Coronavirus: la pandemia deja expuestos los agujeros en las redes de contención social en América Latina

Esta columna fue publicada originalmente en Americas Quarterly.

NUEVA YORK.- Ahora que los gobiernos necesitan poner dinero en el bolsillo de las familias que perdieron sus ingresos debido a la pandemia de coronavirus, América Latina podría parecer mejor preparada que el resto del mundo para hacerlo. Durante las últimas tres décadas, la región fue pionera en la creación de programas masivos de transferencia de efectivo a las familias de bajos ingresos, con notable éxito en Brasil, México y otros países.

Por el contrario, la pandemia está dejando expuestas las vulnerabilidades en las redes de contención social que existen en la región. Y si las autoridades no van con cuidado, podrían sumar falencias nuevas.

"El recurso generalizado de transferencias de efectivo durante la pandemia deja expuestos problemas de larga data, pero también abre oportunidades para innovar en el tema", dice Ugo Gentilini, economista del Banco Mundial enfocado la protección de los más vulnerables.

Desde el inicio de la pandemia, varios países se ocuparon rápidamente de extender los programas de transferencia de dinero que ya existían. Brasil sumó un millón de hogares al programa Bolsa Familia, por ejemplo, y usó su base de datos de hogares carenciados, el "catastro único", para identificar a otros potenciales beneficiarios. En la Argentina, las familias inscriptas en el Ingreso Universal por Hijo recibirán unos 48 dólares extra por hijo, el doble del monto usual.

El gobierno de Colombia expandió y aceleró el inicio de un programa piloto de transferencia directa de efectivo, mientras que el presidente de México, Manuel López Obrador , incrementó los fondos de varios programas sociales existentes, después de haber descartado los programas existentes cuando llegó a la presidencia.

Otros países crearon programas de transferencia directa de dinero de emergencia específicamente como respuesta al Covid-19. Chile creó un subsidio de 58 dólares para 2 millones de personas que en marzo no tuvieran empleo formal y que se sumó a los programas de asistencia social prexistentes. Asimismo, los gobiernos de Perú y El Salvador están lanzando nuevos programas para llegar con dinero directo a los hogares más vulnerables.

Esas respuestas de emergencia, sin embargo, plantean enormes desafíos logísticos. En El Salvador, debido al gentío que se agolpaba frente a las oficinas donde se entregaba el subsidio, el gobierno debió cerrarlas, con las consecuentes protestas de la población. En Perú, muchas familias no están bancarizadas ni tienen acceso a internet, lo que limita la llegada de asistencia a las zonas rurales, y a pesar de las medidas de distanciamiento social, muchos beneficiarios no tienen más remedio que ir en persona a recibir el pago.

La imposibilidad del gobierno peruano para identificar a los potenciales beneficiarios más necesitados también causa problemas. El presidente Martin Vizcarra admitió errores de omisión, en parte debido a que algunos municipios no actualizan desde hace varios años las cifras de hogares vulnerables en sus distritos.

"La crisis deja expuesta la fragilidad de nuestras redes de contención social", dijo Luis Miguel Castilla, exministro de finanzas de Perú, durante una videoconferencia organizada por el Centro Wilson. "Perú carece de herramientas para llegar a sus habitantes más vulnerables."

Trabajadores informales

Entre aquellos a los que más cuesta llegar con ayuda directa están los trabajadores informales, que representan la mitad de toda la fuerza laboral de América Latina, según la Organización Internacional del Trabajo. Los países se están esmerando por implementar medidas de emergencia para asistir a ese sector, pero hay muchos que se les pasan por alto. El gobierno argentino empezó ofreciendo el pago de una suma fija de 10.000 pesos a 3,6 millones de familias compuestas por trabajadores informales y domésticos, utilizando una base de datos existente de beneficiarios de otros subsidios y recurriendo a información tributaria para identificar a otros posibles necesitados.

Los migrantes, muchos de los cuales no son elegibles para los programas sociales del país anfitrión, también son especialmente vulnerables. En Perú, por ejemplo, donde desde 2015 llegaron más de 860.000 ciudadanos de Venezuela , la asistencia a los migrantes es casi nula. Según el Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico, el 95% de los venezolanos entrevistados en Perú dice no recibir ayuda institucional alguna, ni del gobierno peruano ni de organismos internacionales.

El número de venezolanos con estatus de residentes irregulares podría aumentar como consecuencia del cierre de fronteras y otras medidas implementadas en la región para intentar frenar la propagación del coronavirus.

"La protección social de los migrantes no debería ser un problema lateral en las conversaciones, sino parte integral de la agenda de la comunidad internacional", dice Mónica Rubio, alta asesora de políticas sociales de la oficina de Unicef para América Latina.

Las situaciones de emergencia, como la planteada por el Covid-19, evidencian la necesidad de programas y redes de contención social más extendidos. Según Rubio, la actual crisis es también "una oportunidad para repensar la protección social en América Latina". "Con el Covid-19, cada vez son más los que se convencen de la necesidad de ampliar los programas de protección social", señaló.

La buena noticia es que los gobiernos de la región no tendrán que ir muy lejos para buscar ejemplos. De hecho, en el Cono Sur existen programas "que tienden a una cobertura universal", dice Gerardo Escaroz, de Unicef, como la Asignación Universal por Hijo de la Argentina, que subsidia a los niños vulnerables no amparados por otras coberturas.

Por ahora, el impacto de la pandemia sobre los trabajadores y los sistemas de salud no les deja a los gobiernos latinoamericanos otra opción que gastar ahora y dejar para más tarde la preocupación fiscal. Rubio está convencida de que las vulnerabilidades que dejó expuestas la pandemia obligarán a los planificadores políticos a ir todavía más allá, garantizando algún tipo de ingreso básico universal.

"La discusión sobre el ingreso universal tiene que darse", dice Rubio. "Es inevitable".

Americas Quarterly

Traducción de Jaime Arrambide