El Qatargate desnuda cómo funciona la industria del lobby en Europa

PARÍS.– En un nuevo y dramático capítulo del escándalo de corrupción que agita al Parlamento Europeo desde hace una semana, la justicia belga se vuelve ahora hacia Marruecos, cuyos servicios secretos también habrían “comprado”, como Qatar, a uno de los arrestados, el ex eurodiputado Antonio Panzeri. ¿Acaso se trata de una práctica sistémica que está poniendo en peligro el equilibrio de la democracia del bloque? Los instrumentos para controlar a los innumerables lobbies que operan en la Unión Europea (UE) existen, pero parecen ser insuficientes para luchar contra el flujo de dinero sucio.

El martes 13, por aplastante mayoría, el Parlamento Europeo decidió poner fin a las funciones de vicepresidenta de la socialista griega, Eva Kaili, después de su detención y encarcelamiento por corrupción. La eurodiputada es acusada de haber recibido dinero de Qatar para defender los intereses del emirato, organizador del Mundial de Fútbol.

Otras tres personas, Panzeri, su ex asistente parlamentario, Francesco Giorgi, y el responsable de la ONG No Peace Without Justice, Niccolo Figa-Talamanca, también siguen en prisión, mientras decenas de otros funcionarios y diputados del parlamento están en la mira de la justicia. Prácticamente todos los investigados pertenecen al grupo parlamentario socialdemócrata S&D. Consternados, los legisladores parecerían dispuestos a cambios urgentes.

Fácil decirlo. Pero hace años que responsables europeos intentan reglamentar la acción de los grupos de presión, sin conseguir tapar los huecos que siempre quedan abiertos. Cada vez más similar a Washington, en Bruselas hay un lobby para todo. La Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas (Efpia), los fabricantes de pink slime, esa carne en pasta que se parece a un marshmallow (Clitravi), en cuanto a Europatat, su simpático nombre podría prestarse a risa, si detrás no se encontrara la potencia económica de McCain, la multinacional canadiense de la papa congelada, que vende una de cada tres papas fritas en el mundo. Sin olvidar a los representantes de los gigantes de internet, los Gafam, omnipresentes cuando se trata de influenciar.

Todo eso no es poesía, es lobbying. Es decir, escribir, enmendar, diluir, desviar, atrasar o suprimir una ley. Pues es justamente en Bruselas y en Estrasburgo –las dos sedes del Parlamento Europeo– donde la UE elabora las directivas, reglas y leyes aplicadas en sus 27 Estados miembros.

Tan reputada por su lobby como por su Manneken-Pis, Bruselas se ha transformado con los años en la segunda plaza de influencia del mundo, después de la capital de Estados Unidos. El floreciente sector del lobbying representa al menos unos 3000 millones de euros por año. Enseñado en Sciences Po, equipado con organismos profesionales y “cartas de deontología”, el lobbying se banalizó hasta el punto de transformarse en una profesión como cualquier otra.

Para ejercerla, existen varias categorías. Antes que nada están los lobbyistas “in-house”. En sus tarjetas de visita, esos representantes de firmas, federaciones sectoriales y asociaciones industriales se definen como responsables de cuestiones “gubernamentales”, “públicas”, “reglamentarias”, europeas”, “científicas” e incluso de “seguridad de los productos”. Detrás llegan los consultantes de empresas de lobbying y o relaciones públicas. Por último están los bufetes de abogados y los think -tanks.

Sus sueldos son conocidos. Un “junior” cobra unos 2000 euros por mes. Un “senior” puede ir hasta los 6000 euros.

Desde 2008, las instituciones europeas se han dotado de un registro de transparencia donde todos los representantes de intereses deben inscribirse y dar informaciones sobre su actividad. El problema es que la inscripción sigue siendo facultativa, permitiendo así a numerosos bufetes y empresas quedar fuera de los radares. Hasta 2013, un centenar de grandes firmas como Apple, Heineken y Nissan, o bancos como HSBC y UBS, estaban ausentes.

Las cosas evolucionaron un poco desde entonces, aunque nadie suele verificar la veracidad de los datos declarados. Entre otros cargos, las ONG denuncian regularmente los gastos de lobbying, voluntariamente reducidos en esos registros.

A partir de datos –incompletos– de ese registro de transparencia, ONG y universitarios estiman que cerca del 60% de los lobbyistas defienden intereses comerciales. Y los medios –es decir la “force de frappe”– de esos grupos de presión son infinitamente superiores a los de las organizaciones que representan el interés general y la sociedad civil.

El Consejo Europeo de la Industria Química, por ejemplo, dispone de 40 millones de euros de presupuesto anual, mientras la mayor ONG, Greenpeace, solo tiene a su disposición 3,8 millones de euros. Diez veces menos. En Bruselas, todos los días es David contra Goliath.

En 2020, el registro común a la Comisión Europea y al Parlamento contaba con 11.800 organizaciones declaradas. Ese año, la ONG Transparencia Internacional estimaba en 26.500 el número de lobbyistas presentes en forma regular en Bruselas y en 37.300 la cantidad de personas implicadas en actividades de lobby en la capital belga.

En todo caso, aunque asimilado a la corrupción, el lobbying no debe ser confundido con ella. Los funcionarios no pueden recibir ningún tipo de regalos ni invitaciones o viajes. El objetivo del lobby se resume en obtener una relación y un acceso privilegiado a quienes deciden. En otras palabras, la influencia puede ser opaca, pero los métodos empleados por los profesionales de la persuasión son conocidos y, sobre todo, legales.

Sin embargo, tanto en el caso de un lobbying eficaz, como en el de la corrupción, el problema no es que esos grupos –o países, como en el caso de Qatar, que no figura en ningún registro– consigan manipular funcionarios o eurodiputados, sino que estos estén en venta.

Para tratar de remediar, en 2019, el Parlamento Europeo estableció la obligación para sus miembros de “publicar la lista de todas las reuniones previstas con representantes de intereses concernidos por la aplicación del registro de transparencia”.

Esa transparencia es, sin embargo, obligatoria solo para los legisladores responsables de la elaboración de informes o proyectos de ley. No se impone a los encuentros con diplomáticos, periodistas o simples ciudadanos. Tampoco se aplica a los ex eurodiputados, que siguen teniendo acceso al Parlamento –como en el caso del arrestado Antonio Panzeri–, o a los encuentros fortuitos, en un pasillo, un ascensor o un cóctel… Por otra parte, las disposiciones que enmarcan el lobbying, no se aplican a terceros Estados ni a sus representantes. Ese parece ser el origen del actual escándalo, donde estarían implicados representantes de Qatar y de Marruecos.

“Con toda evidencia, la UE no está armada para poner fin a los intentos de corrupción. Un representante extranjero no tiene obligación de declararse en el registro de transparencia. Es necesario que así sea”, estima Chantal Cutajar, jurista y directora de un grupo de investigación sobre la criminalidad organizada.

Cutajar defiende la idea de crear un organismo independiente encargado del respeto de la ética y el código de conducta de los legisladores europeos. Ese código existe, pero el encargado de hacerlo respetar es un órgano interno del Parlamento, el Comité Consultivo.

Por Luisa Corradini

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