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El gobierno boliviano rechaza negociar la renuncia del presidente Paz Pereira con los opositores
Los principales líderes de la protesta no acudieron a las mesas de diálogo, y el número de bloqueos en toda Bolivia aumentó a 84
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LA NACION
LA PAZ.– El gobierno de Bolivia descartó la posibilidad de que el presidente Rodrigo Paz renuncie en medio de la crisis social y política que atraviesa el país desde hace casi un mes, y aseguró que continuará apostando por el diálogo antes de evaluar un eventual estado de excepción.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó en una entrevista con la agencia Reuters que los pedidos de renuncia promovidos por algunos sectores movilizados constituyen un “acto antidemocrático” y recordó que el primer mandatario fue elegido hace apenas seis meses con el 55% de los votos.
“No es aceptable que a los seis meses pretendan pedir la renuncia, figura que no existe en la Constitución”, afirmó en la entrevista. “La democracia no se negocia ni se dialoga, se defiende”, agregó
Los bloqueos de carreteras aumentaron a 84 puntos, lo que empeorará el desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, informó hoy jueves la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
Según la institución, los cortes de vía subieron de 66, registrados en la mañana de este jueves, a 84 en la tarde, especialmente en el departamento central de Cochabamba (30 puntos de bloqueo), base de operaciones de los sindicalistas que defienden al expresidente Evo Morales (2006-2019).
Cientos de médicos marcharon este jueves en el centro de La Paz para denunciar la aguda escasez de medicinas y alimentos que afecta a sus pacientes, causada por los bloqueos.
“¡Para los pacientes, oxígeno y comida!”, coreaban los trabajadores de la salud, en batas blancas, entre el sonido de las sirenas de tres ambulancias que encabezaban el recorrido.
“No damos ya ni para cinco días. La alimentación en los hospitales se está terminando, se están racionando los productos. Ya tienen (los pacientes) el dolor de la enfermedad y se les está sumando el dolor del país”, dijo a la prensa Mónica Reyes, médica de 48 años.
La Cámara de la Industria Farmacéutica informó esta semana que unas 50 toneladas de medicinas y oxígeno para hospitales no pueden ser distribuidas debido a los cortes de rutas.
Simultáneamente este jueves se desarrollaron dos mesas de diálogo, una en la ciudad de La Paz, de la que participaron el vicepresidente Edmand Lara, otros funcionarios y miembros de la Iglesia, y otra mesa en Santa Cruz de la Sierra convocada por presidentes de los comités cívicos de los nueve departamentos.
Pero a las conversaciones de La Paz no acudieron los representantes de las principales organizaciones de la protesta, la Central Obrera Boliviana (COB), ni los dirigentes campesinos, mineros ni fabriles.
El presidente Rodrigo Paz se excusó también de acudir a la cita de Santa Cruz de la Sierra porque afirmó que debía permanecer en La Paz.
Pedido de renuncia
Los bloqueos y protestas son lideradas por sindicatos campesinos, sectores obreros y grupos afines a Morales, quien manifestó públicamente que la pacificación del país pasa por la renuncia del mandatario.
Pedir “la renuncia al presidente es un acto antidemocrático, es sedicioso, no corresponde y eso lo hemos apartado completamente”, señaló.
El conflicto comenzó el 1 de mayo con un paro indefinido de la Central Obrera que luego se extendió con bloqueos campesinos del occidente boliviano, lo que creó un cerco a las ciudades de La Paz y El Alto, con cerca de 2 millones de habitantes.
Pese a la presión de empresarios, transportistas y organizaciones civiles para desbloquear carreteras y restablecer el abastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos, el jefe del Ejecutivo insiste en agotar las vías de diálogo.
El gobierno teme que una respuesta represiva derive en una escalada de violencia similar a episodios registrados en anteriores crisis políticas bolivianas.
El estado de excepción o solicitudes de apoyo internacional “son completamente legales y legítimos” y serán evaluados “según la oportunidad y necesidad”, agregó Lupo.
El ministro rechazó que el país enfrente un intento de golpe de Estado de gran magnitud. De acuerdo con sus cálculos, los grupos movilizados no superarían las 30.000 personas frente a los 3,5 millones de votos obtenidos por la fórmula oficialista en las elecciones de 2025.
El gobierno busca transmitir tranquilidad a organismos multilaterales y mercados internacionales en medio de la incertidumbre política. Lupo afirmó que entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF mantienen el respaldo a Bolivia y comprenden el contexto de conflictividad.
“Ellos comprenden y son sensibles a este tipo de situación. Lo que preocupa es la imagen del país, el turismo, el tratar de poner un país en la vitrina para que el mundo venga”, explicó.
Paz actualmente busca abrir Bolivia a la inversión privada extranjera para proyectos vinculados a minería, hidrocarburos, litio y energía, entre otros sectores considerados estratégicos.
“Este no es un conflicto social cualquiera, este es un punto de inflexión entre el pasado y el futuro”, remarcó Lupo.
Agencias Reuters y Xinhua
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