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El acuerdo de Trump para acceder al petróleo de Venezuela despierta dudas legales y sobre su viabilidad
El pacto contempla el desarrollo de 17 campos con unos 65.000 millones de barriles y una inversión de 100.000 millones de dólares; expertos cuestionan la falta de transparencia y las condiciones del convenio
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LA NACION
CARACAS.– El acuerdo petrolero de largo plazo anunciado por Estados Unidos y Venezuela, que otorgaría a empresas vinculadas a Washington acceso a una quinta parte de las reservas de crudo recuperable del país sudamericano, enfrenta dudas sobre su legalidad, sus condiciones económicas y la capacidad real de poner en producción los yacimientos.
El pacto, presentado por el presidente estadounidense Donald Trump como “el mayor acuerdo petrolero en la historia del mundo”, contempla el desarrollo de 17 campos con un potencial de unos 65.000 millones de barriles. La cifra supera las reservas probadas totales de Estados Unidos, estimadas en unos 46.000 millones de barriles.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que el acuerdo tendrá una duración de 25 años y permitirá atraer 100.000 millones de dólares en inversiones, además de generar unos 209.300 millones de dólares en regalías e impuestos para el Estado venezolano.
Pero el texto completo del acuerdo no fue publicado y tampoco se conocen todos los participantes. Estados Unidos no informó qué empresas privadas operarán los campos.
El secretismo que rodeó las negociaciones es uno de los principales motivos de preocupación entre especialistas. El acuerdo fue negociado en medio de una reforma de la legislación petrolera venezolana y mientras el gobierno avanza en la modificación de contratos y empresas mixtas existentes.
“Si el objetivo era tratar de disminuir el riesgo de invertir en Venezuela, con esta transacción Estados Unidos pudiera estar haciendo lo contrario: debilitando aún más la poca institucionalidad que existe en el país”, dijo Luisa Palacios, investigadora del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.
Las dudas legales
Uno de los puntos más controvertidos es que Estados Unidos tendría un papel central en la selección del modelo de negocios y de las empresas encargadas de operar los yacimientos, según los términos conocidos hasta ahora.
La presidenta venezolana sostiene que el acuerdo respeta la legislación nacional y preserva la propiedad y la soberanía de Venezuela sobre sus recursos. Sin embargo, abogados cuestionan la capacidad de las autoridades actuales para comprometer al país durante décadas.
“El acuerdo es formalmente reconocido por Estados Unidos, pero en un futuro eso podrá discutirse en tribunales”, dijo Juan Carlos Apitz decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela.
También existe incertidumbre sobre la estabilidad del pacto frente a futuros cambios políticos en Washington o Caracas. Amos Hochstein, exasesor de energía del gobierno de Joe Biden, consideró que se trata de un territorio inexplorado desde el punto de vista jurídico y diplomático. “Habrá muchos desafíos a lo que se acaba de anunciar”, afirmó. “Si yo fuera Trump, estaría nervioso”.
El economista Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad de Harvard y exministro venezolano, calificó el acuerdo de “vergonzoso” y cuestionó la legitimidad del gobierno encargado para comprometer los recursos del país durante 25 años.
Un enorme potencial, pero difícil de explotar
Los 17 campos incluidos en el acuerdo se encuentran principalmente en la Faja del Orinoco, donde se concentran grandes cantidades de petróleo extrapesado, y en el Lago de Maracaibo, una región con infraestructura deteriorada que alguna vez fue uno de los principales centros productores del país.
Un análisis de Gas Energy Latin America calcula que los yacimientos contienen unos 63.700 millones de barriles de reservas probadas, tomando como referencia un factor de recuperación del 20%. Aunque ese porcentaje es técnicamente posible, todavía no se ha alcanzado en esos campos.
La explotación completa podría demandar más de 25 años y miles de millones de dólares para reconstruir instalaciones, perforar nuevos pozos y recuperar capacidad de transporte y refinación.
El atractivo para Washington está en que los campos combinan áreas maduras, capaces de producir relativamente rápido, con grandes zonas sin desarrollar. La producción adicional podría aumentar los envíos de crudo venezolano a Estados Unidos, que actualmente recibe alrededor del 60% de las exportaciones petroleras de Venezuela.
El acuerdo prevé que Estados Unidos controle 55% de la producción efectiva de la nueva empresa, además de contar con derechos para comprar petróleo a precio de costo. Según un funcionario estadounidense, parte del crudo se destinaría a la Reserva Estratégica de Petróleo y a las Fuerzas Armadas.
¿Bajará el precio de la nafta?
Trump sostiene que el petróleo venezolano contribuirá a reducir los precios de la gasolina en Estados Unidos. Sin embargo, los especialistas consideran improbable que el acuerdo tenga un impacto significativo en el corto plazo.
La infraestructura petrolera venezolana necesita inversiones de gran magnitud y la producción tardaría años en recuperarse. Kevin Book, director gerente de ClearView Energy Partners, señaló que Venezuela tiene margen para incrementar considerablemente su producción, pero advirtió que desplegar semejante volumen de capital llevará “muchos años”.
“Será útil a largo plazo, pero no va a hacer nada para cambiar el precio de la gasolina en la estación de servicio para este fin de semana”, dijo Amy Myers Jaffe, directora del Laboratorio de Energía, Justicia Climática y Sostenibilidad de la Universidad de Nueva York.
La situación del mercado petrolero está además condicionada por la guerra entre Estados Unidos e Irán y las dificultades para transportar crudo a través del estrecho de Ormuz.
Críticas en Caracas y en Washington
El acuerdo provocó críticas tanto entre opositores venezolanos como entre legisladores estadounidenses. Algunos republicanos lo celebraron como una oportunidad para recuperar la producción venezolana y reducir la dependencia de otros proveedores.
Los demócratas, en cambio, acusaron a Trump de haber utilizado la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero como un mecanismo para avanzar sobre los recursos petroleros de Venezuela.
El senador demócrata Chris Van Hollen afirmó que Trump puso a soldados estadounidenses en riesgo para apropiarse del petróleo venezolano en beneficio de empresarios multimillonarios. Su colega Tim Kaine calificó el acuerdo de “corrupción a una escala épica”.
La controversia también alcanzó al papel de Washington en el acuerdo. En un editorial, el consejo del Wall Street Journal comparó el anuncio de Trump con una escena de El Padrino II, en la que el dictador cubano Fulgencio Batista recibe un teléfono de oro de sus anfitriones poco antes de perder el poder. El diario cuestionó lo que describió como una expansión del “estatismo clientelista” de la administración estadounidense más allá de sus fronteras y puso especialmente el foco en la participación del Pentágono.
En Venezuela, Rodríguez defendió el pacto y aseguró que el objetivo es convertir al país en una potencia energética, con mayor producción de petróleo, exportaciones de gas y desarrollo petroquímico.
Agencias AP y Reuters
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