Garzón amplió la orden de detención
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MADRID (Especial para La Nación ).- El juez Baltasar Garzón amplió ayer la orden de prisión provisional e incondicional contra Augusto Pinochet hasta 94 hechos, que incluyen los presuntos delitos de terrorismo, genocidio y torturas. Además, transmitió a Gran Bretaña una comisión rogatoria para interrogar a Pinochet.
En el nuevo auto judicial, Garzón acusó a Pinochet de haber sido uno de los "máximos responsables" de la Operación Cóndor, organización que "concibió, desarrolló y ejecutó un plan sistemático de detenciones ilegales, torturas, desplazamientos forzosos de personas, asesinatos y/o desaparición de numerosas personas" de la Argentina, España, Reino Unido, Estados Unidos, Chile y otros países.
El juez expuso 94 casos de chilenos o argentinos residentes en Chile secuestrados en las ciudades de Buenos Aires, Mendoza, La Paz (Bolivia), Cipolletti, Comodoro Rivadavia, La Plata, San Martín (Pcia. de Buenos Aires), Neuquén, Río Negro, Tucumán, Córdoba, Futaleufú, Mar del Plata y Salta, ninguna de las cuales ha vuelto a aparecer con vida.
Garzón calificó los hechos apoyándose en nueve normas de carácter internacional: la Declaración de Moscú de 1943 (suscripta por el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética) sobre crímenes contra la humanidad; el Estatuto del Tribunal de Nuremberg de 1945; la resolución de las Naciones Unidas de 1946 aprobando los estatutos y las sentencias de Nuremberg; el convenio de la UN de 1948 contra el genocidio; el pacto de derechos y civiles de la UN de 1966; la resolución de la UN de 1973 sobre persecución de crímenes contra la humanidad; la convención de la UN contra la tortura (1984); la declaración de la Asamblea General de la UN sobre la desaparición de personas (1992), y el Convenio Europeo sobre Represión del Terrorismo (1977).
Imprescriptibles
Según dichas disposiciones, "aplicables en el Reino Unido", dice el auto, los crímenes de esta naturaleza son imprescriptibles y sus responsables no disfrutan de impunidad diplomática ni pueden obtener estatuto de refugiado ni asilo político. Además, "todos los Estados del mundo están obligados a perseguirlos" y "a colaborar en la persecución que de tales crímenes hagan otros Estados".
En tanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que mantiene una guerra contra Garzón y cuestiona su competencia para juzgar los hechos ocurridos en la Argentina bajo la dictadura militar, presentó también ayer un recurso contra el auto de prisión contra Pinochet. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, declaró que el gobierno español puede rechazar una solicitud de extradición.
Fungairiño agregó que el auto de prisión no le fue notificado por el juez sino que lo conoció de forma extrajudicial y extraprocesal. Además, dijo, la causa contra Pinochet debía haber sido tramitada por el Tribunal Supremo por ser Pinochet senador chileno.
Dichos y hechos
"Pinochet estaba durmiendo bajo el efecto de sedantes y no entendió nada cuando por la noche le anuncié la detención -dijo ayer el embajador de Chile en Gran Bretaña, Mario Artaza-. Fue despertado y no entendía de qué se trataba. El médico y otras personas que lo acompañaban debieron abandonar la habitación y el general quedó totalmente confundido."
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Hortensia Bussi, la viuda de Salvador Allende, manifestó ayer a la radio colombiana Caracol "una gran alegría y satisfacción" por el arresto, aunque refirmó su oposición a la pena de muerte. "Es un acto de justicia -dijo-, porque como dice un refrán: la Justicia tarda, pero llega. Espero que esto siga adelante, aunque no me ilusiono con que sea extraditado."




