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La crisis de Ceuta desnuda la fractura migratoria de Europa
Aunque los cruces irregulares disminuyen en el continente, las rutas se reconfiguran y los gobiernos avanzan por caminos opuestos
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Corresponsal en FranciaLuisa Corradini
PARIS.– Miles de migrantes llegaron a nado al enclave español de Ceuta en el transcurso de una semana, reavivando una crisis que se creía controlada.
Pero ese episodio local, por muy espectacular que sea, no debe ocultar una realidad más compleja: a escala continental, las entradas irregulares están disminuyendo notablemente, aun cuando las rutas migratorias se desplazan y se transforman constantemente.
Entre la externalización al estilo italiano, el endurecimiento del marco europeo y la regularización masiva al estilo español, la Unión Europea (UE) sigue enfrentando esta crisis de manera desarticulada.
Las escenas fueron dantescas. El 30 de julio, desde el amanecer, miles de personas, en su mayoría marroquíes, se agolparon en las playas de Tarajal, en la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta.
Algunos escalaban las vallas de espino, mientras que otros cruzaban a nado las agitadas aguas del Mediterráneo. En cuestión de horas, miles de migrantes cruzaron la frontera en forma irregular, desbordando a las autoridades locales.
Las imágenes, difundidas en directo en las redes sociales, mostraron multitudes en descontrol, niños agotados y fuerzas de seguridad superadas por la situación.
“Es una crisis humanitaria absoluta”, afirmaron los responsables regionales, mientras que las autoridades de Ceuta exigieron la declaración del estado de emergencia y el despliegue del ejército.
En las últimas 24 horas, el número de migrantes fallecidos por ahogamiento en las últimas 24 horas mientras intentaban cruzar a nado desde las costas marroquíes ascendió a 17. Desde comienzos de año, al menos 39 cadáveres de personas que intentaban alcanzar Ceuta han sido recuperados en el mar, según el registro de las autoridades locales.
En el terreno, las estructuras de acogida están al límite de su capacidad: el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) alberga ya a cerca de 700 personas, mientras que cientos de otras esperan a sus puertas ante la falta de plazas.
La onda de choque alcanzó de inmediato la esfera política. Las autoridades locales exigen la declaración del estado de emergencia nacional y el despliegue del ejército, mientras que la oposición de derecha acusa abiertamente al gobierno de Pedro Sánchez de haber eludido sus responsabilidades ante la crisis.
Un factor jurídico complicó aún más la situación: a principios de julio, el Tribunal Supremo español dictaminó que los migrantes interceptados en el mar al intentar llegar a Ceuta o Melilla ya no pueden ser objeto de una devolución sumaria bajo el régimen excepcional propio de estos enclaves, una decisión que algunos sindicatos policiales temían que tuviera un verdadero efecto llamada.
Cifras a nivel continental
Sin embargo, contrariamente a la imagen que puede proyectar la actualidad inmediata, las estadísticas globales de Frontex cuentan en realidad una historia muy distinta: la de un claro retroceso en los cruces irregulares hacia la Unión Europea.
En 2025, la agencia europea de guardia de fronteras y de costa detectó aproximadamente 178.000 cruces ilegales de sus fronteras exteriores, lo que supone una disminución del 26 % respecto al año anterior: casi la mitad que en 2023 y el nivel más bajo desde 2021.
Esa tendencia se acentuó a principios de 2026, con una reducción de casi el 40% en el primer trimestre y del 37% en el conjunto del primer semestre.
No obstante, Frontex evita caer en el triunfalismo. Su director ejecutivo, Hans Leijtens, matiza la situación explicando que las cifras y el nivel de riesgo real ya no cuentan exactamente la misma historia: “La presión migratoria no desaparece, sino que se desplaza y se reconfigura según los conflictos, la inestabilidad regional y la constante adaptación de las redes de tráfico de personas”, repite.
El costo humano, por su parte, no disminuye: cerca de 1300 migrantes murieron en el mar desde enero de 2026 en su intento de llegar a Europa.
Las rutas
Cuatro grandes itinerarios siguen estructurando la mayor parte de las llegadas irregulares al continente. El Mediterráneo central, entre Libia, Túnez e Italia, sigue siendo la vía más transitada, con el 37 % de todas las llegadas en 2025.
Los ciudadanos bangladesíes constituyen el principal contingente, seguidos por eritreos, pakistaníes y egipcios. El Mediterráneo oriental, a través de Grecia y la fachada adriática, sigue siendo también un punto de paso clave, con 51.000 cruces registrados el año pasado, impulsados principalmente por salidas desde Afganistán, Sudán y Egipto.
Por el contrario, dos rutas que antes eran muy transitadas se han secado considerablemente. La ruta del África occidental hacia Canarias experimentó la caída más espectacular, con un retroceso del 63% en 2025, mientras que la ruta de los Balcanes occidentales se desplomó un 58% en los primeros meses del año, debido al efecto combinado del refuerzo de los controles y al desmantelamiento de decenas de redes de traficantes.
Por último, el Canal de la Mancha sigue siendo un punto crítico hacia el Reino Unido, con 65.000 cruces contabilizados en 2025, a pesar de que los intentos cayeron un 44% en el primer semestre de 2026, gracias en gran medida al acuerdo firmado en abril entre París y Londres.
Sin embargo, un informe de la Organización Internacional para las Migraciones matiza el optimismo mostrado en Bruselas: las salidas desde el África subsahariana hacia los países del Golfo han aumentado un 34% entre 2024 y 2025.
“La señal es clara: el endurecimiento de los controles europeos está redibujando las trayectorias de la movilidad internacional sin abordar las causas profundas de la migración: conflictos prolongados, presión demográfica, crisis climáticas o el colapso de la ayuda humanitaria decidido por Donald Trump apenas asumió su segunda presidencia”, afirma Jean-Dominique Giuliani, presidente de la Fundación Robert Schuman.
Ante este panorama cambiante, las capitales europeas avanzan en forma desarticulada. La Italia de Giorgia Meloni ha convertido la “externalización” en su sello distintivo, con la construcción de dos centros en Albania, en Shëngjin y Gjader, destinados a acoger a los migrantes interceptados en el mar.
Sin embargo, el proyecto se enfrenta a una batalla judicial constante: la justicia italiana anuló en repetidas ocasiones los traslados a esos centros, dejándolos prácticamente vacíos, lo que obligó a Roma a ampliar mediante decreto la lista de personas transferibles.
Meloni apuesta ahora por la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo para dotar finalmente de un marco legal sólido a su estrategia, celebró con entusiasmo la adopción por parte del Parlamento Europeo del concepto de “hubs de retorno” (centros de detención), situados fuera de la Unión destinados a los solicitantes de asilo denegados.
En el eje franco-británico, la cooperación en el Canal de la Mancha se intensificó en torno a la inmigración ilegal, lo que permitió una reducción notable de las travesías.
A escala de toda la UE, 2026 marca un punto de inflexión con la entrada en vigor, en junio, del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo que establece controles reforzados, una lista común de terceros países considerados seguros, un mecanismo de solidaridad obligatorio entre los Estados miembros y nuevas normas de retorno conforman este dispositivo esperado desde hace años.
La apuesta de Sánchez
Es precisamente en este terreno donde Madrid optó por una vía radicalmente distinta a la de sus vecinos. El 14 de abril de 2026, el gobierno español del primer ministro Pedro Sánchez aprobó una regularización extraordinaria que podría beneficiar a unas 500.000 personas en situación irregular, una de las medidas migratorias más significativas tomadas en Europa en las últimas décadas.
Los criterios establecidos fueron precisos: una estancia ininterrumpida de al menos cinco meses en España antes del 1 de enero de 2026, la ausencia de antecedentes penales y la existencia de vínculos demostrables con el país, ya sean profesionales, familiares o sociales.
El dispositivo se centraba prioritariamente en personas que hubieran presentado una solicitud de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025, con la concesión de un permiso de residencia y trabajo renovable por un año.
Abierto del 16 de abril al 30 de junio, el mecanismo despertó un interés muy superior a las expectativas del gobierno: finalmente se presentaron más de un millón de solicitudes, e incluso un informe de la Policía Nacional mencionaba un total de 1,3 millones.
Sánchez justifica esta decisión basándose en una doble lógica, demográfica y económica. Asegura que, sin el aporte migratorio, el PBI español sería un 19 % inferior para el año 2050, y defiende una política que califica de legal, segura y ordenada, necesaria para satisfacer las necesidades de una economía en pleno auge, especialmente en las regiones rurales que sufren la despoblación.
De hecho, el diagnóstico demográfico es impactante: al 1 de enero de 2026, la población española alcanzó un récord histórico de 49,57 millones de habitantes, un crecimiento impulsado íntegramente por la inmigración.
Sin embargo, esta orientación no está exenta de costo político. Según diversas fuentes diplomáticas, la Comisión Europea habría manifestado fuertes reservas ante la magnitud de esta regularización, por temor a que entre en contradicción con la política migratoria común del bloque.
A nivel interno, la oposición de derecha y el partido de extrema derecha Vox lo ven como una maniobra electoral. Su líder, Santiago Abascal, denunció una medida que “perjudica a todos los españoles”. El contraste es aún más llamativo dado que este anuncio se produce en un momento en que Pedro Sánchez atraviesa un periodo de turbulencia política, marcado por escándalos de corrupción que afectan a su entorno más cercano.
El episodio de Ceuta ilustra por sí solo la dificultad de mantener un discurso unívoco sobre la crisis migratoria europea.
“En el mismo momento en que las estadísticas globales de Frontex reflejan una neta reducción de los cruces irregulares, algunos puntos de entrada siguen experimentando brotes bruscos y localizados, a menudo vinculados a dinámicas diplomáticas bilaterales, como las tensiones o los acercamientos entre Madrid y Rabat”, analiza Giuliani.
A su juicio, entre la externalización defendida por Roma, el endurecimiento impulsado por el nuevo marco europeo y la apuesta inversa por la regularización elegida por Madrid, el continente experimenta simultáneamente diversas filosofías de gestión migratoria, cuya eficacia respectiva solo podrá valorarse con el paso del tiempo.
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