La presidenta de Perú dijo que Bolivia es un “país fallido” y provocó un cruce diplomático
En su último discurso ante el Parlamento, la mandataria comparó al país vecino con Cuba y Venezuela; ambos países se encuentran sin embajadores mutuos desde 2022
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LA NACION
LA PAZ.- El gobierno boliviano encabezado por Luis Arce convocó el martes al encargado de negocios de Perú en La Paz para expresarle su rechazo por las declaraciones “inadmisibles” de la presidenta peruana Dina Boluarte, según las cuales Bolivia es un “país fallido”.
En su último mensaje a la nación desde el Congreso, Boluarte señaló el lunes que de no haber sido por su administración Perú habría caído en el caos económico.
“Estaríamos en un país sin inversiones, sin obras ejecutadas, con mayor pobreza, camino a convertirnos en un país fallido, como Cuba, Venezuela o Bolivia, y otros tantos más", sostuvo la dirigente.
El vicecanciller boliviano Elmer Catarina dijo en una conferencia de prensa que Bolivia le manifestó al diplomático peruano, Carlos Montoya, “un rechazo contundente por esas declaraciones inadmisibles“.
Bolivia y Perú se encuentran sin embajadores desde fines de 2022, cuando la entonces vicepresidente Boluarte asumió en reemplazo del líder de izquierda Pedro Castillo, destituido y encarcelado por su intento de disolver el Congreso peruano.
El gobierno de Arce señaló entonces que no reconocían al nuevo gobierno. La Paz tomó la decisión junto a México, Argentina y Colombia.
Último discurso parlamentario
Boluarte declaró el lunes que su gobierno “no tuvo paz desde un inicio”, en lo que fue su último discurso ante el Parlamento de su país, mientras familiares de manifestantes fallecidos durante protestas al comienzo de su mandato marchaban en Lima.
“Se construyó una narrativa, un relato por el cual los golpistas eran las víctimas y los que luchamos por recuperar el orden constitucional democrático... fuimos los victimarios“, dijo Boluarte, que fue interrumpida por gritos de “asesina” de algunos opositores. Otros mostraban retratos de manifestantes como Rosalino Flores, quien murió en 2023 tras recibir 36 perdigones de la policía.
“Mi esposo fue torturado hasta la muerte por esta policía que defiende a esta Dina asesina”, dijo durante la marcha Mariela Cayo, viuda del manifestante Manuel Quilla, quien sufrió golpes en la cabeza y manos tras ser detenido por los agentes y murió 17 días después, según la fiscalía.
La abogada de 63 años sin experiencia política previa, sucedió en diciembre de 2022 en la presidencia a Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta, luego que el entonces mandatario intentara disolver el Congreso de su país, lo que llevó a su remoción y encarcelamiento por tres años mientras es juzgado por presunta rebelión e investigado por corrupción.
La salida de Castillo provocó múltiples protestas durante cuatro meses, sobre todo en regiones del sur de los Andes en las que la lengua predominante es el quechua y el líder de izquierda había recibido un apoyo electoral abrumador.
Boluarte, que no cuenta con el respaldo de una bancada legislativa, gobierna gracias al apoyo del partido Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori, hija mayor del expresidente peruano Alberto Fujimori, y del gobernador de la región La Libertad, César Acuña.
La mandataria tiene la aprobación presidencial más baja registrada en la historia del país andino, según diferentes encuestadoras. El domingo, la firma CPI publicó en la radio RPP su sondeo nacional de julio, en el que Boluarte alcanzó 2,1% de popularidad y 97% de desaprobación.
La población le critica su supuesto desinterés en frenar delitos como asesinatos y extorsiones, cuyas cifras son las más altas desde 2017, según datos oficiales. También se le cuestiona su sueldo actual de más de 10.000 dólares mensuales, equivalentes a unos 31 sueldos mínimos peruanos.
Boluarte suma 964 días en el poder, dos días más que Martín Vizcarra, presidente de Perú entre 2018 y 2020. Su mandato es el más extenso si se le compara con sus cinco antecesores desde 2016, en un país que vive convulsionado porque los presidentes no logran reunir una mayoría parlamentaria que asegure su estabilidad, según dicen los expertos.
El lunes, los manifestantes llegaron con 50 ataúdes de cartón pintados de negro muy cerca del Parlamento, pero las fuerzas de seguridad los frenaron. En ese punto, quienes participaban de la protesta dejaron los cajones en el piso y buscaron avanzar por otra zona, donde agentes de la policía golpearon a dos fotoperiodistas, tiraron gases lacrimógenos y disolvieron la protesta.
Agencias AP y AFP
LA NACION
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