La suerte de la Justicia y el destino de la democracia se definen en Israel
Desde Hungría y la India hasta Brasil, la respuesta de los jueces a los ataques contra su independencia fue decisiva para el éxito o el fracaso de los potenciales autócratas para someter a la Justicia
The New York TimesNUEVA YORK.- El miércoles, cuando la Corte Suprema de Israel anunció que revisaría la constitucionalidad de la nueva ley destinada a recortar sus facultades, se colocó a sí misma frente a un dilema: revocar la ley y enfrentarse abiertamente con las ramas electivas del gobierno, o emitir un fallo que permita esquivar una crisis constitucional.
Durante las últimas dos décadas, los intentos para debilitar a la Justicia alrededor del mundo se han convertido en una señal recurrente de los problemas que atraviesa la democracia. Los ataques a la independencia del Poder Judicial, por ejemplo, fueron los primeros pasos hacia la consolidación de un sistema de partido único en Rusia, Turquía y Venezuela.
Pero una ley que limita la autoridad de los tribunales -como la impulsada y aprobada por la coalición de derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu que prohíbe a los jueces usar el viejo principio legal de “razonabilidad” para revertir decisiones del gobierno- no implica que el colapso de la democracia sea inevitable. Es más bien una luz roja de alerta, y el modo en que responda el Poder Judicial puede terminar definiendo la magnitud del daño.
“¿Qué factores servirán para determinar si la Justicia se salva del abismo?”, dice Rosalind Dixon, profesora de derecho de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia. “Será una combinación de habilidad y cintura estratégica de la judicatura, y del grado de apoyo que reciba de la sociedad civil, las instituciones y la dirigencia de los distintos sectores.”
“Si el Poder Judicial se queda solo, es muy difícil que prevalezca”, agrega Dixon.
Y cuando la independencia judicial recibe un serio golpe, la deriva autocrática se acelera de inmediato”, dice Kimberly Lane Scheppele, socióloga de la Universidad de Princeton.
Hungría
Hungría se convirtió en una verdadera democracia en 1989, cuando la Unión Soviética relajó su control sobre Europa del Este y el nuevo Tribunal Constitucional húngaro empezó a ser el primer órgano de control de las acciones del primer ministro y del Parlamento unicameral del país.
Pero en 2010 el primer ministro Viktor Orban ganó las elecciones con una supermayoría en el Parlamento, que su gobierno utilizó para reformar la Constitución y limitar la potestad del máximo tribunal para revisar las leyes. El gobierno de Orban también amplió el número de jueces y dejó los nuevos nombramientos en manos del Parlamento.
Una ajustada mayoría del tribunal trató de mantener su independencia, por ejemplo, con la anulación de una ley que obligaba a registrarse para votar, considerándola una barrera innecesaria para la participación electoral. Pero Orban y su partido reformaron sucesivamente la Constitución para anular varios fallos judiciales y luego tomaron el control del consejo nacional de medios, la comisión electoral y otras instituciones claves.
“Cuando Orban se postuló para la reelección en 2014, ya todo había terminado”, dice la profesora Scheppele. “Se había quedado con todo.”
El ejemplo de la veloz transformación del sistema judicial en Hungría alimenta el temor en Israel, donde los tribunales también sirven como uno de los únicos controles formales sobre el poder de un parlamento unicameral, y donde Netanyahu y sus aliados también han presentado proyectos de ley para restringir aún más la revisión judicial y darle al gobierno un mayor control sobre el nombramiento de los jueces. Y a diferencia de Hungría, Israel no tiene Constitución, o sea que Netanyahu solo necesita mayoría simple para cambiar las llamadas Leyes Fundamentales, que establecen los estándares jurídicos del país.
El deterioro democrático y la erosión de la Justicia en otros países fue más lento y sutil, a veces con medidas que en la superficie podían parecer inofensivas o poco trascendentes.
Polonia
En Polonia, por ejemplo, cuando el derechista Partido Ley y Justicia obtuvo la presidencia y la mayoría parlamentaria, en 2015, ordenó la jubilación compulsiva de todos los jueces de primera instancia mayores de 65 años. El gobierno también tomó el control del organismo independiente que propone los nombramientos y creó una nueva sala disciplinaria con la facultad de castigar a los jueces que ya ha denunciado a miles de ellos.
El Tribunal Constitucional de Polonia no invalidó esos cambios: el gobierno se había anticipado para controlarlo. Pero otros jueces denunciaron públicamente las medidas y encontraron apoyo en un amplio sector de la sociedad civil y de los partidos opositores, que organizaron masivas protestas callejeras y reclamaron la intervención de la Unión Europea (UE), de la que Polonia es miembro desde 2004.
En junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Polonia había infringido las leyes de la UE ley al disminuir la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Las protestas contra el gobierno continúan y la oposición tiene chances de ganar las elecciones de este año.
“La gente quiere saber si ya tocamos fondo”, dice Scheppele sobre el deterioro de la democracia en Polonia. “Pero todavía no está claro.”
La India
También en la India hay consistentes esfuerzos de un gobierno de derecha por someter al Poder Judicial. La selección de los nuevos jueces de la Corte Suprema de la India está en manos de otros jueces desde la década de 1990, pero en 2015, el primer ministro Narendra Modi y su partido nacionalista hindú impulsaron una reforma constitucional para darle mayor injerencia al gobierno en los nombramientos.
Más tarde ese mismo año, cuando tuvo que revisar un intento de limitar su propio poder, tal como se le pide ahora a la Corte Suprema de Israel, la Corte Suprema de la India la declaró inconstitucional.
Desde entonces, sin embargo, el gobierno de Modi siguió socavando la independencia judicial, negándose a aceptar o concretar algunos nombramientos mientras acelera los que lo favorecen, según señala Nandini Sundar, socióloga de la Universidad de Nueva Delhi.
Si bien el tribunal sigue tomando algunas decisiones progresistas a favor de la igualdad sexual y de género, por ejemplo, también confirmó condenas a críticos del gobierno, falló a favor de Modi y su partido en causas claves, y hasta se negó a analizar “las denuncias contra nuevas leyes que reescriben los principios fundamentales de nuestra Constitución”, dice Sundar.
El resultado de esa ambivalencia es que Modi y su gobierno pueden “culpar a los tribunales de parte de lo que hacen”, apunta Sundar. “Si alguien demuele una mezquita para construir un templo hindú, por ejemplo, puede decir que un juez le dio su bendición.”
Pero el control de Modi sobre los tribunales es incompleto, agrega Sundar. “En las próximas elecciones sabremos si el país logra rescatarse a sí mismo.”
Brasil
En Brasil, la independencia judicial estuvo amenazada, pero sobrevivió después de una crucial elección presidencial.
El expresidente derechista Jair Bolsonaro persiguió al Supremo Tribunal Federal después de que fallara en su contra en varios causas, y en agosto de 2021 le reclamó al Senado el juicio político de Alexandre de Moraes, uno de los integrantes del máximo tribunal. Un mes después, en un feroz discurso ante más de 100.000 manifestantes, Bolsonaro dijo que no acataría ningún fallo firmado por de Moraes. Una multitud de seguidores de Bolsonaro se concentró frente a la sede del tribunal, amenazando con tomarla por asalto.
La respuesta inicial del Supremo Tribunal Federal fue lo que Yaniv Roznai, profesor de derecho israelí de la Universidad Reichman, “hacer como si nada”, o sea no confrontar directamente con el gobierno ni acceder a sus demandas.
Más adelante, en la previa a las elecciones presidenciales de 2022, de Moraes, que también presidía el tribunal electoral del país, ordenó la eliminación de miles de publicaciones en las redes sociales para frenar la difusión de información falsa y tomó otras medidas extraordinarias para evitar los ataques antidemocráticos de Bolsonaro, que terminó eyectado del poder por los votantes.
Algunos elogiaron al juez de Moraes diciendo que había salvado a la joven democracia brasilera, pero otros argumentaron que se había excedido en sus facultades y atribuciones.
La agenda de la Corte Suprema de Israel tiene programada para septiembre una audiencia donde escuchará los planteos en contra la ley que limita sus facultades. El profesor Dixon señala que el máximo tribunal israelí “debería pensar cuidadosamente antes de meterse en un conflicto frontal con el gobierno.”
“En este momento hay un apoyo masivo de la sociedad civil hacia la Corte”, dice Dixon. “Si la Corte no responde con hostilidad, tal vez la ira de la derecha se disipe y con el tiempo el máximo tribunal pueda encontrarle la vuelta a esta ley en particular. La idea sería sobrevivir hoy y mañana vemos.”
Sin embargo, está previsto que en octubre se jubilen dos jueces progresistas de ese tribunal de 15 integrantes. Si el gobierno sigue adelante con sus planes de ejercer más control sobre el nombramiento de los jueces y de despojar a la corte de su facultad de intervenir en algunos casos, los cálculos cambian, apunta Dixon.
“Llegado ese punto, la Corte no tendrá más remedio que decidirse entre la confrontación y el consentimiento.”
Por Emily Bazelon
(Traducción de Jaime Arrambide)
The New York Times
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