Imputan a las hijas de Rodríguez Zapatero y a su secretaria en la causa por tráfico de influencias
El juez investiga un presunto tráfico de influencias del expresidente español y citó a declara a Alba y Laura Rodríguez Espinosa; la causa analiza si hubo pagos ilegales vinculados al rescate de la aerolínea Plus Ultra
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LA NACION
MADRID.– La Justicia española amplió este jueves la investigación por presunto tráfico de influencias contra el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al imputar a sus dos hijas y a su secretaria, en el marco del denominado caso “Plus Ultra”, que analiza el rescate público de la aerolínea durante la pandemia.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó citar “en calidad de investigadas” a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a Gertrudis Alcázar, colaboradora histórica del exmandatario. Según informó el tribunal en un comunicado, las hijas de Zapatero figuran como titulares de la sociedad Whathefav, a la que los investigadores atribuyen un “papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes” para los hechos bajo pesquisa.
La causa examina si el exjefe de Gobierno, que ocupó el cargo entre 2004 y 2011, intervino para favorecer, a cambio de contraprestaciones económicas, el rescate con fondos públicos de la aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros durante la crisis del Covid-19. Se trata de la primera vez que un presidente del gobierno español, en ejercicio o retirado, es formalmente investigado por la justicia.
Zapatero compareció el miércoles ante el magistrado, negó cualquier irregularidad y quedó en libertad sin medidas cautelares, pese a que la Fiscalía había solicitado la retirada de su pasaporte. En un comunicado posterior, el exdirigente socialista aseguró: “Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido”. Además, se declaró “completamente inocente”.
El instructor sostiene, sin embargo, que existen indicios de que el exmandatario habría liderado una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” destinada a la percepción de sobornos.
En ese contexto, la investigación también apunta a un posible delito fiscal, tras el hallazgo en una caja fuerte de joyas y relojes valorados en más de 1,3 millones de euros, cuyo origen no ha sido acreditado. Según versiones de prensa, esos bienes habrían sido regalos de un líder saudita.
En relación con las hijas de Zapatero, el juez argumenta que su imputación responde a la necesidad de garantizar sus derechos procesales. Señala que citarlas como testigos resultaría incompatible con su posible responsabilidad penal, ya que las obligaría a declarar bajo juramento. Como investigadas, en cambio, pueden ejercer su derecho a no incriminarse y a no confesarse culpables, en línea con las garantías constitucionales.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ya había registrado en mayo las oficinas de Whathefav ante sospechas de que la firma actuaba como vehículo para canalizar pagos. Según los investigadores, varias facturas emitidas por la consultora Análisis Relevante —vinculada al empresario y allegado de Zapatero, Julio Martínez Martínez— presentaban conceptos genéricos como “servicios agencia”, sin detallar trabajos concretos, lo que consideran compatible con operaciones simuladas.
Respecto de la secretaria del expresidente, el magistrado la sitúa como parte del entramado investigado, apoyándose en correos electrónicos intervenidos en los que se discute la emisión de facturas por importes relevantes. Para el juez, esos intercambios evidencian una “concertación previa” y refuerzan la hipótesis de que no existían prestaciones reales de servicios.
Por otro lado, el instructor rechazó, por el momento, ampliar la solicitud de información a Estados Unidos sobre el contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de Plus Ultra, cuyos mensajes han sido incorporados a la causa. El magistrado consideró prematuro profundizar en ese análisis hasta recibir respuesta a las diligencias internacionales ya cursadas.
Asimismo, desestimó nuevas imputaciones solicitadas por la acusación popular, entre ellas las del exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el exsecretario de Estado Pedro Saura, al entender que no procede adoptar esas medidas en esta fase de la investigación.
El avance del caso añade presión política sobre el actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en un contexto en el que varias personas de su entorno han sido vinculadas a investigaciones judiciales. Zapatero, con quien Sánchez ha mantenido afinidad política, se convierte así en una figura central de un proceso que podría tener derivaciones de alto impacto institucional.
Fuentes jurídicas señalan que las próximas semanas serán clave para determinar el alcance de la presunta trama y el eventual grado de implicación de los distintos investigados, a medida que se incorporen nuevos informes policiales y respuestas a comisiones rogatorias internacionales.
Agencia AFP y diario El País
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