ETA da otro paso hacia su final: reconoce el "daño" a sus víctimas
Los presos del grupo terrorista aceptaron por primera vez el sufrimiento que generó su ofensiva separatista
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LA NACIONMartín Rodríguez Yebra
MADRID.- En un giro histórico, la agrupación que aglutina a los presos de ETA reconoció por primera vez "el daño causado" con sus atentados y declaró que acepta someterse a los "cauces legales" para resolver la situación penitenciaria de sus integrantes.
La decisión significa un paso más hacia el fin de la banda terrorista vasca, responsable de 856 asesinatos desde 1960 en su ofensiva para obtener la independencia del País Vasco. Y, además, podría ser el presagio de un inminente desarme, según esperan en el gobierno español de Mariano Rajoy.
La agrupación EPPK, que reúne a unos 600 presos y se considera el ala más intransigente de ETA, remitió un comunicado ayer a la web del diario Gara, en el que sus miembros asumen "toda la responsabilidad sobre las consecuencias" de su actividad. Y añaden: "Reconocemos con toda sinceridad el sufrimiento y el daño multilateral causados".
Sin apoyo popular y casi desmantelada por la ofensiva de las fuerzas de seguridad españolas y francesas, ETA anunció a fines de 2011 el "cese definitivo" de su acción armada y exigió "diálogo" para culminar el proceso de su disolución. El gobierno rechaza cualquier negociación con los terroristas y advirtió siempre que seguirá combatiéndolos hasta que acepten unilateralmente su final.
El gesto de aceptar el daño y el cese de la violencia -sin llegar a un pedido de disculpas y en un texto cargado de reivindicaciones políticas- sigue el guión sugerido meses atrás por el denominado Foro Social para la Paz, integrado por formaciones políticas nacionalistas e independentistas vascas. En la práctica, apunta a abrirles el camino a los reclusos a negociar beneficios carcelarios y facilitar la salida de prisión en casos en que hayan cumplido sus condenas.
Hasta ayer, EPPK se negaba a aceptar la legislación española y exigía que las decisiones sobre la situación de los etarras se tomaran en bloque y nunca de manera individual.
Un hito decisivo en este cambio fue el reciente fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obligó a España a dejar de aplicar una jurisprudencia que permitía a los jueces mantener a los terroristas en prisión hasta el máximo legal de 30 años (sin dejarlos acogerse a los beneficios de reducción de pena por trabajo o buena conducta). Así empezaron a quedar en libertad decenas de etarras, que en la práctica ya admitían jugar en el terreno de la legislación española.
En el comunicado de ayer, los etarras presos se comprometen a utilizar "cauces legales, aun cuando ello conlleve la aceptación de la condena".
El principal objetivo de EPPK es conseguir el traslado hacia cárceles del País Vasco, un reclamo por el que se movilizan desde hace décadas las agrupaciones de la izquierda radical en esa región del norte español.
La política oficial del Estado español es dispersar a los terroristas por centros de detención de toda la península, bajo la lógica de que los presos seguían conduciendo las actividades delictivas de la banda. Los etarras y las agrupaciones políticas vascas más tolerantes con ellos denuncian que esa estrategia implica una violación de sus derechos y una condena adicional para sus familias, que deben recorrer cientos de kilómetros para visitarlos.
"En lo sucesivo renunciamos al método utilizado en el pasado para hacer frente a la imposición, represión y vulneración de derechos", señaló ayer EPPK, en un párrafo en el que asumen explícitamente el fin de la violencia anunciado por la conducción de ETA hace dos años.
De todos modos, se permiten mantener sus reivindicaciones. Por ejemplo, cuando hablan del "daño multilateral causado", con el que pretenden equiparar la política de dispersión de presos y las "torturas" que ellos denuncian haber sufrido con el efecto de sus atentados (a los que no aluden de manera explícita).
También piden abrir contactos con organizaciones sociales para conseguir "el regreso a casa" sin perder su "carácter ni dignidad política". Y prometen seguir actuando por "la consecución de la libertad de Euskal Erria".
Beneficios
Pero, en los hechos, con su anuncio EPPK abre la puerta a que los etarras presos puedan pedir acogerse a regímenes de libertad condicional o gestionar permisos de salida, así como eventuales traslados a cárceles más cercanas a su tierra.
La postura de los presos fue recibida con alivio por el gobierno vasco, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que promueve una flexibilización de la política carcelaria española para apuntalar el proceso de paz iniciado hace dos años con el cese de la actividad terrorista.
En cambio, fue abiertamente rechazada por la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza. "Es una estrategia para quedar impunes. Si admiten el daño causado, que cumplan íntegramente sus condenas", enfatizó.
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