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La cumbre rechazó la extraterritorialidad
El documento final impugnó la aplicación unilateral de las leyes por parte de un Estado; diversas interpretaciones.
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LA HABANA.- Uno de los temas que prometía enfrentamientos entre los representantes de los gobiernos de España y de América latina, el de la extraterritorialidad de la Justicia, fue resuelto ayer en la declaración final de la cumbre iberoamericana con un párrafo lo suficientemente amplio que dejó satisfechos a todos, pese a que cada parte involucrada hizo una lectura distinta del mismo.
En el documento -que deberán ratificar hoy los representantes de los 21 países iberoamericanos- se "reitera el enérgico rechazo una vez más a la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes nacionales que infrinjan el Derecho Internacional y las leyes y ordenamientos de terceros países".
El texto de este párrafo se inscribe en la dura disputa entre el gobierno chileno y la justicia española, que, por orden del juez Baltasar Garzón, logró, en octubre de 1998, la detención en Londres del ex dictador chileno y actual senador vitalicio Augusto Pinochet.
La justicia británica discute aún si aprobará o no la extradición del ex general a Madrid, donde se lo pretende juzgar por varios casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante su dictadura (1973-1990).
"Esta declaración satisface plenamente a Chile. Es un gran triunfo para nuestro país", dijo el canciller chileno Juan Gabriel Valdés, que reemplaza en la cumbre de La Habana al presidente Eduardo Frei, que decidió no asistir en protesta por la detención en Inglaterra de Pinochet a instancia de España.
En un gesto de solidaridad con los reclamos de Santiago, el presidente argentino, Carlos Menem, actuó de igual manera, enviando en su lugar al ministro de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella.
Una alta fuente de la Cancillería, en tanto, dijo que el pronunciamiento estaba en un todo de acuerdo con la postura común de la Argentina y de Chile, aunque reconoció que, por su ambigüedad, también España podía considerarse satisfecha.
Cabe recordar que el juez Garzón ha pedido también la captura internacional de 98 militares argentinos involucrados en hechos de represión y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en la Argentina (1976-1983).
"Caos jurídico"
En tanto, y sin nombrarla, Valdés acusó a España de faltar a los principios de la unión de los países iberoamericanos y advirtió que la pretensión de aplicar las leyes en forma extraterritorial podría generar un peligroso "caos jurídico" a nivel internacional.
Según el canciller chileno, el actual debate en España sobre el caso Pinochet "fortalece nuestro planteamiento ante el tribunal de La Haya", al que Santiago podría recurrir el procesamiento del ex dictador.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores español, Abel Matutes, hizo una interpretación distinta del párrafo sobre la extraterritorialidad de las leyes y aclaró que éste no produce ningún cambio con respecto a lo acordado por los mandatarios de los países iberoamericanos en anteriores cumbres.
"Todos estamos en contra de las leyes extraterritoriales, cuyo ejemplo que siempre citamos es la ley Helms-Burton, y aquí se contiene un rechazo a las leyes extraterritoriales, a menos que estemos contemplando el Derecho Internacional", dijo Matutes.
Pero el canciller español explicó también que "se está contra la aplicación extraterritorial de las leyes, con la excepción de la aplicación extraterritorial que regula el propio Derecho Internacional, como es el caso de la Convención contra la Tortura, en la cual una serie de países acuerdan que para perseguir los delitos de la tortura es aplicable el principio de la extraterritorialidad".
Falta de coincidencia
Por ello, consideró que "todo lo aprobado está plenamente de acuerdo con lo que han sido las posiciones de España y de la cumbre desde siempre".
Matutes señaló que habló con Valdés, de quien dijo que defiende "posiciones del gobierno de Chile que no son coincidentes con las españolas", a pesar de insistir en que hay una buena relación entre ambos cancilleres y ambos gobiernos más allá de las discrepancias por el caso Pinochet.
El ministro español declaró además que en las reuniones de cancilleres "enseguida ha emergido un perfecto consenso sobre las conclusiones, todas plenamente aceptables para España".
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