La credibilidad del presidente, cada vez más golpeada

Lucía Leal
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7 de junio de 2013  

WASHINGTON.-La obtención secreta de registros telefónicos de millones de clientes de la compañía Verizon es el último golpe a la credibilidad del presidente Barack Obama, visto cada vez por más estadounidenses como un continuador de las políticas que más criticó: las de su predecesor George W. Bush.

Si el segundo mandato de un presidente es clave para cimentar su legado, el de Obama se llenó hasta ahora de dolores de cabeza: la revelación del excesivo escrutinio a grupos conservadores del servicio de recaudación de impuestos (IRS); las escuchas telefónicas a la agencia AP y a un periodista de Fox News, y el caso de la operadora telefónica Verizon, revelado por The Guardian.

Según el diario británico, la corte creada por la ley de vigilancia de inteligencia extranjera (Fisa) concedió en abril una orden judicial por la que el gobierno puede examinar a diario y de forma ilimitada los registros telefónicos de clientes de Verizon durante tres meses, aunque sin acceder a su contenido.

Sumada a los recientes escándalos, esa práctica subraya la percepción de que la Casa Blanca de Obama se extralimita al interpretar sus atribuciones en materia de seguridad, una idea a la que no ayuda la promesa incumplida de cerrar Guantánamo, donde rige aún, con ciertos cambios, la política de Bush.

"Bienvenidos a la era de Bush-Obama, un mandato de 16 años en la historia estadounidense que será recordado por una erosión sin precedente de las libertades civiles y una falta de respeto a la transparencia", escribió ayer el analista Ron Fournier, director editorial de la revista National Journal.

Fournier argumentó que, "en la guerra contra el terrorismo y sus traicioneros efectos colaterales, Estados Unidos podría haberse salteado las elecciones de 2008", porque "ellas no cambiaron nada".

Bush también recurrió a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) para registrar las llamadas telefónicas de ciudadanos estadounidenses, una práctica que fue revelada en 2006. Hasta ahora, se desconocía si Obama había continuado esa táctica.

Steve Vladeck, experto en derecho constitucional de la American University, recordó que, para obtener los registros de Verizon, la Casa Blanca se amparó en la sección 215 de la ley antiterrorista Acta Patriota, de 2001. Esa disposición le permite acceder a "un amplio rango de registros de negocios" siempre que certifique que lo hace dentro de una investigación "para proteger contra el terrorismo internacional o actividades clandestinas de inteligencia".

"Lo alarmante no es que el gobierno esté obteniendo datos sin sospechas individualizadas, sino que usa la provisión de acceder a registros de negocios para conseguir información de personas privadas, que no están implicándose en lo que solemos concebir como transacciones empresariales", subrayó Vladeck.

"Esto va más allá de lo «orwelliano», y es otra prueba más del punto hasta el que los derechos democráticos básicos se están sacrificando en secreto para satisfacer las demandas de agencias de inteligencia que no rinden cuentas", dijo James Jaffrey, subdirector legal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Según Vladeck, no obstante, la revelación sobre Verizon "palidece en comparación" con la de los registros telefónicos de AP.

La senadora demócrata Dianne Feinstein, que preside el Comité de Inteligencia del Senado, reveló que la orden judicial para recopilar los registros de Verizon era una mera renovación de una práctica que lleva ejecutándose desde hace tiempo, lo que puede proporcionar un paraguas al gobierno de Obama ante los renovados ataques.

Pero el hecho de que Bush también recurriera a esa táctica da un nuevo argumento a quienes mantienen que Obama es un mero continuador de su predecesor, al menos en el plano de la guerra al terrorismo, la misma que él precisamente se comprometió a acabar.

La sucesión de escándalos, sin embargo, no parece hacer mella en el índice de aprobación de Obama, que se mantenía en un 53%.

"Simplemente, no hay quórum entre los votantes para volver a imponer protecciones a la privacidad dentro de las amplias autoridades que el gobierno consiguió después del 11 de Septiembre", concluyó Vladeck.

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