El Estado chileno, contra Pinochet

SANTIAGO, Chile.- En una medida que busca demostrar a la comunidad internacional que es posible juzgar a Pinochet en Chile, el Consejo de Defensa del Estado (fiscalía) decidió ayer hacerse parte en las querellas presentadas contra Augusto Pinochet ante los tribunales de este país.

La fiscalía tomó esa determinación "por estimarlo conveniente a los intereses de la sociedad y el Estado", y su intervención "tiene por objeto coadyuvar en el establecimiento procesal de la verdad".

Las agrupaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas de la dictadura insistían desde hacía tiempo en que la fiscalía debía tomar parte en las demandas, para mejorar la imagen de Chile ante el mundo. La decisión pone de manifiesto la voluntad del gobierno chileno de actuar contra el ex comandante en jefe del ejército.

Al respecto, la vocero de la Fundación Pinochet, Mónica Wehrhan, declaró ayer: "Se nos pone complicado. No contábamos con esta opción. Los abogados (del general) están viendo esta alternativa".

Por su parte, Leonor Gajardo, una militante pinochetista, dijo tener la sensación de que "la presión en el nivel internacional sobre el gobierno de Chile es brutal". "Más ahora que se eligió un presidente socialista", agregó.

Entre las organizaciones de derechos humanos, la noticia fue muy bien recibida. "Es lo mejor que nos ha ocurrido hasta el momento. Es un indicador importante, porque la fiscalía tiene peso y nos puede ayudar", comentó Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.

La medida de la fiscalía se refiere específicamente al caso de la "caravana de la muerte", una comitiva militar a la que se le atribuye la ejecución sumaria de 72 presos políticos en diversas cárceles del territorio chileno en las semanas posteriores al golpe de Estado de 1973.

Siete oficiales retirados del ejército, entre ellos el general Sergio Arellano Stark, fueron procesados hasta el momento por este caso, en el que también aparece como acusado Pinochet. Arellano Starck actuó como "delegado personal" del ex dictador frente a la "caravana de la muerte".

Nuevas querellas

En tanto, la catarata de querellas contra Pinochet continuó ampliándose ayer al presentarse seis nuevas demandas en contra del ex dictador, acusándolo de asesinatos, secuestros y diversas violaciones a los derechos humanos.

Pinochet, que enfrenta desde el lunes un pedido de desafuero que podría derivar en su procesamiento ante los tribunales chilenos, ya recibió doce nuevas demandas -sobre un total de 72- desde su regreso a Santiago, el viernes último.

La más importante de las querellas presentadas ayer fue la interpuesta por la viuda de Gregorio José Liendo, un guerrillero izquierdista conocido como Comandante Pepe, ejecutado en Valdivia en octubre de 1973 tras ser detenido acusado de atacar un retén policial.

La acusación alcanza tanto a Pinochet, considerado autor intelectual de su "desaparición", como al general Arellano Stark.

Por esta causa, ayer fue elevado a la Corte de Apelaciones de esta capital un pedido de desafuero para el senador vitalicio, impulsado por el juez Juan Guzmán Tapia a pedido de los abogados querellantes.

Se espera que en un mes la Corte se expida afirmativamente sobre el pedido, abriendo así la posibilidad de un juicio contra el general retirado. De todos modos, sus abogados defensores podrán apelar el fallo a la Corte Suprema, por lo que el proceso para su desafuero se demoraría varios meses.

La otra querella presentada señala la responsabilidad de Pinochet en la muerte del hijo de la secretaría privada de Salvador Allende, María Contreras Bell, La Payita, el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.

Esta demanda fue interpuesta por el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, que anteayer ya había presentado otras cinco, junto con cuatro más. Fuentes de tribunales indicaron a La Nación que otras demandas están en preparación para ser interpuestas en los próximos días.

Apoyo español

Por su parte, en Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores español, Abel Matutes, expresó ayer su apoyo a la decisión del juez Guzmán de solicitar el desafuero de Pinochet.

"Esta es una decisión valiente y respetable, porque pide que se haga justicia, y ése es el mínimo respeto y la solidaridad que se merecen las víctimas de la represión en Chile", señaló.

"Teniendo en cuenta las declaraciones de Ricardo Lagos sobre que dejará actuar libremente a la Justicia y que la respaldaría, confío en que esa firmeza y compromisos asumidos ante la opinión pública internacional serán respetados por el presidente y el gobierno de Chile", agregó Matutes, que cuestionó además las críticas de Margaret Thatcher a la justicia española, considerándolas "fruto de su ancianidad".

El ministro de Asuntos Exteriores español lamentó que la ex Dama de Hierro le haya regalado a Pinochet, antes de que éste abandonase Londres, un plato ornamental en el que se representaba la derrota de la Armada Invencible.

Y fue aún más allá:dijo que, por su actitud, Thatcher merecería "un análisis por parte de los médicos".

Finalmente, Matutes pidió al gobierno chileno la información necesaria para que España pueda actuar en un eventual proceso contra Pinochet en Santiago.

En respuesta a las presiones españolas para que Pinochet sea juzgado, el presidente Eduardo Frei respondió ayer que "España no puede dar lecciones de democracia a Chile".

"En España hubo treinta años de dictadura de (el general Francisco) Franco y se quedaron callados. Que no nos vengan a dar lecciones a nosotros", declaró molesto el mandatario al canal TVE-3 de Cataluña.

Alfonsín

Tras calificar ayer de "insólita" la llegada de Augusto Pinochet a Chile, el ex presidente Raúl Alfonsín pidió ayer la formación de un tribunal internacional para juzgar las violaciones a los derechos humanos.

Así lo hizo durante un acto en memoria de su ex ministro del Interior, Antonio Tróccoli. Alfonsín se sumó así a las repercusiones que causó a nivel internacional la vitalidad que lució el ex dictador chileno al regresar a su país.

Por Javier Navia

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