Una congresista oficialista ordenó suspender al presidente Petro hasta el balotaje y desató una tormenta política en Colombia
Gloria Arizabaleta, integrante de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y aliada del oficialismo, dispuso apartar temporalmente del cargo al presidente colombiano por presunta participación en la campaña
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LA NACION
BOGOTÁ.- Una propuesta para suspender temporalmente al presidente colombiano, Gustavo Petro, hasta la finalización de la segunda vuelta presidencial desató este miércoles una fuerte polémica política e institucional en Colombia.
La iniciativa fue presentada ante el Congreso por la representante Gloria Arizabaleta, integrante de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que investiga al mandatario por su presunta participación en política durante la campaña electoral.
Aunque en un primer momento distintos medios colombianos informaron que Petro había sido suspendido de su cargo, ministros, legisladores y especialistas advirtieron que la medida carece por ahora de efectos jurídicos inmediatos y que cualquier decisión de ese tipo debería atravesar instancias legislativas adicionales e incluso llegar al Senado.
La medida quedó plasmada en un texto de siete páginas firmado únicamente por Arizabaleta, quien investiga al mandatario por su presunta participación en política a través de publicaciones en la red social X.
Según la resolución, Petro habría vulnerado las restricciones que la legislación colombiana impone a los funcionarios públicos durante los períodos electorales.
La decisión generó repercusiones en la región. El candidato de izquierda peruano, Roberto Sánchez, dijo: “Expreso mi solidaridad con el presidente Gustavo Petro, elegido democráticamente por el pueblo colombiano y cuyo compromiso con la democracia, las instituciones y la paz ha quedado demostrado a lo largo de su trayectoria pública”.
Sin embargo, casi de inmediato surgieron fuertes cuestionamientos sobre la legalidad y constitucionalidad de la decisión. La Constitución colombiana establece que un presidente solo puede ser suspendido o juzgado tras una acusación de la Cámara de Representantes y una actuación posterior del Senado.
Por eso, dirigentes de distintos sectores sostuvieron que una integrante de la Comisión de Acusaciones carece de facultades para adoptar una medida de semejante alcance por cuenta propia.
El primero en responder fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, que adelantó que el gobierno no considera válida la resolución.
“No existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al Presidente porque es una comisión de instrucción”, afirmó. Según explicó, únicamente el Senado podría adoptar una medida de esa naturaleza después de un procedimiento constitucional específico.
Las críticas no provinieron solo del oficialismo. La senadora independiente Angélica Lozano recordó que el artículo 194 de la Constitución reserva esa facultad al Senado. En la misma línea se expresó el representante oficialista Alejandro Ocampo, compañero de Arizabaleta en la Comisión de Acusaciones, quien sostuvo que un investigador individual no tiene competencia para tomar una decisión de semejante magnitud sin cumplir los procedimientos correspondientes.
¿Es una estrategia a favor de Petro?
La controversia adquirió un matiz todavía más llamativo porque Arizabaleta no pertenece a la oposición. La congresista llegó al Congreso en 2022 como parte de la coalición oficialista del Pacto Histórico.
Abogada con experiencia en la Procuraduría y la Fiscalía, fue elegida por el partido La Fuerza de la Paz, que encabezaba entonces su esposo, Roy Barreras, uno de los principales aliados políticos de Petro durante el inicio de su gobierno.
Incluso Barreras rechazó públicamente la decisión. El ex presidente del Congreso aseguró que la Comisión de Acusaciones “no tiene ninguna atribución” para suspender al jefe de Estado y calificó la medida como inconstitucional.
También remarcó que está divorciado de Arizabaleta desde hace cinco años y sostuvo que la resolución constituye una amenaza para las instituciones.
Más allá de la discusión jurídica, la decisión abrió una segunda interpretación política. Según fuentes citadas por medios colombianos, la suspensión podría terminar favoreciendo al propio Petro.
Al quedar temporalmente apartado del cargo, el mandatario ya no estaría sometido a las mismas restricciones institucionales que pesan sobre el presidente en ejercicio y podría involucrarse con mayor libertad en la campaña del candidato oficialista Iván Cepeda, que disputará la segunda vuelta contra el opositor Abelardo de la Espriella.
Esa lectura ganó fuerza debido a que la medida provino precisamente de una dirigente identificada con el bloque político que llevó a Petro al poder. Lo que en un primer momento pareció una sanción extraordinaria contra el presidente comenzó a ser interpretado por algunos sectores como una jugada que, en los hechos, podría ofrecerle más margen de acción durante los últimos días de la campaña.
Abelardo de la Espriella, candidato por la oposición que disputará el balotaje con Cepeda, opinó en esa línea: “La suspensión de Petro es un auto atentado legislativo. Lo he venido advirtiendo, Petro se quiere robar las elecciones“.
En su resolución, Arizabaleta reconoció la existencia de una “tensión constitucional” entre la medida cautelar y el fuero presidencial.
Aun así, argumentó que la legislación disciplinaria permite adoptar una suspensión temporal para evitar la reiteración de una conducta presuntamente irregular durante la contienda electoral.
La atención se concentra ahora en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), organismo encargado de ejecutar administrativamente una decisión de este tipo.
Agencia ANSA y diarios El Tiempo y El País
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