Es precisamente la violencia desencadenada por el aparato policial uno de los principales obstáculos para encauzar la negociación. Human Rights Watch (HRW) recibió hasta el momento 36 denuncias de homicidios, de los que confirmó 11 como casos relacionados con la protesta, incluido el de un capitán de la policía.

“El gobierno de Duque debe tomar medidas urgentes y decisivas para desescalar la situación y proteger los derechos humanos”, exigió José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, alarmado por el uso de armas de forma indiscriminada y letal, detenciones arbitrarias y golpizas.

“Ni en el golpe de Estado de Pinochet se vivió esto. La cúpula de la policía tendrá que ser procesada. Esto se llama crímenes de lesa humanidad”, denunció el izquierdista Gustavo Petro, gran favorito para ganar en las presidenciales del año que viene.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, ya suma 26 víctimas mortales, 17 en Cali. La institución atribuye 11 de las muertes violentas a la policía y solo una a particulares.

“Todos debemos rechazar a los violentos. Organizaciones criminales se esconden detrás de la legítima protesta”, se defendió el primer mandatario, quien ordenó expresamente dar con los agresores de Lucas Villa, uno de los símbolos del paro nacional. El activista fue alcanzado con dos balas en la cabeza mientras marchaba pacíficamente en el viaducto de Pereira. Los disparos se realizaron desde un vehículo cercano, que se dio a la fuga.

“Muchos podemos morir, pero uno cómo no va a salir a marchar”, vaticinó Villa, de 37 años, en un audio horas antes de ser alcanzado por las balas asesinas. El hombre sufre muerte cerebral, aunque su familia reza por un milagro.