Estalla una ola de violencia en Bolivia

LA PAZ.- En un incidente que profundizó aún más el tenso clima social y político en Bolivia cuando faltan apenas cuatro días para el polémico referéndum revocatario, dos personas murieron y 38 resultaron heridas ayer, en una localidad andina situada a 200 kilómetros de La Paz, a raíz de un enfrentamiento entre mineros y la policía.

Otra protesta, en el aeropuerto de Tarija, uno de los departamentos opositores al gobierno de Evo Morales, impidió los arribos del mandatario boliviano; del presidente venezolano, Hugo Chávez, y de la presidenta Cristina Kirchner, que tenían planeado viajar ayer a la región para respaldar a su par boliviano (ver Pág. 8).

Morales se vio así forzado, por segundo día consecutivo, a cancelar su visita a una ciudad controlada por la oposición, ya que anteayer había tenido que suspender un viaje protocolar a Sucre, donde hoy debía encabezar los festejos por la celebración de la independencia nacional y leer un informe de su gestión. El departamento de Chuquisaca -del que Sucre es capital- exige que, antes de viajar allí, el mandatario se disculpe públicamente por los tres muertos que hubo por la represión de una protesta en noviembre de 2007.

Tanto la protesta minera como la de Tarija, que se sumaron a una huelga de hambre iniciada anteayer por casi 1000 autoridades regionales y líderes de la oposición para reclamar que el gobierno les devuelva recursos de los impuestos del gas, fueron calificadas por el oficialismo de "disturbios políticos para frenar la consulta del próximo domingo", en la que Morales y los prefectos (gobernadores) del país someterán la continuidad de sus mandatos a la decisión de las urnas.

"El trasfondo de estas movilizaciones es puramente político. Están intentando hacer fracasar el referéndum y para ello están dispuestos a llegar a cualquier extremo. Pero el domingo vamos a tener una jornada democrática electoral como corresponde", declaró el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.

Por su parte, el vocero oficial, Iván Canelas, descartó que el gobierno vaya a recurrir a los militares para controlar las protestas.

El choque entre mineros y fuerzas del orden, que constituyó el hecho más grave de la jornada de ayer, estalló en la localidad de Caihuasi, en el departamento de Oruro, cuando la policía comenzó a desbloquear la carretera que une a la ciudad de La Paz con la de Cochabamba, que se encontraba tomada desde anteayer por unos 4000 mineros, en reclamo de una nueva ley de pensiones. Según el gobierno, los mineros pretendían volar un puente con dinamita.

Los violentos enfrentamientos, que se prolongaron durante todo el día y en los que no faltaron gases lacrimógenos, palazos, petardos y hasta dinamita, dejaron un saldo de dos muertos y 38 heridos. Las víctimas fatales fueron identificadas como Hernán Montero y Miguel Antonio Alegre, ambos trabajadores de la mina Huanuni, la más grande del país.

Si bien el gobierno aseguró que la policía no utilizó armas de fuego para dispersar a los manifestantes, fuentes médicas afirmaron que Montero y Alegre fallecieron por impactos de bala.

"El gobierno ha actuado al mejor estilo de los gobiernos dictatoriales y fascistas. Esto ha sido una masacre y el único responsable es Evo Morales", señaló Felipe Machaca, uno de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), que lidera las movilizaciones en demanda de una nueva ley jubilatoria, que advirtió que las protestas "se van a radicalizar".

Choques en Tarija

Mientras Caihuasi era un campo de batalla, en la ciudad de Tarija, a unos 800 kilómetros al sur de La Paz, decenas de ciudadanos, liderados por el opositor Comité Cívico, acudieron al aeropuerto local para repudiar la llegada de Morales, que planeaba reunirse allí con Chávez y Cristina Kirchner para firmar acuerdos energéticos y otros proyectos de cooperación.

Morales dijo que el acto se suspendió para no caer en las "provocaciones" opositoras. Para dispersar a los manifestantes, que denunciaban que el encuentro de los tres mandatarios era un mero acto proselitista para favorecer a Morales en la consulta del domingo, la policía lanzó gases lacrimógenos. La turba respondió con piedras y palos, y, por momentos, obligó a las fuerzas de seguridad a replegarse en el interior del aeropuerto.

"No queremos a Evo, es un traidor", afirmó la activista Leticia Morales, que explicó que la protesta se debió también a la decisión del gobierno de destinar parte de un impuesto petrolero al pago de una renta para la vejez. Por esta misma medida, autoridades del departamento opositor de Santa Cruz iniciaron el lunes una huelga de hambre, a la que ayer se sumaron los prefectos de Beni, Ernesto Suárez y de Pando, Rubén Costas. El fin de la protesta es recuperar el 30 por ciento del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH), que es retenido a las regiones por el gobierno para financiar una renta destinada a los ancianos mayores de 60 años.

También ayer, la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad inició una huelga de hambre para reclamar al gobierno un bono anual de 400 dólares, mientras que maestros estatales de La Paz anunciaron un paro general por tiempo indefinido a partir del viernes, en apoyo a los mineros.

Con este caótico escenario de fondo, el referéndum revocatorio, que busca dirimir la pugna que mantienen el Poder Ejecutivo, que impulsa un proyecto de refundación constitucional, y la oposición, que promueve gobiernos autónomos de corte liberal, entró en su recta final.

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