La región más rica de Bolivia ratificará hoy su autonomía

SANTA CRUZ DE LA SIERRA.– Hizo todo lo posible por evitarlo. Buscó la mediación de la Iglesia Católica, de los organismos internacionales y de los países vecinos. Pero fue en vano.

El presidente Evo Morales vivirá hoy uno de los días más complicados desde que llegó al poder. Es que se da por descontado que la región más rica de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, expresará en un referéndum no sólo sus anhelos de autonomía, sino también, de manera indirecta, el rechazo a su gestión.

No sorprenden aquí las encuestas que reflejan este fenómeno de fusión entre el reclamo autonómico y la oposición al gobierno, que declaró ilegal la consulta.

Todos los sondeos indican que el sí ganará hoy con, por lo menos, el 70% de los votos. Según un estudio de la Asociación Boliviana de Ciencia Política, Morales cuenta con una imagen positiva del 27% en Santa Cruz, una cifra no muy lejana a la que, se estima, votará por el no o se abstendrá en el referéndum.

En las calles de la ciudad de Santa Cruz, capital del departamento que lleva el mismo nombre, todo hace referencia al reclamo autonómico. Abundan las banderas verdes y blancas (los colores de este departamento), los autos llevan en la luneta trasera una calcomanía que reclama: “¡Autonomía ya!” y en las paredes aparecen, pintadas a mano, las consignas más agresivas: "Evo, chola de [Hugo] Chávez", "Evo, Santa Cruz es tu tumba", "Estatuto o muerte".

Es que tras casi dos años y medio del gobierno de Morales, el reclamo autonómico y el rechazo de su gestión se confundieron hasta convertirse en una misma consigna política. Los que están en contra del gobierno central votarán hoy por el sí. Los que están a favor, se abstendrán.

El ambiente es de una tensa calma y los partidarios del presidente han prometido entorpecer la jornada electoral. Ayer La Paz dispuso el envío de 2000 soldados a Santa Cruz.

En cuanto se habla con algún cruceño sobre el referéndum autonómico, no hace falta esperar demasiado para que la charla gire en torno de la gestión presidencial.

"Toda la vida hemos vivido muy presionados por La Paz. Y encima este presidente es muy autoritario. Tiene mucho resentimiento. No sé si su problema es que es indio, de familia pobre, de gente indígena que se sintió oprimida", afirmó a LA NACION Susana Rivera, una jefa administrativa de 43 años que nació en Santa Cruz.

A tal punto la consulta de hoy, en la que participarán 930.000 personas, se convirtió también en un plebiscito sobre Morales, que el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, tuvo que salir a calmar las aguas en una reciente entrevista: "Lo diré claramente: no queremos derrocar a Evo Morales; quiero que cumpla su mandato".

El prefecto (gobernador) de este departamento, Rubén Costas, llamó a la población a "movilizarse en paz" y afirmó que, después del referéndum, el gobierno y los autonomistas debieran buscar "un gran pacto nacional, como los que hicieron España y Sudáfrica".

Sin embargo, desde el gobierno de Morales advertían que pueden registrarse brotes de violencia hoy en Santa Cruz y también casos de fraude.

"Nos preocupa la llegada de varios camiones transportando gente civil de otras regiones", declaró el vocero del gobierno boliviano, Iván Canelas.

Algunas radios bolivianas afirmaron que se trataría de gente de Tarija, Beni y Pando, los otros departamentos que reivindican también su autonomía, para apoyar al proceso de Santa Cruz.

Por otra parte, Canelas afirmó que la Corte Electoral de Santa Cruz contrató a una consultora privada para el recuento de votos, que se hará al margen del sistema informático nacional. "Esas anormalidades nos hacen pensar que es muy fácil generar un proceso de fraude en esta votación", advirtió Canelas.

Desconocimiento

Pese a que tienen en claro su rechazo a Morales, muchos de los que votarán por el sí hoy no saben exactamente en qué consiste el estatuto redactado por una asamblea de delegados municipales y que plantea la creación del Departamento Autónomo de Santa Cruz.

Se trata de una figura no prevista por la Constitución, que sería el primer paso para dejar atrás el Estado centralista boliviano y pasar a un sistema federal. "No sé muy bien cuáles son esas leyes; no sé bien de qué tratan esos estatutos. Va a ser como tener al gobierno central, pero en Santa Cruz, ¿no?", dijo a LA NACION, algo confundida, Andrea Vallejos, estudiante de derecho.

El estatuto que se pone en juego en el referéndum de hoy, considerado ilegal por el gobierno, pero legítimo por los cruceños, otorga a las autoridades locales todas las facultades, salvo las de Defensa y Relaciones Exteriores.

De ganar el sí, Santa Cruz podrá contar con su propia policía. También tendrá una Asamblea Legislativa Departamental y el gobierno cruceño será responsable del derecho propietario sobre la tierra, la regulación de los derechos, la distribución, redistribución y administración de las tierras.

Este último aspecto es uno de los más importantes: muchos grandes propietarios temen que sus tierras sean expropiadas mediante una reforma agraria impulsada por el gobierno de La Paz, que incluye la eliminación de latifundios y un reparto masivo de tierras entre indígenas y campesinos pobres.

El reclamo cruceño de autonomía es también, en gran parte, la exigencia de manejar sus recursos económicos. Santa Cruz es el motor de la economía boliviana y produce casi el 30% del producto bruto interno. Este departamento es responsable de un 42% de la producción agropecuaria boliviana y de un cuarto de las exportaciones del país.

"Hoy, todo el presupuesto lo maneja el gobierno central. Nos bloquea el desarrollo del departamento. Ese es nuestro reclamo principal: que podamos manejar nuestros recursos", dijo a LA NACION Luis Jorge Altamirano, un empleado bancario cruceño.

Esta decisiva consulta popular, que será imitada en los meses venideros por los departamentos de Beni, Pando y Tarija, marca quizá la llegada de un Estado federal a Bolivia, pero también la existencia de dos proyectos de país difícilmente compatibles: por un lado, el del gobierno, que impulsa una nueva Constitución de corte estatista e indigenista; por el otro, las regiones opositoras, que defienden la economía de libre mercado.

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